Juan Carlos Gómez, el interventor del Estado designado en funciones de auxilio judicial en el 'caso Gürtel', desglosó este miércoles en el juicio de la Audiencia Nacional la mecánica usada por la trama: “Fraccionar las facturas para que cante menos”, dijo a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.
Las declaraciones de los interventores suelen ser demoledoras en las causas de corrupción, a favor de las tesis de las acusaciones. Sin embargo, la sesión de este miércoles, precedida por las comparecencias de los investigadores policiales, ha tenido un momento muy favorable para la defensa de Francisco Camps. La fiscal anticorrupción ha preguntado al perito si un presidente autonómico tiene capacidad para contratar. “Desde el punto de vista administrativo, pienso que es igual que la presidenta de la Comunidad de Madrid o el presidente del Gobierno, no tiene competencia para contratar”, contestó.
La representante del Ministerio Público insistió sobre si Camps, como jefe del Ejecutivo autonómico, pudo dar “alguna sugerencia o directriz” y el interventor respondió: “Desde el punto de vista administrativo, no. [Desde el punto de vista] político, no lo sé”.
Por otro lado, la singular comparecencia del exdirector general de la Abogacía durante el Gobierno de Camps, confirmó que el Ejecutivo autonómico del PP usó en 2010, en los albores de la causa, a un alto cargo para contrarrestar el informe clave de la Intervención del Estado.
Emilio Torrejón, visiblemente molesto y abatido, desveló que su jefa, la entonces abogada general, Isabel Villalonga, le encargó —oralmente— un informe para contrarrestar la pericial elaborada por el testigo que comparecía a su lado. “Estoy indignado”, afirmó el exalto cargo de Camps, actualmente destinado en la Conselleria de Educación tras una temporada trabajando para el Gobierno de Andorra.
El interventor del Estado, por su parte, repasó cada uno de los contratos que se enjuician en esta pieza del 'caso Gürtel', algunos muy llamativos. Una guía de la comunicación encargada de Presidencia fue subcontratada a una empresa por 24.000 euros mientras la red 'Gürtel' ingresó 48.000 euros, ha destacado.
El interventor también destacó los correos electrónicos en los que funcionarios de la Generalitat Valenciana instaban a la empresa Orange Market, filial de 'Gürtel', a cambiar los conceptos de las facturas.
Un video promocional encargado por la empresa pública Vaersa fue adjudicado sin que existiera un expediente de contratación. “No hay como tal un expediente de contratación, no hay orden de inicio ni pliegos ni invitación a otras empresas”, dijo el testigo. De hecho, la trama empezó a trabajar en el encargo “con antelación” a la fecha oficial de adjudicación.
El trabajo de la red en la edición de 2005 del Open de Tenis fue abonado por la Fundación la Luz de las Imágenes, una entidad pública financiada por la Generalitat. “El objeto de la fundación no tiene vinculación directa con la promoción deportiva”, recordó el interventor, quien también destacó los “conceptos genéricos” que incluían las facturas. En la siguiente edición, en la que Orange Market facturó en total más de 120.000 euros, la propia fundación pidió a la trama que modificara el concepto de las facturas.
Un “exceso” a favor de 'Gürtel' de 1,2 millones
Las facturas se registraron en la Conselleria de Educación y Deportes “correlativamente, una detrás de otra”, lo cual denota un “fraccionamiento del objeto del contrato”. Incluso antes de registrarse oficialmente, se hicieron llegar a un funcionario del departamento autonómico, según revelaron los correros electrónicos intervenidos.
En los contratos adjudicados por la Conselleria de Bienestar Social, dirigida por Alicia de Miguel, “no hay orden de inicio [del expediente] ni pliegos, no consta fehacientemente cartas de invitación a las empresas, lo único que está son los presupuestos”, detalló el interventor.
El testigo perito cifró, a preguntas de la acusación que ejerce la Generalitat Valenciana, un “exceso” a favor de Orange Market, en comparación con un “proveedor normal” de los servicios, de “más o menos, 1,2 millones de euros”.