Delito societario por presuntamente haber “maquillado” las cuentas de 2009 y 2010 ocultando la situación real del Banco de Valencia a sus accionistas y refinanciaciones opacas a promotores inmobiliarios. En total, un agujero inicial de 600 millones de euros por el que el Estado acabó inyectando más de 4.500 millones para que CaixaBank se hiciera con la entidad valenciana por un euro. La Fiscalía Anticorrupción pide entre un año y cuatro años y medio de cárcel a los miembros del último consejo de administración y al auditor de Deloitte, que no propuso ninguna salvedad a las cuentas.
¿Quiénes son los 14 integrantes de ese consejo de administración que se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional tras la denuncia inicial del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)? Mucho se ha hablado de la responsabilidad política del hundimiento de las entidades financieras españolas, pero en el caso del Banco de Valencia, Anticorrupción también señala a importantes empresarios, grandes fortunas valencianas y al auditor de Deloitte que presuntamente habría ayudado a camuflar las cuentas.
Entre todos, y una decena de empresas, si se acepta la petición de la fiscalía, deberán responder de manera subsidiaria e indemnizar a los accionistas que perdieron su dinero cuando la entidad quebró en el año 2010 y tuvo que ser rescatada por el Estado.
José Luis Olivas Martínez. Presidente del consejo y de la comisión ejecutiva. Imputado y condenado por otras causas, entre ellas el caso Bankia. Fue conseller con Eduardo Zaplana y presidente de la Generalitat entre 2002 y 2003 cuando el político de Cartagena se marchó de ministro de Trabajo. Expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia. Anticorrupción le pide cuatro años y seis meses de cárcel, 45.000 euros de multa y responsabilidad subsidiaria.
Antonio J. Tirado Jiménez. Vicepresidente del consejo y la comisión ejecutiva. Fue alcalde socialista de Castelló aunque cuando dejó la política renegó públicamente del partido. Operador de banca de seguros vinculado al Grupo Bancaja. Se enfrenta a tres años y seis meses de cárcel, 36.000 euros de multa y a la responsabilidad civil que el tribunal considere.
Celestino Aznar Peña. Vicepresidente del consejo y la comisión ejecutiva. Vinculado al sector textil a través de la empresa Marie Claire, fundada por su familia en 1907. Además, está presente en sociedades de inversión en el sector inmobiliario y en otras compañías. Se enfrenta a tres años de cárcel, 36.000 euros de multa y a la responsabilidad civil que se fije.
Domingo Parra Soria. Consejero delegado de Banco de Valencia, hombre fuerte de la entidad y miembro de la comisión ejecutiva. Ha sido condenado a prisión por otras causas vinculadas al Banco de Valencia y por administración desleal por créditos a inmobiliarias. Cuatro años y seis meses de prisión y 45.000 euros de multa, así como responsabilidad subsidiaria.
José Luis de Quesada Ibáñez. Consejero del Banco de Valencia y propietario de la empresa de construcción y obra pública Pavasal. Miembro de una de la fortunas más importantes de la Comunitat Valenciana. Junto a su hermano Alfredo, son una de las cien fortunas más importantes de España. Se enfrenta a dos años y seis meses de cárcel, 27.000 euros de multa y la responsabilidad civil subsidiaria.
Agnés Noguera Borel. Consejera y vocal de la comisión ejecutiva. Administra la sociedad de inversión Libertas 7 -también responsable subsidiaria en este caso- y pertenece a una de las grandes fortunas de València. Accionista también del diario El País, se ha sentado en consejos de administración como Adolfo Domínguez, Cleop, Bodegas Riojanas y Prisa. Se enfrenta a tres años de cárcel y multa de 36.000 euros, así como responsabilidad subsidiaria.
Manuel Olmos Llorens. Consejero independiente de Banco de Valencia. Licenciado en Medicina y a dministrador único de la sociedad de inversión Macomar . Se enfrenta a dos años y seis meses y 27.000 euros de multa, así como a la responsabilidad subsidiaria.
José Segura Almodóvar. Consejero independiente y vocal de la comisión ejecutiva. Presidente de la Sicav Lobo 3000. Fundador, en 1963, de la empresa de suministro de material eléctrico Lucero de Levante. Fue también presidente de Comercial Balear de Electricidad y Segura Panos. Se enfrenta a tres años de prisión y 36.000 euros de multa, además se a la responsabilidad civil del agujero.
María Irene Girona Noguera. Consejera independiente y asesora del comité de auditoría. Administradora única de la sociedad de inversión inmobiliaria Minaval y miembro de una potentada familia de València. Anticorrupción le pide dos años y seis meses de cárcel y una multa de 27.000 euros. Tendrá también que asumir la responsabilidad civil si es condenada.
María Dolores Boluda Vilallonga. Consejera del Banco de Valencia y miembro de la burguesía valenciana. Fue la primera mujer en formar parte del consejo de administración de la entidad financiera. Formó parte de la Ejecutiva Provincial de UCD de 1979 a 1982, bajo la presidencia de Emilio Attard. Fue consejera en Aumar y Aurea y asesora de la fábrica de Curtidos Vicente Boluda y de Maderas Consa. Se enfrenta a dos años y seis meses y a una multa de 27.000 euros con responsabilidad civil subsidiaria.
Silvestre Segarra Segarra. Consejero y vocal de la comisión ejecutiva de Banco de Valencia. Licenciado en Derecho y PDD por la escuela de negocios IESE (Navarra). Colegiado en Castellón, en 1993 se incorporó a la empresa System Pool, del grupo familiar Porcelanosa. En 2001 asumió la vicepresidencia y dirección general de Porcelanosa. Se enfrenta a tres años de prisión y una multa de 36.000 euros, así como la responsabilidad civil.
Pedro Muñoz Pérez. Consejero independiente. Fue representante de Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social en el banco. Formó parte del consejo de administración de esta mutua y presidió la Confederación Española de Mutualidades de Previsión Social. Anticorrupción le pide dos años y seis meses de cárcel y una multa de 27.000 euros. Se enfrenta también a la responsabilidad civil de manera subsidiaria.
Federico Michavila Heras. Consejero independiente y vocal-secretario del comité de auditoría. Ingeniero de Minas, se incorporó al grupo familiar Torrecid en 1978 y en 1984 asumió la dirección de la azulejera castellonense, de la que es presidente y consejero delegado. Se enfrenta a dos años y seis meses de prisión y multa, con responsabilidad civil, de 27.000 euros.
Miguel Monferrer Fábrega. Auditor de Deloitte para el Banco de Valencia que no vio salvedades cuando presuntamente se falsearon las cuentas en 2009 y 2010. Se enfrenta a un año y seis meses de cárcel y a una multa de 21.000 euros y posible responsabilidad subsidiaria.