El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, visita este martes el Hospital de Manises, al asumir la Conselleria de Sanidad la gestión directa de este departamento de salud una vez finalizan los 15 años del contrato de concesión a Sanitas. Gómez mantendrá una reunión con jefes de servicio, así como con representantes del Comité de Empresa del departamento de salud.
El de Manises es el cuarto de los cinco departamentos de salud privatizados durante la anterior etapa del PP al frente del Gobierno valenciano que recupera la administración para la gestión pública, una vez vencidas las concesiones, descartando de esta forma la opción de la prórroga. Con el Gobierno del Pacto del Botánico se revirtió el hospital de Alzira, el primer centro público de gestión privada de toda España, así como el de Torrevieja, y se iniciaron los trámites para recuperar también el control del de Dénia y el de Manises.
En estos dos últimos casos ha sido el Ejecutivo del presidente Carlos Mazón formado por el PP y Vox, el que ha culminado el proceso de reversión en vista de los informes técnicos de la propia Conselleria de Sanidad que desaconsejaban dar continuidad al modelo de gestión privada. El conseller de Sanidad, el popular Marciano Gómez, uno de los ideólogos de este modelo en la etapa de Eduardo Zaplana como presidente, ha descartado sin embargo hacer lo propio con el último departamento de salud que quedará de gestión privada en toda la Comunitat Valenciana: el de Elche-Crevillente, en manos de Ribera Salud, cuyo presidente es Alberto de Rosa, hermano del diputado del PP en el Congreso, Fernando de Rosa.
El contrato de esta concesión vence a finales de mayo de 2025, por lo que un año antes, es decir antes de que finalice este mes, la Conselleria de Sanidad debe comunicar a la compañía si dará por finalizado el contrato o si lo prorrogará. La decisión de prorrogar este contrato debería ir acompañada de un informe que lo justifique del que hasta ahora no hay constancia.
El diputado de Compromís en las Corts Valencianes y portavoz de Sanidad, Carles Esteve, denunció este lunes las carencias con las que se producirá la reversión a la gestión pública del centro hospitalario de Manises y su área de salud.
Para Esteve “es un día alegre porque acaban 15 años de gestión de la sanidad en manos de una empresa, Sanitas, que gracias a la política privatizadora del PP ha hecho negocio a expensas de la salud de muchas personas”. Solo en este departamento, “desde 2009, más de 2.000 millones de euros de la sanidad pública han acabado en manos privadas; las personas de los 14 municipios de este departamento y que dependen de este hospital tendrán desde mañana una sanidad 100% pública por fin”.
Esteve ha denunciado que “la degradación y el deterioro de la atención en los últimos meses ha sido especialmente grave, como ya ha pasado en otras reversiones ya que es una práctica habitual que las empresas recorten en personal al final del contrato para aumentar la ganancias, lo que genera agendas cerradas con 6 meses de antelación, esperas de más de 3 semanas para visitar al médico de cabecera o citas a 9 meses para pruebas diagnósticas”.
En este sentido, Sanidad ha previsto incorporar 400 profesionales más en Manises después de la reversión, lo que da una idea de la falta de recursos con la que se ha gestionado el hospital. Al respecto, fuentes de CCOO han explicado que están “bajo mínimos” y han puesto como ejemplo que por las noches tan solo hay un técnico de rayos para todo el hospital. También han señalado la falta de trabajadores sociales en los centros de salud o de psicólogos y psiquiatras.
Para el diputado de Compromís harían entre 200 y 300 profesionales más de los previstos por Sanidad (entre 600 y 700) para equipararse al resto de departamentos: “Apenas estamos hablando de un aumento del 20% de la plantilla cuando en Alzira hizo falta un 31% y en Torrevieja un 58% más de profesionales para equipararse al resto de departamentos. Lo mismo está pasando en Dénia donde, además de los impagos de salarios, el retraso en la equiparación de las condiciones laborales, los pocos refuerzos previstos no acaban de incorporarse. El resultado es un hospital incapaz de atender en condiciones y unos centros de salud saturados que han aumentado el tiempo de espera. La gestión del gobierno de Mazón está siendo caótica e incapaz de garantizar los mínimos de atención sanitaria”.
