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Los hospitales valencianos privatizados vuelven al control público pese a la campaña legal en contra

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, durante su comparecencia en las Corts

agencias/eldiario.es

El Departamento de Salud de La Ribera, en Alzira, volverá el próximo 1 de abril al control público tras quince años funcionando como una concesión administrativa y a pesar de los intentos de la empresa que lo gestiona, Ribera Salud, de impedir en los tribunales esta desprivatización.

Así lo asegura la Conselleria de Sanidad en un argumentario de lo que ha sido el proceso de reversión de La Ribera desde que el Pacto del Botánico llegara a la Generalitat, un procedimiento que, afirma, se esta haciendo “con previsión, transparencia y planificación”.

La Conselleria asegura que esta decisión está destinada a reforzar la sanidad pública y recuerda que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ya anunció en Les Corts Valencianes el 16 de septiembre de 2016, con año y medio de antelación, que el contrato no se renovaría.

A finales de marzo de 2017, un año antes del fin del contrato, Sanidad remitió a la concesionaria las normas de reversión, con instrucciones sobre la información que debían remitir para garantizar la normalidad en la transición.

Durante todo este proceso, Ribera Salud ha tratado de impedir en los tribunales las acciones de la Administración dirigidas a desprivatizar el departamento, y estas acciones se han dirigido contra la decisión de no prorrogar el contrato y contra las normas de reversión.

Hasta el momento, según Sanidad, hay nueve resoluciones ya resueltas que han desestimado los procedimientos judiciales planteados por la empresa, cuatro relativas a la no prórroga del contrato y otras cinco en relación con las normas de reversión.

Según Sanidad, una vez que el departamento de salud de La Ribera pase a control público directo, seguirán los mismos trabajadores bajo la condición de trabajadores laborales a extinguir en sus mismas condiciones contractuales (indefinidos o temporales).

Se producirá una situación de sucesión de empresas, lo que implica que la Administración se subrogará como empleador y asumirá los trabajadores bajo la fórmula de trabajadores laborales a extinguir.

No obstante, aún está en la fase final del trámite de aprobación por vía de urgencia el decreto que regula los efectos de la extinción del servicio público por concesión del Departamento en materia de personal.

Además de mantenerse los mismos servicios asistenciales, Sanidad ha diseñado un plan de inversiones de urgencia para mejorar distintos aspectos del departamento, que prevé consignar 5,7 millones de euros en 2018 y 2,1 millones en 2019, tanto en el hospital como en Atención Primaria.

En el hospital habrá mejoras en las plantas de hospitalización, urgencias, hospital de día oncológico y se cambiará parte del mobiliario, y respecto al equipamiento, en breve se licitarán un acelerador lineal, un PET-TC y una actualización para el mamógrafo.

También se destinarán 450.000 euros para la adquisición de mobiliarios y arreglo de infraestructuras en Atención Primaria, se renovará el equipamiento de radiología, obsoleto en algunos centros de salud y se adquirirán dos ecógrafos. A esto se suma algo más de un millón de euros para ampliar el Centro de Salud de Algemesí.

Según Sanidad, se mantendrán todos los servicios y se estudiará la incorporación de nuevos, se crearán plazas para cubrir especialidades que hoy en día se cubren mediante contrato mercantil y se incrementará progresivamente la plantilla actual para reducir la precariedad.

Durante todo el proceso se han mantenido distintas reuniones y entrevistas con los jefes de servicio del hospital, se han visitado los centros de salud y se han celebrado encuentros en ayuntamientos de la comarca de La Ribera para informar sobre el proceso de reversión.

Respecto al transporte público, también se mantienen reuniones entre responsables de las consellerias de Sanidad y Vivienda para mejorar el acceso desde distintos municipios.

Además, el aparcamiento del hospital será gratuito, según las fuentes, que explican que se está llevando a cabo el procedimiento administrativo de expropiación de parte de las parcelas del aparcamiento que no están registradas bajo la titularidad de la Generalitat.

De momento se han licitado servicios y prestaciones como el inventario del hospital o el dimensionamiento de las inversiones, la alimentación, el gas natural, la electromedicina, el mantenimiento, la lavandería, la gestión de residuos, la limpieza, la vigilancia, los gases medicinales y se está tramitando la cafetería.

En breve saldrán las licitaciones correspondientes a un acelerador lineal, un PET-TAC, una actualización del mamógrafo, tres equipos digitales de radiología general y dos ecógrafos. 

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