La Luz de las Imágenes no controlaba la venta de entradas a sus exposiciones
La creó Francisco Camps en 1999, cuando era conseller de Cultura, y la cerró Alberto Fabra, como presidente del Consell, a finales de 2014, pero sus problemas todavía colean en las cuentas de la Generalitat. La Fundación la Luz de las Imágenes, cuyo patronato estaba formado por la Generalitat, las tres diputaciones provinciales, varios ayuntamientos, el arzobispado de Valencia y otros tres obispados, carecía del adecuado control interno sobre las entradas vendidas en sus exposiciones. Dedicada a restaurar y exhibir patrimonio religioso, su financiación, que superó los 90 millones de euros, corrió a cargo exclusivamente de fondos públicos y el intento, en 2013, de hacerla sobrevivir gracias a aportaciones privadas fue un fracaso.
El informe de la Sindicatura de Comptes del ejercicio de 2014, entregado este pasado diciembre en las Corts Valencianes, refleja la auditoría elaborada a su vez por la Intervención General de la Generalitat Valenciana, según la cual: “La Fundación no dispone de un sistema de control interno que asegure el adecuado y oportuno registro de la totalidad de sus transacciones de ingreso por venta de entradas a las exposiciones y de artículos de merchandising, al tiempo que no mantiene un registro de los convenios de colaboración suscritos con terceros”-
A causa de ello, señala el informe, “no se ha podido obtener evidencia de la integridad de los ingresos reflejados en los apartados de 'Aportaciones de usuarios' y de 'Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones' correspondientes al epígrafe de 'Ingresos de la actividad propia', por sendos importes de 69.195 eruos y 17.236 euros”.
Por otro lado, la Sindicatura recuerda que la fundación consignó 975.000 euros en gastos de personal, correspondientes a las indemnizaciones por el despido en un ERE de los 36 trabajadores de su plantilla y advierte de que La Luz de las Imágenes “se encuentra en diversos litigios iniciados por sus trabajadores, como consecuencia del expediente de regulación de empleo llevado a cabo en el ejercicio de 2014 y por algunos proveedores”. El informe añade que no se dispone de información suficiente, lo que hace imposible “estimar las consecuencias económicas” de la resolución de esos litigios.
Una de las que recurrió a los tribunales fue la que había sido directora gerente de la fundación, Carmen Díaz Quintero, que había sido ratificada en su cargo en junio de 2013 a pesar de su imputación en el caso Gürtel por contratar con la trama de corrupción. Esa continuidad contrastó con las destituciones de otros imputados en similar situación.
