El Gobierno obliga a retirar las barricadas y barreras que municipios costeros colocaron para bloquear el acceso de turistas a las playas
Ane el incremento detectado por varios ayuntamientos de la costa valenciana de la afluencia de turistas de otras comunidades autónomas coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, algunos de ellos tomaron medidas drásticas como era cortar los accesos a sus playas con barreras de hormigón, e incluso de forma menos ortodoxa como levantando barricadas. Pero estas medidas no han sido bien vistas desde la Delegación del Gobierno que les han comunicado que debían retirar estos obstáculos.
En un oficio firmado por la delegada del Gobierno, Gloria Calero, remitido a estas localidades se manifestaba que “tales restricciones no están contempladas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma” por el coronavirus , por lo que “rogamos se proceda a su inmediata retirada antes de las 20 horas del día de hoy [jueves], lo que será comprobado por la Guardia Civil”. Concluye el escrito advirtiendo que “de no llevarse a cabo la retirada de los obstáculos en la vía pública, esta Delegación del Gobierno procederá a formular el correspondiente requerimiento de cumplimiento de la legalidad y posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de su remisión al Fiscalía por si tales actuaciones fueran constitutivas de delito.”
Dos de las localidades que han destacado por estas medidas, Xeraco y Peníscola (ambas gobernadas por el PP) han hecho público este requerimiento el cual han lamentado.
En el caso de Xeraco, que levantó barricadas de tierra y colocó rocas que cortaban las comunicaciones, se lamentaba la decisión en un comunicado divulgado por redes sociales dirigido a los vecinos en el que se afirmaba que “nos sabe muy grave [sic] no poder protegeros como os merecéis”. Que “es imposible que con los efectivos de policía que disponemos, podamos controlar tres accesos en la playa, pueblo, polígono y todo el término, y que ”en la medida de nuestra capacidad hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance siempre mirando vuestra integridad“.
Por ello explican que han recibido “una notificación amenazándonos por parte de la delegada del gobierno” y que “no podemos desobedecerlo pero sí queremos mostrarle nuestra disconformidad y dudar de su capacidad para dirigir cualquier organismo”.
Por su parte Peníscola, que colocó bloques de hormigón en los accesos, rebate el requerimiento afirmando que “no es cierto que se impida el 'libre acceso a la localidad” y no es cierto que las medidas adoptadas incumplan el Real Decreto. Añade el escrito firmado por el alcalde Andrés Martínez que la orden “de ejecutarse, pondría en peligro el control de accesos, necesario para evitar la libre circulación en supuestos no contemplados en el Real Decreto [...] y lo que es más grave, su cumplimiento podría suponer poner en peligro el control de la expansión del coronavirus. Ante esta situación la réplica del Ayuntamiento de Peníscola manifiesta que ”rogamos reconsideren la orden dictada, procediendo a su anulación por falta de fundamentación“.
Controles en supermercados
El mismo Ayuntamiento de Peníscola, no obstante ha informado que continúa con su campaña de identificaciones policiales a las puertas de los supermercados para detectar a los visitantes no residentes que se saltan el confinamiento.
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