Un joven de Burjassot (València) tendrá finalmente que declarar como investigado en el juzgado de Instrucción número 4 de Paterna por haber replicado la web del referéndum que el Tribunal Constitucional había suspendido -no prohibido-. Un grupo de ocho policías nacionales y el secretario judicial registraron el pasado 22 de septiembre el domicilio de Daniel M.M., de 21 años de edad, y se incautaron de dos discos duros y su móvil personal, que todavía no le han devuelto.
La jueza de guardia que realizó la operación de entrada y registro a la vivienda del joven considera que Daniel es el “cabecilla” de un “movimiento” que intentó replicar las webs de la Generalitat para el referéndum del 1-O “empleando el código fuente publicado”.
La policía también asegura que la red de apoyo en internet al referéndum estaba coordinada por Daniel. Varios de los interrogados por la policía en Catalunya se han personado en la investigación que realiza el juzgado de Instrucción número 4 de Paterna. Todo el operativo, al parecer, en el caso de este clonado de webs habría salido de este juzgado valenciano, aunque la mayoría de actuaciones se han realizado en Girona, Tarragona y Barcelona.
Según el atestado policial que publicó eldiario.es, la policía considera a Daniel como organizador de la “proliferación incontrolada de clonados de los sitios web www.referendum.cat y www.garanties.cat”. Y que “ayudó a su vez a expandir un proceso de desobediencia a la legislación vigente y radicalización, que va más allá del territorio de la Comunidad Autónoma de Catalunya, generando a su vez un sentimiento de impunidad en los participantes en esta conducta y la correspondiente alarma social”. Por ello, la juez le imputa un delito de desobediencia que el titular del juzgado ha mantenido para su interrogatorio del próximo 8 de febrero.
En un auto más que cuestionable, la jueza de guardia justificó el registro de la vivienda de los padres del joven con la lucha contra el crimen organizado y las drogas. Una motivación que el abogado defensor de Daniel, que se negó a declarar ante la policía, considera un error de “copia y pega”.
En caso de no presentarse el próximo 8 de febrero o no justificar su ausencia, la citación se podría convertir en una orden de detención.