La imputación de Oltra por la gestión de su departamento en el caso de los abusos pone en apuros al tripartito valenciano

Los “indicios plurales” de una supuesta maniobra de Mónica Oltra para “beneficiar la situación procesal” de su exmarido (condenado por abusos a una menor tutelada por la Comunidad) o para “proteger” su propia carrera política –además de alguna equívoca declaración en sede parlamentaria y ante la prensa– han inclinado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) a citar como investigada a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. La imputación abre la crisis más profunda del Gobierno del Pacte del Botànic en dos legislaturas.

La situación de Oltra, peso pesado indiscutible de Compromís en el Gobierno valenciano, se complica a poco menos de un año para las próximas elecciones autonómicas. El entorno de la vicepresidenta se escuda en que sufre una suerte de lawfare de la extrema derecha y, si bien es cierto que las acusaciones están formadas por un líder ultra y una fundadora de Vox, además de la propia formación de Santiago Abascal, uno de los magistrados que componen la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV es el exfiscal Vicente Torres, muy respetado por su trayectoria contra la corrupción. El juez instructor de la causa, el magistrado Vicente Ríos, también ha protagonizado investigaciones como la del 'caso Emarsa', que desmanteló una trama de corrupción del PP en la gestión del agua y que se saldó con severas penas de prisión.

Mientras que el presidente Ximo Puig aseguraba, poco después de conocerse la imputación de Oltra, que la decisión del TSJ-CV no pone en riesgo el Pacte del Botànic (el acuerdo de gobierno entre el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem), varias fuentes consultadas en el seno de las formaciones que sostienen el Ejecutivo autonómico muestran en privado su desconcierto por la poca capacidad de reacción de la vicepresidenta y portavoz del Consell ante la delicada tesitura judicial que afronta.

La oposición, entretanto, vienen denunciando desde el inicio de la instrucción la posición insostenible de Oltra y recuerda que la dirigente de Compromís pidió la dimisión de un buen número de cargos populares durante el Gobierno de Francisco Camps a cuenta de sus imputaciones en casos de corrupción.

“Ningún hecho concreto”

Tras un contundente escrito de la fiscal superior, Teresa Gisbert, en el que reprochaba al departamento de Oltra su “nula voluntad” de esclarecer la denuncia de la menor, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV ha decidido citar a declarar a la vicepresidenta del Gobierno valenciano. La defensa de Mónica Oltra, por el contrario, sostiene que las afirmaciones del juez instructor en su exposición de motivos “no se sustentan en ningún hecho concreto”. Las alegaciones de la vicepresidenta consideran que la investigación contiene un “marcado cariz prospectivo y con finalidad notoriamente espuria”. Todos los cargos de su departamento que han pasado por el juzgado, según recuerda el escrito, han declarado que no recibieron instrucciones para orientar sus intervenciones en el expediente interno abierto en el departamento de la vicepresidenta, un expediente que vino a confirmar la reacción inicial de no conceder credibilidad a la denuncia de la menor contra el exmarido de Oltra.

El sucinto auto del TSJ de la Comunidad Valenciana contiene dos párrafos clave. “Puede que los diferentes trámites y expedientes llevados a cabo en el seno de la conselleria, considerados en abstracto y de una forma aislada no puedan entenderse ilegales e incluso irregulares, pero si los valoramos en su conjunto poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad, ya nos hace pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto, completamente alejados de la finalidad para los que fueron concebidos, al estar según nos relata el instructor, todos ellos vinculados de una manera directa a un propósito muy preciso, ya de una muy dudosa legalidad, cual es beneficiar la situación procesal del marido de la señora Oltra, o bien sencillamente tratar de proteger la carrera política de esta, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad”.

El TSJ-CV considera que existen, al menos, indicios de que Oltra supuestamente ordenó la apertura de un expediente interno para desacreditar la versión de la menor cuando los hechos ya estaban judicializados (una suerte de investigación paralela). “Cierto que no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada, pero sí que concurren unos indicios plurales, que en principio hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin, tanto por la persona a quien directamente beneficiarían como por la propia relación que presentan con la evolución del proceso penal que trataron de obstaculizar”, señala la resolución. 

El tribunal recuerda además la doctrina del Tribunal Supremo y del Constitucional que avala esta modalidad de prueba para desvirtuar la presunción de inocencia. A los “indicios plurales”, el auto agrega las declaraciones públicas, tanto en sede parlamentaria como ante los medios de comunicación, en las que Oltra “se atribuye la orden de la incoación del expediente reservado, las cuales aparecen contempladas entre los indicios plurales”. Aunque la dirigente de Compromís matizó sus palabras (“en ningún momento se deduce que ordenase la apertura de ningún expediente informativo”, aducía en sus alegaciones), aquellas declaraciones suponen un lastre para la defensa de Mónica Oltra.

El auto también tilda de “increíble” la declaración de uno de los investigados según la cual se enteró de que el trabajador social denunciado por los abusos era el exmarido de Oltra, cuando la propia consellera, “por un afán de transparencia al inicio de su mandato”, comunicó en su departamento “tanto oralmente como por escrito” su relación con Luis R. I. Los magistrados consideran que era una “circunstancia perfectamente conocida en ese ámbito”.

La menor, junto con su entonces pareja, denunció con “miedos” ante agentes del Grupo de Menores de la Policía Nacional los abusos (después de que el centro en el que estaba tutelada, del que quería salir para irse a vivir con los padres de su novio, no creyese su versión) al ser el educador “marido de una persona muy importante que salía en la tele por lo que temían que no les fueran a hacer caso”, según dijeron. “Lo que hace sospechar igualmente”, agrega el auto, “que en contra de lo afirmado [Oltra] conoció estos hechos desde el principio, bien por comunicación de alguno de sus subordinados, bien por sencillamente comentárselo su marido, con quien no olvidemos en esos momentos convivía”. 

La Sala de lo Civil y Penal recuerda que la condena del exmarido de Oltra por los abusos a la menor pende de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), una situación que “quizá impida hablar” de un delito de encubrimiento por parte de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, y que “en caso de adquirir firmeza la resolución [del TS] podría igualmente valorarse en un futuro”. La decisión del alto tribunal no obsta que el TSJ-CV valore los delitos que le imputa a Oltra la Fiscalía por “impedir una investigación” y no blindar a la menor con “la debida protección”.

Tres jueces y un destino

Así, resulta indiferente la resolución final del TS sobre el recurso del exmarido de Oltra “ya que lo trascendente es la pantalla dispuesta con el fin de evitar” la investigación de los abusos que denunció la menor y su victimización secundaria. El TSJ-CV asume además la integridad de la causa, en la que figuran 13 investigados entre funcionarios de la conselleria y trabajadores del centro de menores, además de Mónica Oltra.

El auto considera que se da una “conexidad inescindible”. Si se enjuiciase por separado (la aforada Oltra en el TSJ-CV y el resto de investigados en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia) podría haber resoluciones “contradictorias”, además de propiciar una “posición procesal realmente compleja”.

El TSJ-CV ha nombrado instructor de las diligencias al magistrado Antonio Ferrer, acompañado en la Sala de lo Civil y Penal por la presidenta Pilar de la Oliva y por el exfiscal anticorrupción Vicente Torres. El futuro (penal y político) de Mónica Oltra, citada a declarar el próximo 6 de julio, queda en manos de estos tres jueces. La vicepresidenta, según fuentes de Compromís, no se plantea dimitir. Ni siquiera abandonar la portavocía del Ejecutivo valenciano.