Esteve ha recordado que “el gobierno de Mazón, ha perdonado 46,7 millones de la deuda pendiente de la empresa con la Generalitat como ya denunció Compromís hace unos meses” y que “faltan 300 millones por pagar”, más las liquidaciones de 2021 hasta 2024: “No vamos a permitir que Mazón perdone más deuda que tendría que dedicarse a mejorarla sanidad pública, especialmente en este hospital y los municipios afectados por las privatizaciones del PP”. Es por todo esto que Compromís anunció la puesta en marcha de una campaña de control ciudadano del proceso de reversión con el objetivo de que cada persona pueda denunciar los incumplimientos que se puedan dar en la atención sanitaria, tanto en el hospital como en cada centro de salud.
Protesta en Elche
La Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó ha convocado a la ciudadanía de Elche, Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes, a manifestarse el próximo 18 de mayo para exigir la reversión a la gestión pública del Departamento de Salud Elche-Crevillente.
La manifestación está convocada a las 10.00 horas en la plaza de Las Chimeneas y discurrirá por la avenida de la Libertad, Avenida Alcalde Ramón Pastor y calle Tonico Sansano Mora hasta llegar al Hospital Vinalopó, donde está previsto rodear el centro hospitalario mediante una cadena humana.
Esta acción se suma a todas las reivindicaciones que lleva a cabo la plataforma desde su creación hace unos meses para exigir al Gobierno valenciano que asuma la gestión pública de la sanidad de esta parte de la población a partir del año que viene, que es cuando acaba el contrato entre la empresa concesionaria, Ribera Salud y la Generalitat Valenciana.
“No entendemos por qué de los veinticuatro departamentos de salud de la Comunitat Valenciana, solamente el nuestro se queda en manos de una empresa privada”, ha asegurado Paqui Ortiz Bustos, integrante de la plataforma y representante del movimiento vecinal del barrio ilicitano del Toscar, que padece las consecuencias de este modelo de gestión privatizada.
“Teníamos cinco departamentos de salud con este tipo de gestión privatizada de la sanidad, la Generalitat Valenciana ha asumido la gestión pública de todos ellos excepto del nuestro. No lo entendemos y no compartimos que se quede una isla de la población con este modelo de gestión privada lo que nos convierte en ciudadanía de segunda frente a las personas que disfrutan de una sanidad cien por cien pública”, ha manifestado Ortiz.
Sin informes que avalen la prórroga
En los mismos términos se ha expresado Agripa Hervás, integrante de la plataforma y vecino de Aspe quien ha señalado que “Elche es la única ciudad del estado español donde la mitad de la población recibe una clase de atención sanitaria distinta a la del resto de ciudadanía en función de su código postal”, ha afirmado en alusión al Hospital General de Elche, 100% público que da cobertura a la otra mitad de la ciudad y alrededores.
Para Hervás, usuario del Vinalopó y que arrastra una serie de experiencias desastrosas como paciente, del mismo modo que las personas que integran la plataforma, “la postura del Gobierno valenciano es incomprensible y avalan llevar a cabo una prórroga del contrato a la empresa concesionaria con unos supuestos informes y/o auditorías que hemos pedido como plataforma y no nos los hacen llegar, seguramente porque no existen”.
La también portavoz, Melania Martínez, ha destacado que el Hospital Genera de Elche, con 175.976 habitantes asignados, cuenta con 14 pediatras, mientras el del Vinalopó, con 140.000 habitantes asignados, solo tiene cuatro “y ha habido momentos que solo ha habido uno”. También en psiquiatría el General cuenta con 14 especialistas y el del Vinalopó con tan solo tres.
La plataforma ha vuelto a recordar los motivos por los que reivindican la reversión e insisten en las demoras de más de un mes en atención primaria, los constantes cambios de facultativos debido a la rotación de personal -porque cuando pueden marchan a la pública buscando mejores condiciones laborales-, la incompatibilidad del sistema informático de Ribera Salud con la red pública de salud valenciana que hace imposible acceder al historial médico de los pacientes, la falta de especialistas, las demoras de hasta un año en las citas para una especialidad, los recortes en las plantillas y la situación de saturación que sufren los profesionales, entre otras cuestiones.
La entidad también ha vuelto a poner en duda la legalidad de la posible prórroga del contrato al entender que jurídicamente no está claro que se pueda llevar a cabo, dado que la inversión de la empresa ya está amortizada tras los quince años de contrato.