Las facturas de la caja opaca de la Generalitat, con la que se han abonado comidas opíparas, güisquis y otros gastos en principio poco apropiados, se deben entregar a la oposición. Así lo certificó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana y así lo creen los abogados de la Generalitat.
El gobierno valenciano, sin embargo, se opone. Alegando el ingente trabajo que supondría recopilar y clasificar los millones de facturas de la caja fija de la Generalitat -la partida que sirve para afrontar gastos inesperados o puntuales como taxis, dietas o materiales de oficina a discreción y sin control presupuestario previo- quiere recurrir la sentencia del TSJ al Tribunal Supremo.
Si finalmente lo hace, será con la opinión contraria de su asesoría jurídica. Así lo ha reconocido la número 2 de la Conselleria de Presidencia en las Corts Valencianes. No hay “argumentos jurídicos” para presentar ese recurso, ha dicho Cristina Macías en clara contraposición a la postura oficial del ejecutivo de Alberto Fabra.
Macías, ahora sí en línea con sus superiores, aboga por encontrar una vía para “para cumplir los derechos de los parlamentarios [enseñar las facturas] sin que se altere el normal funcionamiento de la administración [sobrecargar de trabajo a los funcionarios]”.
Las tarjetas Black de la Generalitat
Mònica Oltra (Compromís) cree que la actitud del Consell “contraviene la Constitución, vulnera los derechos de los ciudadanos y coge dinero de los ciudadanos para recurrir y seguir vulnerando derechos”. Oltra consiguió el pronunciamiento del TSJ que fuerza la transparencia de esas facturas hasta ahora opacas.
La diputada, aspirante a liderar Compromís en las próximas elecciones autonómicas, cree que la caja fija de la Generalitat tiene paralelismos con las ‘tarjetas black’ de Caja Madrid. Se pagaron hasta mariscadas con cargo a esa partida, gastos “poco decorosos” que el gobierno de Fabra imputa a los gobiernos de su predecesor, Francisco Camps.