El Gobierno valenciano estudia crear una empresa pública para gestionar las ITV e integrar a sus 900 empleados

La posible creación de una empresa pública para asumir al personal de empresas concesionarias vuelve a estar encima de la mesa.

La fórmula que finalmente se descartó para acoger a los trabajadores del departamento de salud de Torrevieja que el próximo 15 de octubre, pasarán de depender de la concesionaria, Ribera Salud, a estar en nómina de la Conselleria de Sanidad como personal laboral a extinguir, será la que con toda probabilidad se aplique para gestionar las 27 estaciones de la Inspecciones Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana y para asumir a sus 900 empleados.

Y es que, como informó elDiario.es, la Conselleria de Economía notificará en las próximas semanas a las empresas concesionarias que a partir de noviembre de 2022, la Generalitat Valenciana recuperará el control y la gestión de las estaciones al vencer el contrato de 25 años otorgado en 1997 por el ejecutivo autonómico que presidió Eduardo Zaplana y por el que el ex presidente está imputado en el marco del caso Erial por el que se investiga el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

El aviso por parte del departamento que dirige Rafael Climent debe llegar a las diferentes empresas un año antes de que caduquen los contratos, es decir, antes del 5 de noviembre.

Para llegar a esta decisión de gestión directa, la Conselleria contrató a una consultoría externa para que elaborara un informe sobre las actuaciones a realizar, cronología y coste económico previsto para la gestión directa de la administración del servicio público de inspección técnica de vehículos en la Comunitat Valenciana.

Entre las conclusiones del informe realizado por ‘NUVE Consulting’, que con los anexos contiene contiene cerca de 1.500 páginas, hay que destacar que el actual sistema de concesión administrativa es poco rentable para la Generalitat y que la inversión necesaria para la gestión directa es asumible sin recurrir al capital externo.

Otra de las conclusiones más significantes del informe es que el servicio de inspección de ITV no tiene ningún riesgo, puesto que se trata de un servicio obligatorio. En este sentido, se estima que los ingresos netos para la Generalitat, descontando los gastos y las inversiones realizadas para la ampliación de la red de estaciones de las ITV, serían de 39,3 millones de euros anuales.

Además, el informe confirma que si se prorrogara la concesión administrativa actual, la Generalitat ingresaría solo 7,6 millones de euros y si se hiciera una nueva concesión con un nuevo pliego, la administración obtendría 19,2 millones de euros.

Según las previsiones que maneja Economía, la gestión directa pública permitirá completar y ampliar la actual red de ITV con diez nuevas estaciones en la Comunitat que harán posible que el 90% de la población pueda pasar la inspección con un tiempo de desplazamiento hasta la estación de ITV más cercana inferior a 30 minutos. Con la actual concesión administrativa la Comunitat cuenta con un total de 27 estaciones de ITV fijas y 13 unidades móviles.

Además, según el informe se prevé que en 2026 ya estará completa esta nueva red e ingresaría en el periodo comprendido desde 2021 hasta 2026 cerca de 207 millones de euros de beneficios netos, frente a los 67 millones que se obtendrían si se continuara con la concesión actual.

Detalles de la nueva empresa pública

La nueva sociedad mercantil pública contará con disponibilidad de recursos propios para poder abordar inversiones con los ingresos de la actividad, dispondrá de una contabilidad analítica propia, podrá construir nuevas estaciones de ITV necesarias para la mejora del servicio, llevar a cabo renovación de maquinaria, así como mejoras e innovación en el proceso de inspección y mejoras medioambientales en la construcción de las estaciones de ITV.

Respecto a la subrogación de las personas trabajadoras, el informe asegura que todo el personal afecto a las estaciones de ITV actuales tiene que pasar a la sociedad mercantil pública sin que fuera considerado como personal propio de la administración, pero manteniendo los compromisos laborales adquiridos en la empresa cedente.

Inicialmente sería necesario renovar todos los contratos de prestación de servicios esenciales para el funcionamiento que los concesionarios tengan pactados. La sociedad mercantil pública posteriormente realizará nuevas licitaciones para los contratos necesarios (mantenimiento, seguridad, limpieza, informática, seguros, proveedores, gestión cita previa, etc.).

En cuanto a los nuevos servicios que desarrollará la sociedad mercantil pública de la Generalitat, el informe contempla la ampliación de la red de ITV con la construcción de estaciones en las localidades de Torrent, Chiva, Guardamar, La Vall d'Uixó, Sant Joan d'Alacant, Calp, Novelda, Guadassuar, Alcalà de Xivert y Benlloch. Asimismo recoge su estructura en cuatro zonas para una mejor gestión, la reducción de la utilización de las ITV móviles, la adecuación y reducción de las tarifas y la formación del personal de inspección interna y externa.