El 10 de marzo el partido de la Champios entre el València CF y Atalanta se jugó a puerta cerrada. Aficionados y jugadores criticaron duramente la decisión cuando en la plaza del Ayuntamiento de València se celebraban mascletades con miles de personas desde el día 1 del mes. Al día siguiente fue el turno de las Fallas y la Magdalena. Casi pidiendo perdón, el Gobierno valenciano anunció la suspensión de las fiestas que arrancaban a la semana siguiente. Pero no fue hasta el día 14 cuando el Gobierno de España decretó el estado de alarma y cuando la población se dio de verdad un baño de realidad que, con la ayuda de administraciones y medios de comunicación, habían subestimado.
Mientras se debatía en España sobre si se paraba o no el país, el mercado internacional de material sanitario, principalmente con sede en China, se empezaba a tensionar. La expansión del coronavirus por decenas de países y su agudización en los primeros 15 días de mes en Europa hizo que colapsara. A partir de ahí, lo que se ha venido publicando en las últimas semanas. Gobiernos que requisan aviones fletados por otros países, pagos en metálico a pie de pista para recomprar un material ya adquirido por países “competidores” y sobrecostes. Muchos sobrecostes millonarios.
Todas las administraciones, viendo el mercado persa en que se habían convertido los suministros y viendo que sus sanitarios y la población empezaba a sufrir los envites de la COVID19, decidieron tirar por la calle de en medio e irse a China a comprar directamente. Al tiempo, empezaron a homologar empresas nacionales y a relocalizar la producción. Sobre todo de mascarillas y batas, pero también de respiradores. La Generalitat Valenciana fue de las primeras en acceder directamente al mercado chino y trajo su primer avión el 24 de marzo. Este lunes llega la cuarta aeronave con miles de equipos de protección sanitaria a través del contacto de un empresario de Ontinyent.
¿Pero qué pasó en la Comunitat Valenciana los días en que el mercado internacional colapsó? Desde los días 10 al 26 de marzo la Generalitat Valenciana se tuvo que apoyar con proveedores autóctonos que disponían de material -la mayoría importado de China- y gastó más de 13 millones de euros en surtir sus ya colapsados hospitales en medio de las críticas de los sanitarios, muchos de los cuales se enfrentaban al virus con material propio.
Esta falta de material para los 50.000 sanitarios en activo motivó una denuncia de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de la Comunitat Valenciana CESM-CV. El 26 de marzo, dos juzgados, uno de Alicante y otro de València, urgieron a la Generalitat a en 24 horas dotar de material todos los centros de salud y hospitales. La Generalitat recurrió alegando el colapso del mercado y en estos momentos pleitea con el sindicato médico e intenta eludir que le afecte la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Según la información entregada por la Abogacía de la Generalitat en los diferentes juzgados donde tiene pleitos y a la que ha tenido acceso eldiario.es, en los 17 días de marzo (del 10 al 26), la Generalitat valenciana gastó más de 13 millones de euros en soluciones hidroalcohólicas, batas y mascarillas, a la espera de la llegada de los aviones de China y de la producción hecha en la Comunitat Valenciana por el consorcio liderado por la empresa Cotoblau.
Pese a disponer de 15 proveedores, entre ellos varios internacionales, los servicios centrales de la Generalitat abonaron a cuatro pymes más de 11,5 millones de euros por productos de protección sanitarios que fueron a parar a las conselleries de Sanidad e Igualdad. Tres empresas de comercio al por mayor y una conocida productora valenciana de jabón.
La empresa que más negocio ha hecho con la Generalitat en las semanas de colapso ha sido Exclusivas de Pascual y Furió. En 16 días vendió a la administración un millón de mascarillas quirúrgicas, 100.000 mascarillas FFP2, 100.000 máscaras de protección facial, 100.000 gafas de protección ocular y 100.000 kits de buzo de máxima protección. En total, 3.882.890 euros.
El objeto social de Exclusivas de Pascual y Furió es el comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos quirúrgicos. Tiene sede en el Polígono Fuente del Jarro y, en 2018, su facturación total fue de 1,6 millones de euros. Su administrador, Jorge José Pascual, tiene otra empresa de comercialización de artículos médicos, Vimedpro, y Vipa2014, de servicios de comida.
