La Generalitat deberá sacar de sus escuálidas cuentas bancarias unos 80 millones de euros en el caso de que se declare improcedente el tremendo ERE impulsado en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que se cerró en agosto de 2013 con 1.012 despidos, casi dos terceras partes de la plantilla.
Según fuentes del sector, si los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana fallan contra el drástico ajuste impulsado por el Consell, RTVV, ahora refundada, deberá afrontar el pago de 50 millones para finiquitar los despidos con 45 días por año trabajado y 30 millones en salarios de tramitación, los sueldos dejados de percibir por los trabajadores desde su salida de la empresa.
Los trabajadores, sin embargo, van más lejos. Piden la nulidad del ERE, lo que daría derecho a los profesionales despedidos a volver a sus puestos de trabajo y cobrar los mencionados salarios de tramitación. Así lo han solicitado en la apertura del juicio por el ERE que ha comenzado este lunes en el TSJ.
Los abogados de los despedidos, representados por los cuatro sindicatos mayoritarios de la empresa, han cargado sin piedad en la primera vista contra la decisión de RTVV. Sus argumentos, en resumen, son claros: la empresa pública no justificó la necesidad del ERE, lo planteó en clara contradicción con las leyes vigentes y nunca dio opción a los sindicatos a negociar, tal como exige la normativa.
Además, el ERE no respetó a los trabajadores con una oposición aprobada, obvió la antigüedad de éstos y se ha cebado con las mujeres al no contemplar un plan de igualdad. Los sindicatos han hablado en ocasiones de “limpieza étnica”, es decir, de persecución a los periodistas, por ejemplo, que no sintonizaban con el PP, el partido en el gobierno.
El abogado de la empresa aludió a la inviabilidad de una empresa que ha sido refundada tras acumular 1.200 millones de euros de deuda y sufrir pérdidas cuantiosas y permanentes (en 2011, por ejemplo, 170 millones de euros). Los informes que sivieron de base para plantear y ejecutar el ERE fueron elaborados por la consultora Price Waterhouse y el despacho de abogados Garrigues.
El futuro de la tele, en el aire
El Consell, con la Generalitat prácticamente en quiebra, no tiene dinero, y ha amenazado veladamente con cerrar la televisión si el ERE se anula. Teniendo en cuenta que la audiencia de la cadena está bajo mínimos (un 4,5% de cuota pantalla en octubre), esa decisión ya no parece imposible.
A pesar de todo, RTVV acaba de aprobar la externalización de gran parte de su programación, que no ha ido a parar a las ofertas de productoras exclusivamente valencianas. La oposición y los extrabajadores han clamado contra una decisión que podría obligar a la televisión a indemnizar a estas productoras en caso de que el ERE finalmente se anule.