Los hospitales privatizados abren una guerra judicial contra el Gobierno valenciano para parar el rescate

En septiembre del año pasado, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció formalmente en el debate de política general que el departamento sanitario de la Ribera, con el hospital de Alzira como referencia, volvería a integrarse en el sistema público de la sanidad valenciana a partir del 1 de abril de 2018, momento en el que finaliza la concesión adjudicada a Ribera Salud, empresa que lo gestiona.

A partir de ese momento, la maquinaria de la compañía se puso a funcionar para torpedear judicialmente cualquier decisión tomada por la Conselleria de Sanidad, tuviera que ver o no con la reversión, en un intento, según deducen fuentes del departamento que dirige Carmen Montón, de obstaculizar el funcionamiento de la administración, quizás para ganar tiempo de cara a la reversión.

El caso es que prácticamente desde ese momento hasta ahora, entre Ribera Salud y sus empresas filiales han puesto 48 recursos contenciosos administrativos contra diferentes decisiones adoptadas por la conselleria.

Según las mismas fuentes, el ritmo de los recursos aumenta a partir del presente año. Y es que el pasado mes de marzo Sanidad notificó oficialmente por escrito que no haría efectiva la prórroga de la concesión y que, por tanto, en abril de 2018 el hospital de Alzira volvería a ser gestionado por la Generalitat.

En concreto, de los 48 recursos, 12 están interpuestos en el año 2016 y el resto son del presente ejercicio. Solo dos tienen que ver con el rescate, uno que hace referencia a las normas de reversión y otro que se refiere la no prórroga de la concesión.

Además, del total, 20 han sido puestos desde el departamento de la Ribera, 14 desde el de Elx-Crevillent y otras 14 desde el de Torrevieja, todos ellos controlados por Ribera Salud. Curiosamente, del departamento de Denia, en manos de la aseguradora DKV y donde Ribera Salud solo tiene un 35% de las acciones, no ha llegado a Sanidad ningún recurso.

Así, salvo los dos recursos relativos a la reversión, el resto tiene que ver con motivos tan diversos como la canalización oncológica del IVO, instrucciones internas de la conselleria sobre redes asistenciales, resoluciones sobre acuerdos de gestión, varias reclamaciones económicas o sobre designación de unidades de oncología médica. Algunos, como los relaciones con el IVO, se repiten tres veces, uno por cada departamento.

Pese a todo, la decisión de la conselleria de asumir el control del hospital de Alzira y todo el departamento de la Ribera no tiene vuelta atrás.

Actualmente, se está trabajando en todo el proceso de encaje de los casi 2.000 trabajadores que pasarán de la plantilla de Ribera Salud a formar parte del sistema público.

Como informó eldiario.es, finalmente pasarán a tener la consideración de “personal laboral a extinguir” en lugar de “indefinidos no fijos”, como se había previsto inicialmente. En todos los casos los trabajadores mantendrían sus condiciones laborales

Además, de cara al año que viene la Conselleria de Sanidad ya ha previsto una partida presupuestaria de 5,7 millones de euros de inversión para mejoras urgentes y nuevo equipamiento.

Por su parte, Ribera Salud sigue presionando públicamente y este jueves presentó un Plan Estratégico para el periodo 2018-2028 con una inversión de 72,3 millones de euros para el departamento de salud de la Ribera, pese a que dejará de gestionarlo dentro de poco más de cuatro meses y medio.