La segunda empresa que mayores ventas realizó a la Generalitat Valenciana en las dos semanas críticas fue Sosmi SA, en total 2.897.217 euros por 150.000 soluciones hidroalcohólicas, 23.100 batas y 60.000 unidades de kit protección buzo. Esta firma es propiedad de la familia Palop Cubells, de la histórica Jabonera Levantina, y su sede está en el polígono de Náquera. Su objeto social es la fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y es la única de todos los proveedores que produce algo relacionado con la actual crisis. En 2018, Sosmi SA facturó 4 millones de euros y ganó 223.952 euros.
Tanuki 2010, una empresa con sede en Agullent, vendió 840.000 mascarillas FFP2 por 2.797.694 euros en tres compras durante los 17 días críticos. La compañía es propiedad del empresario Salvador Belda Belda, propietario también de una empresa textil y de la conocida Ajos Belda, de producción agrícola. Tanuki 2010 facturó en 2018 un total de 2,2 millones de euros y ganó 118.760 euros.
Ibersurgical SL, una empresa de comercio al por mayor de material farmacéutico con sede en la ciudad de València, vendió 200.000 mascarillas FFP2 sin válvula, un millón de mascarillas desechables de alto riesgo y 5.000 mascarillas FFP3. En total, unas ventas de 2 millones de euros. Esta firma es propiedad de Javier Alberto Montalvà Bernal y Mari Luz Rico. Montalvà es también administrador de Provaquil, también distribuidora de material sanitario, y Berlop Ibérica, propietaria de bienes inmobiliarios.
Ibersurgical SL facturó en 2018 un total de 9,2 millones de euros y ganó 1,3 millones que repartió en dividendos para sus socios. Es una proveedora sanitaria habitual de la Generalitat Valenciana y fue la empresa que trajo un avión con material de China junto a la Comunidad de Madrid el pasado 1 de abril. Esta firma compartió 1,5 millones de mascarillas con el Gobierno que dirige Isabel Díaz Ayuso a través de un mismo proveedor chino, según explicó la Agencia Tributaria.
A estas cuatro pyme se unieron otros cinco proveedores que en esos 17 días críticos vendieron algún tipo de material sanitario a la Generalitat. Entre ellas, Dismeval SL, una pyme de comercio al por mayor de productos médicos, que vendió soluciones hidroalcohólicas de distintos tamaños por valor de 716.000 euros. Esta firma es propiedad de María del Carmen Carrión García-Sicilia y en 2018 facturó 2,8 millones, ganando cerca de 100.000.
Cleanity SL, propiedad del grupo Gramami, de la familia Burdeos, vendió a la Generalitat por valor de más de 274.000 euros en soluciones hidroalcohólicas. Esta empresa facturó 7,5 millones en 2018 y su objeto social son soluciones de limpieza, higiene y desinfección en el sector industrial. El grupo Gramami es también propietario de SPB (Bosque Verde), proveedor de Mercadona, pero Cleanity y SPB no tienen ningún tipo de vinculación, actúan como empresas independientes, explican fuentes de la empresa.
La sevillana Albazul Servicios Integrales vendió a la Generalitat Valenciana durante esos días 135.000 euros por 36.000 batas desechables. La empresa, la única no valenciana en el top 10 de proveedores, realiza comercio al por mayor no especializado. Sus propietarios tienen también empresas constructoras.
La Generalitat compró esos días a la firma Safadifarma, de los empresarios Alicia Hassna y Said Safardi Hassna, 175.000 euros en soluciones hidroalcohólicas de distintos tamaños y a la fabricante catalana Prodepharma otros 42.000 de los mismos productos en distintos tamaños.
Otros proveedores aunque prácticamente irrelevantes en estos días críticos fueron (con menos de 10.000 euros) las multinacionales Instrunet Hospital, Laboratorios Hartmann y Molnlycke Health Care y las empresas Fermon-Indis y Promechi.
El montante adquirido hasta la llegada de los aviones fue sustancialmente insuficiente para los 50.000 sanitarios activos en la Comunitat Valenciana y en un mercado que ya estaba por los aires. Prueba de esta falta de medios fue la gran cantidad de sanitarios infectados y el racionamiento que se hizo por parte de las direcciones ante la falta de material.