El Gobierno recurre la suspensión cautelar del TSJ de Madrid que frena la ampliación del Puerto de València

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid dictó un Auto el pasado 5 de diciembre por el que suspendió cautelarmente la Resolución del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) de 30 de marzo de 2021 que posibilitaba que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) pudiese decidir por sí sola acerca de la necesidad o no de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) para la macroampliación que la misma APV promueve.

El fallo especifica que, hasta que haya una resolución definitiva sobre la cuestión de fondo, el órgano sustantivo en el proyecto de ampliación vuelve a ser Puertos del Estado, tal y como establece la DIA de 2007. La cuestión no es menor ya que el órgano sustantivo es el encargado de solicitar los trámites ambientales.

El presidente de la APV, el socialista Aurelio Martínez, aseguró tras el consejo de administración del pasado 16 de diciembre que esta resolución judicial no iba a tener ninguna incidencia en los plazos para que el Gobierno aprobara el polémico proyecto.

De hecho, aseguró que en enero tendría el visto bueno del consejo de ministros, previo informe de Puertos del Estado avalando la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007.

Sin embargo, difícilmente se cumplirán sus pronósticos. Tal y como la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de quien depende Puertos del Estado, deslizó el pasado 21 de diciembre en su comparecencia en el Senado a preguntas del senador de Compromís, Carles Mulet, la Abogacía del Estado ha presentado recurso de reposición contra el mencionado auto judicial.

En su recurso, al que ha tenido acceso elDiario,es, el abogado del Estado viene a alegar que en realidad se ha llevado a cabo un enjuiciamiento sobre el fondo del asunto que no cabe en el caso de una medida cautelar. Además, pide la prestación de una caución por daños y perjuicios en caso de que se acepte el recurso.

En este sentido, la Comissió Ciutat-Port, plataforma vecinal y ecologista demandante y contraria a la ampliación del Puerto de València por sus importantes externalidades en forma de contaminación y degradación del Parque Natural de la Albufera, prepara también su escrito de alegaciones para incoporarlo al expediente del recurso. La resolución del recurso podría demorarse alrededor de un mes desde que la entidad cívica presente su escrito.

Pero no es el único frente abierto contra la ampliación. Como avanzó elDiario.es, el secretario autonómico y consejero de la propia APV, Iván Castañón, de Compromís, único que votó en contra de la aprobación del polémico proyecto junto al alcalde de València, Joan Ribó, ha presentado otro recurso de reposición ante el consejo de administración del organismo portuario. En su escrito pide la nulidad y la suspensión cautelar de la ampliación y advierte de posible prevaricación.

El recurso presentado, previo al contencioso administrativo en los juzgados si procede, gira en torno a tres líneas argumentales: la invalidez de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 para dar cobertura al nuevo proyecto, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que considera que paraliza toda la tramitación administrativa, y el informe de Costas que plantea 21 objeciones a las que no se ha dado respuesta. Por todo ello, considera Castañón que la votación y aprobación del proyecto constructivo de los nuevos muelles del pasado 2 de diciembre es nula de pleno derecho.

Claves del auto judicial

El auto judicial suspende cautelarmente la resolución adoptada el 30 de marzo del pasado año por el Ministerio de Transición Ecológica en virtud de la cual se pasó la condición de órgano sustantivo de Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), por lo que ahora el organismo estatal recupera esa condición de órgano sustantivo hasta que haya un fallo definitivo sobre el fondo del asunto.

El informe de la Abogacía del Estado del que se dio cuenta en el consejo de la APV del pasado 2 de diciembre en el que se aprobó la polémica ampliación norte ya advirtió de que el informe técnico sobre el proyecto emitido por Puertos del Estado no avalaba la validez de la DIA.

Según la Abogacía, el informe de Puertos del Estado solo avala la vigencia, pero no la validez de la DIA: “Tampoco el informe de la asesoría jurídica de Puertos del Estado de 9 de abril de 2021 es concluyente en este punto, pues en el mismo se aborda la caducidad o vigencia de la declaración de impacto ambiental emitida en 2007 respecto del proyecto inicial, entendiendo que dicha declaración de impacto ambiental está vigente”.

Sin embargo, añade que “lo que ahora se plantea es, distintamente, si las modificaciones introducidas por el anteproyecto de 2018 y sus adendas en el proyecto inicial, que fue objeto de declaración de impacto ambiental en 2007, son de tal entidad que determinan la necesidad de realizar una nueva evaluación de impacto ambiental, cuestión que no se aborda expresamente en el informe jurídico de referencia”.