En el debate en la Comunitat Valenciana sobre sostenibilidad económica y medioambiental del turismo hay un punto que genera una tensión constante. La tasa turística, un gravamen a las pernoctaciones para compensar las externalidades negativas de la actividad económica que no asume el sector servicios, es una fuente persistente de conflictos entre gobierno y oposición, pero también en el seno de los partidos que conforman el Pacto del Botánico.
La rama socialista, mayoritaria en el Gobierno, aplaza el debate año tras año, alegando que debe estudiarse cuál es el marco impositivo y rechazando que se aplique una tasa homogénea en todo el territorio. El modelo de Benidorm, de un turismo de masas, no es comparable con el de municipios rurales o capitales como València, sostienen. Sus socios en el Ejecutivo, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida, insisten en crear un gravamen que compense el refuerzo en atención sanitaria, limpieza o seguridad, que termina recayendo en los vecinos a través de los impuestos ordinarios. El PSPV sí se muestra partidario de crear una norma autonómica para que cada municipio decida si aplica o no el gravamen y de qué manera, pero, hasta la fecha, ha evitado iniciar el procedimiento legislativo. El secretario autonómico de Turismo se ha mostrado radicalmente contrario desde el primer momento y desde que irrumpió la pandemia argumenta que se debe tener empatía con el sector; el conseller de Hacienda apunta que la posición del Gobierno se encuentra en la ley de medidas fiscales, que no contempla el gravamen.
Los socialistas recogen el argumentario de los hosteleros, en particular de la patronal Hosbec, que asegura que la tasa tendría un impacto negativo sobre la demanda. Fuentes parlamentarias muestran su inquietud por que la aplicación de un impuesto de entre uno y dos euros por pernoctación disuada a los turistas que acuden a las ofertas low cost, como sucede en Benidorm, o incluso que recaiga sobre los trabajadores, pese a que los hosteleros solo ejercen de intermediarios y la tasa se aplica al visitante. Por contra, colectivos de trabajadoras como Las Kellys -las camareras de piso- se muestran favorables a su aplicación, para compensar el deterioro de las ciudades por la presión turística. Entre sus aplicaciones podría destinarse a mejoras para el propio sector, como formación y atención a la seguridad y salud de los empleados. El planteamiento de la precarización del empleo resulta curioso: la recuperación económica no se ha trasladado a mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores en el turismo, pero un gravamen al visitante, que no a la empresa, sí puede deteriorarlas.
Hasta la fecha, solo dos autonomías contemplan un gravamen al turismo en España. Son, precisamente, las que más visitantes nacionales y extranjeros reciben cada año. Catalunya fue pionera en su aplicación en 2013 y acaba de aprobar un aumento del importe, que rozará los 4 euros por persona y noche en Barcelona. El recargo varía en función del alojamiento y del municipio, con un mínimo de 90 céntimos por persona y día y la recaudación se reparte a medias entre Generalitat y Ayuntamientos, destinando el 50% para planes de fomento del turismo. En Baleares el tributo se creó como “ecotasa”, para mitigar los efectos ambientales, y se recauda desde 2016, con diferencias en el precio según temporada alta o baja y en función del tipo de alojamiento. En ninguna se ha observado un descenso de los visitantes ni se ha observado un aumento en el índice de precios, indica un informe de la Fundación Nexe.
Según la Agencia Tributaria de Catalunya, desde 2013 las arcas públicas han recaudado 371 millones de euros. En el último año completo antes de la irrupción de la pandemia, Catalunya recaudó 65 millones de euros, de los que cerca de la mitad corresponden a la ciudad de Barcelona. El Ayuntamiento que lidera Ada Colau ha puesto en marcha un aumento del gravamen, que ha entrado en vigor este octubre y cuenta con el aval del Tribunal Constitucional tras el recurso del PP, con el que prevé incrementar el importe hasta los 3,25 euros en 2024, una cifra similar a la que aplica París. En un texto que acompaña a la entrada en vigor de los nuevos gravamenes, la Agencia Tributaria catalana indica que “los datos prueban que la tasa no las desincentiva [las pernoctaciones]”. El organismo autonómico señala que “desde su aplicación en Cataluña, se ha pasado de 63,6 millones en 2013 a 76,5 en 2019, y en este periodo, el número de pernoctaciones se ha incrementado el 20%. En este sentido, en 2019, de los 58,2 millones de pernoctaciones hoteleras que se registraron en Cataluña, y que pagaron la tasa correspondiente, el 73% fueron de turismo extranjero”.
