La Generalitat Valenciana, forzada por su crítica situación financiera, ha adelgazado sin miramientos el sector público con la reestructuración iniciada en 2012: Ha despedido a 3200 trabajadores y ha eliminado organismos (de 82 a 30) para ganar liquidez y parar la ingente bola de deuda generada, de más de 7.800 millones.
En total, el gobierno valenciano ha impulsado 17 expedientes de regulación de empleo (ERE) que han supuesto el despido de unos 2600 trabajadores. Los últimos, los aprobados, en estos casos, con el acuerdo de los empleados, en el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, con 33 despidos, y el Palau de les Arts, una infraestructura que costó 500 millones y que ya cuenta con 40 trabajadores menos.
Los otros 600 despidos en empresas públicas se han hecho con jubilaciones anticipadas, amortización de plazas vacantes, la finalización de contratos temporales o despidos individuales. El sector público de la Generalitat tenía algo más de 9000 asalariados a principios de 2011, una cifra que ya tenía en 2000, en el apogeo de los gobiernos del PP entonces liderados por Eduardo Zaplana.
7800 millones de deuda
Las empresas de la Generalitat, en cualquier caso, habían llegado a un punto de no retorno. Según el último informe del Tribunal de Cuentas, cerrado con los balances de 2009, acumulaban 7800 millones de deuda, el 40% de la deuda de las empresas públicas autonómicas de toda España. Por ejemplo, ahora con cifras de la propia Generalitat, en 2012 empresas como Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Sociedad Proyectos Temáticos, el complejo cinematográfico Ciudad de la Luz o el Circuito de Cheste acumulan un endeudamiento de unos 1.200 millones de euros.
Reestructuración sin cerrar
Aunque algunos ERE se han hecho con el visto bueno de los trabajadores (además de los mencionados, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana o el contenedor cultural CulturArts), otros han sido tumbados por los tribunales.
Estos son los casos del de Vaersa, una empresa dedicada al Medio Ambiente, y la Agencia Valenciana de Movilidad. En ambos casos, la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia los anuló reprochando a la Generalitat su falta de voluntad real de llegar a un acuerdo con los trabajadores.
Éste podría ser, también, el caso del ERE de RTVV. La Generalitat ha despedido a más de 1000 trabajadores de la televisión pública valenciana en uno de los mayores despidos colectivos de la historia de las empresas públicas españolas. El fiscal, en el juicio recientemente finalizado, ha pedido la anulación del proceso. Un tercio del ajuste del sector público valenciano está en el aire.