El Ayuntamiento de València no quiere ser un mero expectador en las decisiones que adopte el puerto, especialmente en aquellas con una clara afección a la ciudad y a sus vecinos y vecinas.
Así ha quedado plasmado en el programa de Gobierno que han firmado este jueves en el teatro Rialto el alcalde de València, Joan Ribó, y la portavoz del grupo municipal socialista, Sandra Gómez.
El Acuerdo del Rialto, como han bautizado al nuevo pacto para dirigir durante los próximos cuatro años la corporación municipal, incluye un documento con 64 medidas a desarrollar, entre las que destaca “el impulso de la comisión Autoridad Portuaria-Ayuntamiento de València para dirimir aquellas decisiones que afecten a la ciudadanía”.
Al respecto, Ribó ha añadido que en el marco de esta comisión trabajarán para exigir al puerto “la desafección y cesión a favor del Ayuntamiento de los terrenos que han perdido su uso portuario, además de otros medidas como los temas de calidad ambiental”.
El primer adil ya advirtió el pasado lunes 15 de julio que exigirán a la Autoridad Porturaria de València (APV) que solicite una nueva declaración de impacto ambiental para la ampliación norte, ante las modificaciones introducidas en el proyecto.
Ribó mostró además su oposición al acceso norte, con lo que queda claro que el Consistorio va a intentar ejercer un mayor control de todo lo relacionado con el puerto.
El Acuerdo de Gobierno del Rialto, contempla seis ejes fundamentales. Dentro de estos seis ejes del acuerdo, se han establecido 64 medidas concretas (por las 36 del anterior Pacto de la Nau) sobre diferentes asuntos, áreas y sectores como la gestión de recursos municipales, protección ciudadana, bienestar y derechos sociales, educación, cultura, deporte, así como el desarrollo y la renovación urbana y de vivienda, movilidad sostenible, ecología urbana, emergencia climática, transición energética, desarrollo innovador de los sectores económicos y ocupación, participación, derechos e innovación de la democracia.
El programa recoge medidas novedosas en materia de vivienda, como por ejemplo un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para aquellos grandes propietarios con más de 10 viviendas vacías y fuera del mercado de alquiler.
Además, incluye la limitación de los apartamentos turísticos, la creación de una tasa turística o medidas en materia de igualdad y contra la violencia de género, como la creación de una agencia de desarrollo local con perspectiva de género, la elaboración de los presupuestos con perspectiva de género o la reserva de vivienda pública víctimas de violencia de género y sus familias.
El documento prevé también un plan para recuperar los solares de la ciudad para uso ciudadano; el aumento de líneas de la EMT, la creación de líneas rápidas y bonificaciones de tarifas para jóvenes con ingresos reducidos; un plan contra la pobreza energética y otro contra la pobreza centrado en la pobreza infantil; y una actuación integral contra la contaminación atmosférica con el aumento de la red de vigilancia y control de la calidad del aire, así como con estudios de emisiones en zonas sensibles.