El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado por medio de su cuenta de Twitter (@TSJCV) que el alcalde de Paterna, el popular Lorenzo Agustí, y otros cinco ediles (María Florentina Villajos, Elena Martínez, Sara Álvaro, Vicente Sales y Alfonso Romero) tendrán que prestar declaración en el juzgado número 6 de la localidad valenciana los próximo 1 y 2 de octubre en calidad de imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con varios contratos relacionados con una empresa municipal.
El juzgado abría una causa contra los seis miembros del equipo de gobierno tras la denuncia presntada por Fiscalía a raíz de otra presentada por el grupo municipal de Compromís en el ayuntamiento de Paterna. Según el texto de la denuncia, estos contratos no se ajustan al objeto social de la empresa ni han sido adjudicados por el procedimiento administrativo adecuado.
Según publicaba El País, la imputación se refiere al gasto de 628.000 euros en marketing por medio de la empresa Gestión y Servicios de Paterna (Gespa) aprobado en mayo de 2013, pese a los informes contrarios del interventor y la secretaria municipal, para el desarrollo de un plan de 'marketing global' relacionado con la puesta en marcha de una Zona Franca en la localidad y que incluía gastos en vestuario y modelos, montaje de platós, azafatas, traducciones a idiomas como el chino, coeano, árabe o ruso...