Para el caso valenciano existen algunos informes preliminares, como el de la Fundación Nexe, el think tank de Compromís. El estudio redactado por el profesor de Economia Aplicada Asensi Descalç apunta que un gravamen de 2 euros por persona y pernoctación no tendría impacto en la demanda turística autonómica. El economista escoge los datos del Instituto Nacional de Estadística para su análisis, donde el gasto medio por turista y día fue de 92 euros en la Comunitat Valenciana. Según Descalç, con estas cifras, “no es de esperar que esto suponga una disminución de la demanda con la consiguiente incidencia de la carga tributaria sobre la oferta de los alojamientos turísticos”. Es decir, que parece poco probable que pasar de un gasto de 92 a 94 euros diarios sea determinante en la elección del lugar de vacaciones. Descalç añade que “habría que plantearse la afectación para incentivar el turismo rural, como freno a la despoblación”, con posibles exenciones y políticas públicas, e indica otros usos: “La tasa se puede usar como un medio para ayudar a aflorar rentas de capital inmobiliario por arrendamientos, lo cual beneficia el impuesto sobre la renta”.
Analizando los datos de Catalunya y Baleares, Descalç considera que “no parece que el impuesto turístico pueda menguar la demanda de manera apreciable, teniendo en cuenta la evolución reciente de los datos en el País Valenciano, ni tampoco de acuerdo con la experiencia comparada de nuestros vecinos. Lo cual también reduce el supuesto impacto en los empresarios que, a medio plazo, además, podrían trasladar el impuesto a los trabajadores como nos dice la teoría y como es de temer, atendida la evolución hacia la precarización en el mercado laboral turístico en general”. Las Kellys, uno de los colectivos más precarizados, responde con incredulidad a cómo puede darse esa traslación a sus condiciones laborales. “Nuestras condiciones laborales dependen del convenio colectivo”, recuerda Yolanda García, su portavoz en Benidorm. García indica a elDiario.es que la tasa “favorece al municipio y también a los empleados”, que suelen ser vecinos de las localidades turísticas y considera que es una cuestión de justicia que el impacto sobre las ciudades y el medio ambiente no sea asumido sólo con los impuestos de los ciudadanos que las habitan.
El profesor considera que existen argumentos para movilizar la recaudación “hacia inversiones públicas en infraestructuras necesarias o programas para aumentar el valor añadido del sector turístico, como por ejemplo formación profesional o diversificación de la oferta con ayudas públicas”. El valor añadido en la actividad turística es una tarea pendiente en el sector valenciano. En una entrevista reciente, el profesor Andrés García Reche, responsable de la Agencia Valenciana de Innovación, las empresas deben abogar por reforzar el valor añadido de sus actividades y no por ser competitivos a costa de salarios bajos, una medida que repercute en el conjunto de la sociedad.
Los expertos para la reforma tributaria valenciana, en contra
El informe de la Comisión para la reforma tributaria valenciana, ratificado por el Gobierno autonómico en el último pleno, desaconseja la implementación “en las circunstancias actuales” de este tributo. El documento, elaborado por expertos en Derecho Financiero y Tributario y economistas, reconoce las externalidades negativas del turismo, pero considera que no se ha llegado al nivel de recuperación suficiente como para implantarlo, pese a que la patronal saca pecho de la ocupación hotelera. Los expertos avalados por la conselleria de Hacienda entienden “que es más acomodado optar por no establecer [el impuesto]; apostando por minimizar los costes del sector en orden a incrementar su atractivo económico en un sector fuertemente competitivo; incrementando las posibilidades de su supervivencia como sector económico estratégico en la Comunidad; tratando de preservar en una época de fuerte crisis por la Covid-19 los puestos de trabajo; objetivo que, al igual que el medio ambiente, constituye un mandato estatutario a la Generalitat”.
Sin embargo, el texto remite a otro informe, de la Fundación Connexus, que indica que la actividad del sector ha crecido durante los años de la crisis. En un pie de página, cita: “La industria del turismo se ha consolidado ya en la Comunidad Valenciana como uno de los principales motores de la economía autonómica. Tanto es así que, durante los años de la crisis, el turismo de la región se vio reforzado frente a otras actividades económicas, pasando de aportar 11.849 millones de euros al PIB en 2011 (un 11,8% del total) a 15.929 millones en 2017 (un 14,5%). Este crecimiento también ha tenido su impacto sobre el empleo, que en 2017 alcanzaba un total de 288.000 puestos de trabajo, 44.000 más que en 2011, que en porcentajes significa pasar de un 13,1% a un 15,1%, tal y como muestran los datos de Exceltur y Turismo Comunidad Valenciana”. Unas cifras récord que no se han trasladado a los trabajadores, como apuntan los estudios. El debate queda, una vez más, en manos de las Corts Valencianes.