Raúl Ibáñez Fos, directivo nombrado por Compromís al frente del área de Administración General de Divalterra (antigua Imelsa) e investigado en el marco del caso Alquería, ha seguido la línea de defensa de otros imputados y ha apuntado al jefe jurídico de la Diputación de València, Jose Luis Vera, que ni está investigado en la causa ni se le espera.
Ibáñez, miembro de Compromís en Sueca, “ni es autoridad ni funcionaria pública, ni ha dictado resolución alguna en asunto administrativo, por lo que no debería haber sido nunca investigado” por un delito de prevaricación administrativa, según un escrito de su defensa al que ha tenido acceso elDiario.es. La misma argumentación sirve, argumenta el escrito, para el otro delito del que se le acusa (malversación).
El militante de Compromís firmó su contrato de alta dirección el 4 de noviembre del 2015, rubricado por el entonces gerente José Ramón Tíller. El escrito, que solicita el sobreseimiento libre o provisional de la causa para Ibáñez, aporta el correo electrónico en el que Vera da la bienvenida al nuevo jefe del área de Administración General de Divalterra y le explica, a grandes rasgos, el organigrama y las funciones de los puestos directivos.
Vera, según sostiene el escrito, “con sus conocimientos jurídicos era perfectamente consciente en aquel entonces del tipo de contrato que la dirección de Imelsa había elegido, que era totalmente legal, y de las funciones que Ibáñez iba a desarrollar”. “¿Por qué motivo iba a dudar al firmar su contrato de trabajo que este era ilegal?”, se pregunta. El militante de Compromís desempeñó sus funciones como responsable del departamento de Servicios Generales de Administración hasta su destitución el 24 de marzo del 2018.
Así, Ibáñez desconocía hasta el momento de su cese la “polémica que existía sobre los contratos de alta dirección” y los informes jurídicos. “El único motivo” por el que Ibáñez está siendo investigado, lamenta el escrito, “es por haber firmado un contrato de trabajo y haber desarrollado todas y cada una de las funciones que se le encomendaron durante su vida laboral en Divalterra”.
El investigado rescata en su escrito un informe sobre el contrato de alta dirección firmado por Vera el 14 de junio del 2016 en el que indica que las decisiones que tomó la gerencia “fueron adoptadas con las cautelas necesarias y apoyándose en asesoramientos jurídicos bastantes en cada caso”. “Cabe recordar que estamos tratando en un procedimiento penal cuestiones que ni para la jurisdicción contencioso administrativa están claras”, apostilla el escrito.
El mismo argumento sobre los informes positivos de Vera lo usó la cogerente de Compromís, Agustina Brines. Tras la declaración de Brines, en la que sostuvo que el jefe de Jurídico no puso reparos a los contratos de alta dirección que investiga la causa, Ricard Gallego, exjefe de gabinete de Jorge Rodríguez en la institución provincial, pidió al juez, sin éxito, que citara a declarar a Vera. El magistrado tan sólo aceptó una nueva declaración del propio Gallego.
El letrado José Luis Vera produce amor y odio a partes iguales en las filas de su partido y de sus socios de Compromís. El exgerente de Imelsa, Víctor Sahuquillo, advirtió a Jorge Rodríguez en un e-mail profético que figura en el sumario de que Vera de guiarse por intereses “ajenos a lo que representa el PSOE”. Vera no ha sido nunca investigado en la causa. La instrucción del caso Alquería, tal como informó este diario, está prácticamente finiquitada.