El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha alcanzado un acuerdo con Caixabank para que cada una de estas entidades financieras se haga cargo al 50% de la deuda de 3 millones de euros que ha generado el crédito fallido que avalaron en 2006 a la fundación Aulamar, tras obtener estas ayudas financieras del Gobierno central.
Aulamar, con sede en Madrid, es una fundación sin ánimo de lucro vinculada a Pedro Morenés, exministro de Defensa con el PP, que tiene como principal objetivo fomentar la afición al mar y a la navegación entre las personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social, y que actualmente no tiene actividad.
La Fundación obtuvo, entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006, varios préstamos del programa Profit, concedidos por el Ministerio de Educación y Cultura (495.819 euros y 254.977 euros respectivamente) y por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (810.465 euros) para transformar el barco pesquero de 39 metros de eslora Gure Cita en el buque escuela Gure Izar, con capacidad para albergar 32 camas. Para beneficiarse de estos préstamos la fundación necesitaba los avales suficientes que respaldaran esta inversión. Fue Bancaja la entidad que otorgó los avales pero exigió una contragarantía a su favor por las 21 pólizas de aval que, finalmente, firmó el IVF en 2006, bajo el mandato de Francisco Camps en la presidencia de la Generalitat Valenciana. El banco de la Generalitat no podía asumir ese préstamo directamente debido a que no se trataba de una entidad valenciana, aunque sí que avaló la operación.
Según Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas, desde la entidad “se ha tratado de proteger los derechos de la ciudadanía ante un nuevo pufo del PP que ha de pagar el Consell del Botànic” Añade:. “Gracias a la capacidad de negociación del IVF, hemos logrado que las arcas públicas únicamente tengan que responder de la mitad de la deuda generada por el aval, y hemos ahorrado a los contribuyentes valencianos 1,5 millones de euros”. “Aunque es una buena noticia, la realidad es que nos toca hacer frente al pago de 1’5 millones de euros -con cargo a las arcas públicas- por un nuevo aval sin justificación y fallido de los muchos que en la época del anterior ejecutivo se dieron a amigos y conocidos”, sostiene Illueca.
“Estamos nuevamente ante uno de los casos oscuros que salpicaron la gestión del anterior ejecutivo en la Comunitat Valenciana. El IVF no podía avalar el crédito a Aulamar ya que se trataba de una fundación radicada fuera del territorio valenciano, concretamente en Madrid”, explica el director del banco público.
Así, sostiene, “la solución que se orquestó, en este caso, fue que el crédito lo avalara Bancaja y que el IVF lo contraavalara. Se trata de un pufo dirigido a beneficiar a intereses particulares. De hecho, la fundación no tiene ya actividad y no se sabe nada del barco”. Illueca critica que los intereses de los valencianos “nunca fueron una prioridad y se utilizó nuestro dinero público para que alguien bien relacionado pudiera llevar a cabo sus negocios”.
Novaciones y ejecución de avales
En 2009, Industria modificó las condiciones de uno de los préstamos para alargar el plazo de amortización a quince años, extender el periodo de carencia a cinco años y retrasar dos años la fecha del primer reembolso hasta octubre de 2011. Esa modificación fue seguida de otras posteriores para dar facilidades de pago a Aulamar.
Pero la fundación “no respondió de los créditos”. A partir de 2016, la Administración central comenzó el proceso de ejecución de los avales. En ese momento, Bankia ya había absorbido a Bancaja. En 2017, Bankia ejecutó los primeros avales y remitió por primera vez dos reclamaciones al IVF en su condición de reavalista, motivo por el que la entidad, ya con Manuel Illueca al frente, provisionó 1,5 millones de euros como medida de prevención.
El IVF se negó a pagar y al año siguiente Bankia le exigió otros 618.000 euros como pago por la ejecución de otros catorce avales, al tiempo que le advirtió de un riesgo de ejecución del resto de avales vivos por 954.000 euros y le exigió que le relevase como avalista.
Bankia pretendía que el IVF afrontara en solitario el pago como contraavalista. Pero el Instituto sostiene que se llevaron a cabo novaciones en los créditos concedidos por el Gobierno central a Aulamar que no se le habían notificado y que, por tanto, la obligación que vinculaba a la entidad en virtud de los contratos de aval se había extinguido al haberse novado la operación garantizada.
No fue posible alcanzar acuerdo alguno con Bankia, que reclamaba al IVF el pago íntegro del capital satisfecho consistente en el nominal de los avales prestados más las comisiones e intereses devengados. Ante la imposibilidad de acuerdo, Bankia formuló demanda de ejecución a la que el IVF se opuso.
Durante el proceso, se propuso por parte del banco público valenciano el pago del 50% de la deuda generada por cada una de las partes. En esta negociación Caixabank, sucesora de Bankia, se ha mostrado conforme con la cancelación de la total responsabilidad del IVF por razón de los avales reafianzados a Fundación Aulamar contra el pago de 1.572.272,82 euros.
Desde el Instituto Valenciano de Finanzas se consideró favorable este acuerdo, en la medida en que la entidad valenciana no pagará intereses o comisiones algunas y únicamente atenderá el 50% de la cuantía reclamada y consignada judicialmente, y habida cuenta de la complejidad y los riesgos que puede acarrear iniciar un proceso de declaración abusiva de reafianzamiento.