- El actual viceinterventor de Control Financiero de la Generalitat ha realizado un informe para el juzgado de Instrucción número 17 de Valencia que concluye que “no hubo perjuicio económico” en una infraestructura que se continúa pagando
Un informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana ha dado un vuelco inesperado a la investigación sobre los sobrecostes en el circuito urbano de la Fórmula 1. Cuando la jueza instructora había decidido procesar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por malversación y prevaricación por estas obras, el informe del auditor público entregado recientemente provocó que el fiscal Anticorrupción solicitara el archivo de la causa por prescripción de los delitos al no haber suficiente perjuicio económico para el agravante.
Este informe del auditor público clave cambió la versión del Ministerio Público al pasar en tres meses de acusar al expresidente de la Generalitat y a otros imputados a pedir el archivo por prescripción de los delitos. La Abogacía de la Generalitat pedirá con casi total seguridad la apertura de juicio y la Conselleria de Infraestructuras ya prepara un ampliación del informe pericial porque, aseguran fuentes conocedoras del caso, que el interventor se ha dejado más de 40 millones por cuantificar de costes del circuito. Además, señalan, nadie ha acreditado que se hayan reintegrado los más de 90 millones de euros que costó el circuito urbano.
El autor del informe que ha puesto patas arriba la segunda causa de la Fórmula 1 -la primera también fue archivada a petición de la instructora y sin recurso del fiscal- es Ignacio Pérez López, viceinterventor de Control Financiero y Auditoría de la Generalitat. Según su propio currículum vitae, Pérez López fue interventor delegado de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y posteriormente de la Conselleria de Infraestrcuturas en los momentos clave de la construcción del circuito. Es decir, era quien supervisaba los gastos y la consecución de préstamos entre los años 2007 y 2009 en estos departamentos.
Según la información en poder de eldiario.es, Ignacio Pérez López era auditor en Hacienda cuando se aprobaron los créditos extraordinarios para la construcción del circuito urbano que concluyó en el verano de 2008. Esos préstamos, como ha venido contando este periódico, se continúan pagando en la actualidad.
Este periódico se ha puesto en contacto con Pérez López pero ha declinado contestar las preguntas propuestas sobre una posible incompatibilidad o sobre si se tenía que haberse abstenido de elaborar el informe para el juzgado y ha remitido al gabinete de prensa. Así, según han explicado, desde Intervención General consideran que Ignacio López Pérez “está totalmente legitimado para formar parte del equipo redactor del informe enviado al juzgado, tal y como ha considerado la jueza y las partes implicadas en el caso”. “Intervención le propuso a la jueza un equipo de trabajo formado por un interventor y unos peritos seleccionados todos ellos en función de la materia que se trata”, ha argumentado.
El viceinterventor de Control Finaciero y Auditoría de la Generalitat ha sido una pesadilla para la mayoría de izquierdas de las Cortes Valencianas. Pérez López fue el compareciente que en la comisión de investigación sobre el agujero millonario en la empresa Ciegsa -la empresa de construcción de colegios- desmintió las cifras denunciadas por PSPV, Compromís y Podemos. Esta declaración fue la que dio alas al PP para defender los argumentos de que Ciegsa nunca tuvo un agujero de mil millones.
Pérez López inició su carrera profesional como auditor público en la Intervención del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa. De ahí y gracias a una administración controlada por el Partido Popular consiguió su entrada en el cuerpo autonómico siendo interventor delegado de la Conselleria de Medio Ambiente. En la actualidad tiene uno de los mayores rangos dentro de la Generalitat.