El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha tendido la mano a las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP para llegar un acuerdo en materia de las leyes de memoria histórica tras la salida de Vox. Torres ha planteado mecanismos bilaterales entre las comunidades y el Ejecutivo central para que las leyes autonómicas cumplan con la legislación estatal e internacional. Aunque también ha advertido que si los presidentes populares no se abren a negociar, el Gobierno recurrirá las leyes ante el Tribunal Constitucional. “La misión fundamental del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática es llegar a acuerdos”, ha dicho Torres durante una visita a València en la que ha pedido a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, que tras la salida de Vox, se siente a una mesa técnica para que la derogación de la ley autonómica de memoria “entre en los cauces de lo que dice la ONU, los relatores, con respecto a los Derechos Humanos”.
El titular de Memoria Democrática ha aludido al caso de Aragón, cuya derogación de la ley de Memoria Democrática ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). “Lamento que por ejemplo en Aragón no quisieron ni siquiera sentarse”, ha afirmado. Torres ha defendido los avances en la materia, especialmente las exhumaciones de las víctimas de la represión franquista, tras la aprobación de las leyes de 2007 y de 2022. “Cualquier avance que se haga desde las comunidades autónomas tendrá el apoyo siempre del Gobierno de España pero cualquier involución también tendrá el rechazo absoluto del Gobierno de España porque defendemos los Derechos Humanos, los pactos internacionales, el derecho internacional y defendemos la Constitución”, ha dicho.
El ministro Ángel Víctor Torres ha criticado la denominada 'ley de Concordia', aprobada en las Corts Valencianes con los votos de PP y Vox horas antes de que el partido ultra anunciara su salida de los gobiernos autonómicos en los que gobernaban con los populares. “No tiene sentido”, ha asegurado en referencia a la nueva norma autonómica, “que la ley recientemente aprobada por las Cortes de la Comunidad Valenciana iguale a las víctimas de 40 años de dictadura a las víctimas o supuestas víctimas de la República”. “Porque la Segunda República fue un régimen democrático que elegían los españoles y españolas con su voto y que se hacía a través de sufragio universal”, ha apostillado.
“No tiene que ver una etapa con la otra y, sin embargo, esa derogación que se ha aprobado recientemente las iguala, lo cual lo rechaza absolutamente la Convención de las Naciones Unidas, la Constitución y, por supuesto, el Gobierno de España”, ha dicho Torres.
El ministro ha tendido la mano en el nuevo escenario abierto tras la salida de Vox. “Mazón tiene una oportunidad verdadera”, ha dicho. El ministro ha pedido al jefe del Ejecutivo valenciano que “se siente con el Gobierno de España a negociar”. “Si realmente hay voluntad de acuerdos y se entiende que la política es sentarnos a solucionar problemas y a buscar voluntades compartidas, es el presidente de la Comunidad Valenciana quien tiene la pelota sobre el tejado”, ha apostillado.
Sin embargo, el aludido defendió en una entrevista en la Cadena Ser el pasado 15 de julio, tras la crisis por la salida de Vox, la 'ley de Concordia' y recordó que venía en el programa electoral del PP. “Nace fruto del diálogo con Vox también, pero viene dentro del programa del PP”, dijo Mazón.
La renuncia de Extremadura “es lo lógico”
El ministro de Memoria Democrática, por su parte, ha sostenido que “todas las derogaciones han sido exigidas por Vox, la prueba es que solo se hace en comunidades en las que [el PP] estaba cogobernando con Vox”. Tras la salida del partido de Santiago Abascal de los gobiernos autonómicos, el ministro cuestiona la necesidad de mantener la postura revisionista por parte de los populares.
Ángel Víctor Torres ha dicho que la decisión de Extremadura de renunciar a derogar la ley de Memoria Histórica “es lo lógico”. “Lo espero también de la comunidad balear, de Castilla y León, con una propuesta de Vox que acepta [el presidente Alfonso Fernández] Mañueco que va en contra de un decreto del PP cuando gobernaba en la Comunidad de Castilla y León, un absurdo”.
Torres ha concluido apelando a leyes que “se hagan en concordancia con las administraciones públicas”. El ministro ha recordado la reciente aprobación de una partida de tres millones de euros para realizar las exhumaciones: “No hemos tenido votos en contra de las comunidades autónomas y eso es bueno”, ha recordado.