El interventor del 'caso Taula' avaló la mesa de contratación “inaudita” del pelotazo de 43 millones de Zaplana y Cotino en las ITV de la 'trama Erial'

El interventor de la Generalitat Ricardo Camarena Gil aparece entre bambalinas en dos de las presuntas tramas de corrupción más graves que investigan los juzgados valencianos: el 'caso Taula', en el que ha declarado como testigo a la espera de una segunda declaración, y el 'caso Erial', en el que aparece en el momento justo y en el lugar adecuado, según un informe de la Agencia Antifraude.

El miércoles 5 de noviembre de 1997 nació la presunta trama de corrupción del 'caso Erial'. Aquel día, la última sesión de la mesa de contratación del concurso de las ITV adjudicó cinco lotes, uno de los cuales fue para la familia Cotino. Sedesa, la empresa familiar, ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión de 25 años, prorrogables a 75. Fue el pistoletazo de salida de la presunta trama capitaneada por el exministro Eduardo Zaplana. La mesa de contratación era “insólita”, según un informe de la Agencia Antifraude que figura en el sumario del 'caso Erial'. El presidente de la mesa que iba a decidir el pelotazo era precisamente el jefe de gabinete de Zaplana, investigado en la causa por cobrar en el extranjero 3,5 millones de euros en presuntas comisiones, según la UCO.

En las tres primeras sesiones –17 y 23 de julio y 6 de agosto– de la mesa de contratación participa el funcionario Joan Tamarit i Llop como representante de la Intervención Delegada pero en la última sesión del 5 de noviembre “asiste un nuevo interventor delegado, Ricardo Camarena Gil”, según destaca el informe encargado a Antifraude sobre las irregularidades en la vertiente administrativa del pelotazo. 

Tamarit i Llop fue sustituido “dos horas antes de la mesa”, según recuerda el interventor en una conversación telefónica con este diario. “Si las actas se hicieran bien, yo estaría allí”, afirma. El interventor fue cesado poco después (el 22 de octubre) junto a varios fiscalizadores más, según el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. ¿Acaso fue una 'purga'? Tamarit i Llop lo niega (desde aquella época está destinado en la Acadèmia Valenciana de la Llengua). El acta de la sesión del 5 de noviembre de 1997 a la que asistió Camarena en sustitución de su compañero de la Intervención ni siquiera está firmada por el presidente o por el vicepresidente de la mesa de contratación “que, no obstante, aparecen como asistentes a la sesión”, según Antifraude.  

La adjudicación de las ITV, teniendo en cuenta el volumen de ofertas, se hizo con una “inusual celeridad”, señala el informe de la Agencia Antifraude incluido en el sumario del 'caso Erial'. “De acuerdo con la experiencia de la práctica administrativa es de reseñar la asombrosa inmediatez y celeridad que concurre en el presente procedimiento de contratación”, destaca Antifraude, que también insiste en que “resulta peculiar que en el mismo día se realizaran, de forma simultánea, varios trámites administrativos complejos”. La mesa no pidió “asesoramiento de carácter técnico” y además la existencia de la figura del vicepresidente es “inaudita” ya que, según Antifraude, no existe en la legalidad vigente. “En opinión de esta Agencia solo podría venir a servir para aumentar la representación y control político de la Mesa”, apostilla el informe.

Ricardo Camarena, el segundo interventor que avaló la mesa de contratación de la millonaria adjudicación, inició pocos años después una carrera empresarial que le ha llevado a mantener cargos societarios en una decena de mercantiles sin tener la compatibilidad. Camarena, que fue nombrado a dedo interventor de la Diputación de València por Alfonso Rus durante la época de mayor saqueo, también ha sido socio de otra interventora de la Generalitat, Paula Cosin Vila.

El interventor, actualmente destinado en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha declarado como testigo en el marco del 'caso Taula'. Camarena reconoció que la fiscalización que ejerció se limitó a subcontratar las cuentas anuales de Imelsa, la empresa pública capitaneada por Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero'. El juez ha citado de nuevo a declarar al funcionario, en condición de testigo para que aclare sus “aparentes contradicciones”.