La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre las “mordidas” a los sueldos de los profesores por parte de las academias de formación para parados parece estar en punto muerto. Tras año y medio de pesquisas, en Labora, la entidad pública valenciana que aprueba y fiscaliza estas subvenciones de la Unión Europea, no han tenido noticias del ministerio público, según explican a eldiario.es fuentes de la administración autonómica. Mientras la investigación penal sigue sin previsibles avances, la Agencia Valenciana Antifraude sí que ha requerido información sobre los cursos abonados por la administración autonómica en el año 2019.
En ese sentido, según la información recabada por eldiario.es, una decena de los centros de formación que fueron señalados por la Agencia Antifraude en su denuncia inicial de 2017 continúan recibiendo fondos públicos en la actualidad, en algunos casos el doble de los obtenido en años anteriores.
En concreto, solo en 2019, el año sobre el que vuelve a investigar el departamento de Joan Llinares, estas diez academias y centros de formación recibieron hasta 4 millones de euros para impartir más de 70 cursos de formación. Fuentes de Labora explican que, pese a la denuncia de Antifraude y las pesquisas de Anticorrupción a gran escala, “no se puede excluir” a ninguna de estas academias sin que haya una sentencia firme porque “sería ilegal”.
“Podemos hacer controles administrativos y no liquidamos hasta que se han presentado todas las adjudicaciones”, explican desde Labora.
El modus operandi de este fraude que se produjo en la mayoría de comunidades autónomas consiste, según la denuncia inicial impulsada por un grupo de docentes y la Agencia Antifraude valenciana, en el cobro de “mordidas” en las retribuciones a los profesores y profesoras autónomos. “Se justifican formalmente ante las administraciones importes por retribuciones al personal docente que presuntamente no son las que reciben estos, toda vez que los centros contratantes son los que reciben y se benefician de esos importes”, relata el informe que acabó en Anticorrupción.
Eldiario.es ha hablado durante los últimos dos años con profesores y técnicos de la administración que relatan los diferentes tipos de devoluciones del salario que los docentes se ven obligados a hacer a los centros de formación. Incluso se han publicado documentos que acreditan ese fraude, se han aportado testimonios y audios explicando a un profesor cómo entregar la mordida.
La investigación del fraude podría implicar a más de una treintena de centros de formación de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Catalunya, Asturias, Murcia, Andalucía, Castilla y León o Madrid. La patronal alicantina de centros de certificación y varios de los centros denunciados consultados por este periódico se desmarcaron en su día de estas prácticas y las atribuyen a “garbanzos negros”.
Tras el escándalo inicial queda por ver si la administración ha incrementado los controles o si se ha puesto fin a estas prácticas.
Las informaciones publicadas por eldiario.es pusieron en alerta a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que exigió al Reino de España que intervenga y tome medidas ante este fraude en los fondos para parados. El Ministerio de Hacienda y el de Trabajo iniciaron también una investigación y pedido a las autonomías que aclaren la situación.