La juez que instruye el caso Emarsa ha ampliado el auto de apertura de juicio oral que redactó en noviembre de 2014 para incluir en su acusación al empresario Jorge Ignacio Roca Samper, considerado el cerebro de la trama, huido de la justicia durante años pero finalmente detenido y procesado.
En un auto, la magistrada Silvia Vivó considera que existen “indicios racionales de criminalidad” contra Roca Samper como cooperador necesario de un delito continuado de malversación de caudales públicos y como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Jorge Ignacio Roca Samper estuvo huido de la Justicia más de tres años, fue detenido en julio de 2015 en Moldavia, extraditado el pasado 15 de abril y tres días después la jueza, a petición de la Fiscalía, a la que se adhirieron todas las acusaciones, acordó prisión provisional comunicada sin fianza.
Su detención se produjo tres meses antes de que comenzara el juicio contra los otros 24 acusados de diseñar y participar de un entramado empresarial que durante al menos seis años (entre 2004 y 2010) detrajo alrededor de 23 millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa).
La jueza considera a este empresario responsable civil directo en la cantidad de 17,2 millones de euros, de forma conjunta y solidaria con los acusados Enrique Crespo, José Juan Morenilla, Ignacio Bernácer, Esteban Cuesta, Enrique Arnal, José Luis Sena, Enrique Sena y Vicente Ros.
En el mismo auto, la jueza ordena que se mantenga la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza para Roca, le informa de que dispone de veinte días hábiles para presentar escrito de defensa y reclama su comparecencia en el juzgado mañana a las 10 horas.
En el auto de apertura de juicio oral dictado por este mismo juzgado en noviembre de 2014 se dirigieron acusaciones de prevaricación, malversación, cohecho y falsedad documental contra veinticuatro acusados entre los que no estaba Roca Samper, por encontrarse en paradero desconocido, con orden de busca y captura internacional.
La instrucción de este caso ha determinado la existencia de una red de empresas que, al menos entre 2004 y 2010, actuó para detraer fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo.
Entre los principales imputados en esta causa están el expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo; el gerente de Emarsa de 2004 a 2010, Esteban Cuesta, y el director financiero de la empresa entre 1996 y 2010, Enrique Arnal.
También figuran el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), dependiente de la Generalitat, José Juan Morenilla; y el exjefe de departamento de Epsar, Ignacio Bernácer.
La Fiscalía ha pedido 14 años de prisión para Crespo, Bernácer y Morenilla, 12 para Cuesta y penas que van desde los 8 a los 2 años de prisión para el resto de los acusados.