Varios bomberos forestales se manifestaron ante la Conselleria de Justicia en la Generalitat Valenciana que dirige Elisa Núñez, de Vox, el pasado 30 de octubre, por la negativa a prorrogar el servicio de los casi 200 profesionales que tienen contratos temporales de seis meses, del 1 de mayo al 31 de octubre, y que en los últimos años, con el Gobierno del Botánico, se habían prorrogado hasta el 31 de diciembre.
Dos días más tarde, el 1 de noviembre, se declaró el incendio de Montitxelvo que arrasó 2.500 hectáreas, el segundo más devastador del año tras el de Villanueva de Viver, que quemó 4.700 hectáreas. Ambos se produjeron fuera de las temporadas tradicionales de riesgo.
Según la respuesta de la propia Núñez a preguntas de la diputada socialista Alicia Andújar, la consellera de Vox solicitó la prórroga del servicio de un total de 183 efectivos de refuerzo con un coste total de 1,6 millones de euros para la administración, pero la mano derecha del presidente Carlos Mazón y consellera de Hacienda del PP, Ruth Merino, denegó la petición pese que había un remanente del 41% sin ejecutar en el capítulo de personal, es decir, el gasto no implicaba un aumento de la masa salarial prevista en los presupuestos: “Se certifica que existe dotación presupuestaria suficiente en la previsión de la Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023”, dice en su solicitud la responsable de Justicia.
Aunque Núñez culpó al Gobierno del Botánico de la imposibilidad de prorrogar los contratos, la realidad es que la petición de prórroga no se argumentó en aras del interés general y de la situación de cambio climático, tal y como se venía haciendo y autorizando con el tripartito de izquierdas. En este caso, se solicitó “atendiendo a la alta probabilidad de ocurrencia de episodios multiemergencias, como lluvias torrenciales o grandes nevadas”.
Precisamente, la diputada socialista Alicia Andújar criticó esta y otras cuestiones relacionadas con la gestión de los bomberos forestales en las Corts: “La señora Núñez confiaba en el milagro de los panes y los peces, pero ha topado con la realidad. Se olvida que no la pusieron al frente de la Conselleria para que hiciera milagros sino para que gestionara las Emergencias. Y ahora acaba de toparse con la realidad y es que para contratar las unidades de refuerzo y para comprar equipos de protección o para arreglar autobombas hace falta presupuesto. Por contra han recortado 13 millones de euros en emergencias”.
Los bomberos se movilizan
Unos 300 bomberos forestales de los 900 de la plantilla de la Generalitat Valenciana (600 fijos y 300 temporales) se reunieron este martes 27 de febrero en asamblea para acordar diferentes movilizaciones con el objetivo de que se atienda a sus reivindicaciones, principalmente la aprobación del convenio colectivo de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, S.A.U (SGISE).
Además exigen un proceso excepcional de estabilización de plazas, la supresión de la temporalidad del personal operativo de refuerzo, reorganización de la operatividad mediante la implantación de un tercer turno de trabajo para disponer de una presencia continua y más profesional y la incorporación de un séptimo componente por turno de trabajo.
Todos los sindicatos con representación firmaron un acta de la asamblea en la que criticaron la actual gestión del servicio del PP y de Vox: “Han quitado la representación sindical del consejo de administración haciéndose menos transparentes en la toma de decisiones que afectan a los trabajadores. Reducen 9 millones de euros destinados al proyecto de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), sin proponer ningún proyecto de mejora para el servicio y pudiendo haberse destinado a las mejoras del servicio de bomberos forestales. Estrangulan recortando 13 millones de euros y no contentos con eso, retiran la encomienda de Tragsa sin ninguna estrategia para reponer de una manera lógica las funciones que se realizaban, haciendo que la inexistente previsión afecte a todo el personal de la empresa por falta de recursos técnico administrativos”.