El juez de Taula también imputa a Rus por el 'call center' de la Diputación
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana, ha abierto tres nuevas piezas separadas y ha acordado prorrogar el secreto de sumario sobre dos de ellas y sobre la pieza principal en tanto que aún no se ha concluido el volcado del material informático intervenido por la Guardia Civil en los distintos registros.
En concreto, el magistrado ha resuelto desgajar de la parte central de las diligencias los hechos relacionados con el servicio de atención multicanal a los contribuyentes, el call center, que la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación, adjudicó a Servimun.
El empresario Mariano López, exyerno de Marcos Benavent, el yonqui del dinero, se encontraba al frente de la empresa Servimun, que gestionaba del 'call center' provincial -servicio de atención de llamadas de los ciudadanos-, empresa que se llevó la adjudicación en 2012 valorada en 2,26 millones pese a no tener experiencia previa, y también investigada por el presunto pago de comisiones ilegales, por lo que López quedó imputado durante la 'Operación Taula'. Salió con libertad bajo fianza de 500.000 euros.
De lo investigado hasta ahora, el instructor concluye que hay indicios de que tal adjudicación “pudo ser decidida” por el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, con la intención de favorecer al responsable de dicha empresa. En ese proceso, señala el auto, actuó como “intermediario connivente” el suegro del entonces gerente de Imelsa, Marcos Benavent.
En esa nueva pieza están investigados (antes imputados) Rus, Benavent y otras diez personas, entre las que figuran el diputado provincial delegado de Empresas Públicas, el director del área jurídica de Imelsa, el jefe de sección de la oficina de gestión tributaria, el jefe de unidad de procesos masivos tributarios, el jefe de sección de evaluación y planificación, el director financiero de Imelsa y el jefe de servicio de gestión tributaria.
El titular de Instrucción 18 les imputa delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental. A ocho de ellos se les tomará declaración los días 12 y 16 de septiembre. Rus comparecerá ante el juez este último día.
La investigación, según recoge el auto, apunta a que el expresidente de la Diputación habría contado con la “colaboración” del que fuera Jefe de Evaluación y Planificación de la Corporación Provincial para manipular el proceso de adjudicación “vulnerando el principio de imparcialidad que debe regir la contratación pública”.
Las supuestas irregularidades afectan no sólo a la “presunta adjudicación ilícita” del call center sino al “eventual incumplimiento” por parte de la empresa adjudicataria, Servimun, de las obligaciones estipuladas en el contrato por si tal incumplimiento “hubiera supuesto un daño o perjuicio patrimonial” al erario público. En esta pieza separada se investigan también facturas pagadas por Imelsa derivadas de contratos accesorios suscritos con varias empresas.
Las otras piezas separadas
Por otro lado, el juez ha acordado investigar también en una pieza separada del resto de la causa las supuestas irregularidades en los contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia para la restauración del patrimonio histórico monumental y las adjudicaciones para la celebración de la XVII Mostra de Valencia en 2006. Sobre esta pieza se alzará el secreto próximamente, cuando se incorpore al expediente copia de todos los documentos que ahora forman parte de la pieza principal.
Sobre la tercera pieza separada, el magistrado acuerda mantener el secreto “atendiendo a la naturaleza de los hechos”. En la resolución, notificada hoy a las partes, el juez hace extensiva esta medida (la prórroga del secreto hasta el 14 de agosto) a la pieza principal para “no comprometer el resultado de la investigación que se está llevando a cabo mediante el análisis de la información recogida tanto en la documentación escrita como en los dispositivos informáticos intervenidos”.
El magistrado explica que la información acumulada es muy “voluminosa”, que afecta a “multiplicidad de hechos” en un “prolongado periodo de tiempo” y a un “gran número de personas”, circunstancias, todas ellas, que condicionan el ritmo en el análisis documental sobre ciertas partes de la investigación.
En la misma resolución, el titular de Instrucción 18 avanza la posibilidad de que próximamente forme dos nuevas piezas separadas para investigar contrataciones de personal tanto en Imelsa como en Ciegsa, empresa pública dependiente de la Conselleria de Educación, piezas sobre las que también se alzaría el secreto una vez constituidas.
El Caso Imelsa se estructura en una pieza principal en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana y cinco piezas separadas: las tres constituidas ahora, que se suman a las ya formadas con anterioridad: una, sobre blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, recientemente ampliada al delito electoral, y otra, por las contrataciones ficticias de trabajadores en Imelsa.
