El expresidente socialista de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, se sentará en el banquillo de los acusados por el caso Alquería. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Rodríguez y más de una decena de antiguos cargos de la institución provincial por las contrataciones de altos directivos en la empresa pública Divalterra (heredera de Imelsa, auténtico epicentro del caso Taula).
El magistrado señala como órgano competente para el fallo de esta causa a la Audiencia Provincial de Valencia. Los acusados tienen diez días para presentar sus escritos de defensa. El auto requiere responsabilidades civiles que alcanzan en total los 862.180 euros. Rodríguez, su jefe de gabinete Ricard Gallego, el asesor Manuel Reguart, el exgerente José Ramon Tíller y la ex cogerente Agustina Brines son responsables solidarios de los salarios percibidos por los directivos (y no de las indemnizaciones).
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público para Jorge Rodríguez. En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal recuerda que el secretario del Consejo de Administración, Vicente Boquera, rechazó desde el principio la contratación de los altos directivos al no cumplirse los principios de publicidad, mérito y capacidad.
Los procesados, según el fiscal Pablo Ponce, “idearon y ejecutaron” las contrataciones “al margen del Consejo de Administración y al margen de cualquier proceso de selección pública donde interviniese el mérito y la capacidad, imposibilitando el acceso a un puesto de trabajo a ciudadanos que no tuviesen vinculación política o de amistad con los acusados”.
El expresidente de la Diputación, su asesor Manuel Reguart, el gerente José Ramón Tíller y la cogerente Agustina Brines “fueron diseñando un sistema artificioso de áreas de dirección, costoso para la empresa pública e inútil e ineficaz para el cumplimiento de los fines públicos que realmente realizaba”, con la “exclusiva voluntad de favorecer a los miembros, afines o simpatizantes” del PSPV-PSOE y de Compromís.
Los acusados, destaca el fiscal, contrataron a los directivos sin “ningún expediente de contratación, informe de necesidad, ni solicitud de existencia de crédito o consignación presupuestaria”. El escrito de acusación repasa los nombramientos de los siete directivos y destaca que no cumplieron funciones de alta dirección y que no tenían “capacidad real” en materia financiera o de contratación.
Anticorrupción reprocha a Ricard Gallego, jefe de gabinete de Jorge Rodríguez, que asistiera al Consejo de Administración de Divalterra y que, concretamente en el celebrado el 15 de noviembre de 2016, “mandó callar al auditor interno Alejandro Muñoz, siguiendo las decisiones de su jefe dado que el informe que presentaba ponía en evidencia la gestión adecuada de los fondos públicos”. El fiscal sostiene que Gallego le llamó repetidas veces “hijo de puta”, algo que el jefe de gabinete de Rodríguez, consultado por este diario, niega rotundamente.
“Sabedores los acusados de su arbitrario e ilegal proceder”, continúa el escrito, “fueron encargando sucesivos informes jurídicos a diferentes entidades y profesionales con la finalidad de amparar su actuación”. Los informes, todos desfavorables a las contrataciones, “se ocultaron” a los miembros del Consejo de Administración, sostiene el escrito, que también destaca la creación de un Consejo de Dirección con la supuesta intención de controlar la empresa pública “para sus fines” y “evitar cualquier disidencia”. El fiscal tilda el órgano de “estructura de gobierno paralela”
El nombramiento de Jorge Cuerda, por mandato del presidente de la Diputación, como secretario del Consejo de Administración de Divalterra supuso la destitución de José Luis Pellicer, quien “en reiteradas ocasiones se había negado a informar favorablemente la contratación como personal de alta dirección”. El fiscal defiende que Pellicer y José Luis Castellote, director económico de Divalterra, recibieron presiones para avalar las contrataciones. Ambos denunciantes del caso fueron nombrados por el autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, cuando era gerente de Imelsa (antigua denominación de Divalterra).
En 2017, se nombró al nuevo gerente de Divalterra, Xavier Simón, y los responsables de la institución provincial intentaron contratar a dos nuevos altos directivos, a pesar de los informes jurídicos externos en contra, encargados por la propia Diputación. Así, la contratación fue “manifiestamente ilegal y perjudicial para los intereses de la empresa, siendo conscientes de ello las personas acusadas”. El coste de las contrataciones para las arcas públicas ascendió, según los cálculos de Anticorrupción, a 1,1 millones de euros.
El fiscal solicita el sobreseimiento provisional de la causa respecto a Pau Pérez, cuya contratación como responsable del área de Turismo era competencia de la propia Diputación de Valencia y no de la empresa pública. Se trata, pues, de una “verdadera contratación”, concluye el escrito de acusación.