“La falta de designación de coordinadores de seguridad y el no haber propiciado la elaboración de un estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en la fase de redacción de los proyectos de construcción son hechos que en el acta quedan tipificados como una infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales”.
Así de contundente reza la resolución de la Dirección General de Trabajo que realizó una inspección tras el siniestro del 27 de junio de 2017 en el que un operario falleció tras precipitarse durante el montaje del graderío de los conciertos de la Gran Fira de Juliol que organiza el Ayuntamiento de València cada año en Viveros.
Este procedimiento administrativo se abrió de forma paralela a la investigación judicial que sigue abierta en los tribunales.
El documento concluye que la contratación del graderío se hizo de forma precipitada y que no contaba con los informes de prevención necesarios por lo que impone una sanción de 40.986 euros.
Al respecto, fuentes consultadas por eldiario.es han comentado que el Ayuntamiento ha pedido que se compense la cuntía de la multa con la deuda que tiene la Generalitat con la corporación local.
Así lo ha denunciado este jueves en el transcurso del pleno municipal el portavoz del grupo del PP, Eusebio Monzó, quien ha acusado al equipo de Gobierno municipal que dirige Joan Ribó de tratar de ocultar la sanción a través de una partida presupuestaria en la última modificación de créditos.
Monzó ha criticado que en su momento tanto el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, como el alcalde de València, Joan Ribó, trataron de desvincular al Ayuntaminto de cualquier tipo de responsabilidad: “Queda claro tras esta sanción que el Ayuntamiento sí es responsable y es un asunto muy grave”, ha afirmado Monzó.
El portavoz popular ha vuelto a exigir que el Ayuntamiento se persone en la causa judicial una vez ha quedado acreditado que sí ha existido una responsabilidad municipal.