El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha considerado probado que el ruido de los locales de ocio y hostelería de la calle Castaños de Alicante está “vulnerando los derechos fundamentales” de los vecinos. Por ello, ha instado al Ayuntamiento alicantino a declarar como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) dicha calle.
Así lo revela la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, tras un recurso por parte de dos vecinos ante el ruido en la calle Castaños de Alicante, que el magistrado estima íntegramente, aunque la resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación.
El juez declara la “vulneración de los derechos fundamentales” de los demandantes, vecinos del Centro Tradicional de la capital alicantina, y considera “responsable” al Ayuntamiento de Alicante.
Además insta al consistorio a “adoptar todas aquellas limitaciones y medidas que resulten pertinentes y que conduzcan a la recuperación de los niveles sonoros previstos por la normativa vigente en materia de ruido, tanto para el ambiente exterior como para el interior de la vivienda de los coactores, en un plazo de dos meses a partir de la firmeza de la presente resolución judicial”.
En los fundamentos de derecho, el magistrado cita y asume como propia una sentencia de 2019 del Juzgado Contencioso-Administrativo 4 de Alicante, que indica que en Alicante “se ha procedido a la apertura de gran cantidad de establecimientos dedicados al ocio y restauración” en el Centro Tradicional de la ciudad, que “congregan a gran afluencia de personas, especialmente los fines de semana, con la consiguiente molestia para los vecinos que ven perturbado de manera permanente, su bienestar e intimidad familiar”.
Dicha sentencia, señala que el perito, tras analizar los resultados de las mediciones realizadas por los aparatos de sonometría instalados por el Ayuntamiento de Alicante “los valores obtenidos superan ampliamente los mínimos requeridos para poder declararse zona ZAS el ámbito cubierto por los sonómetros analizados”.
En este sentido, apunta que, “frente a los sujetos que sufren los perjuicios derivados del ruido, se encuentran los sujetos activos del mismo -empresarios del sector servicios- o los beneficiarios de los mismos, que alegan en su favor el derecho a la libertad de empresa en el ámbito de la iniciativa económica, y el derecho al ocio respectivamente”.
Descanso, superior al ocio
“No podemos obviar que, en la tensión dialéctica medio ambiente- desarrollo económico, debe darse una ponderación de valores en conflicto, en el que el valor o principio del medioambiente se constituye como un límite legítimo a la actividad económica, en aras a salvaguardar el interés publico general”, añade, al tiempo que cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana de 2003 que estableció que “la libertad de empresa, en modo alguno puede tener un carácter absoluto, pudiendo verse limitada por otros derechos, como pueden ser en el presente caso el descanso, la salud, la intimidad y el medio ambiente, que este Tribunal, sin duda alguna, considera de rango superior al del ocio o al de la libertad de empresa”.
Además, expresa que el Ayuntamiento, que era “conocedor, por las múltiples denuncias y quejas presentadas por los vecinos, de que se estaban superando dichos niveles acústicos máximos”, ha permanecido “inerme, sin adoptar las medidas necesarias para paliarlos y recuperar los niveles sonoros previstos por la normativa y recomendados por la Organización Mundial de la Salud, tanto para el ambiente exterior, como para el interior de las viviendas”.
“El Ayuntamiento no tiene la facultad de decidir si declara o no declara la zona en cuestión como ZAS, sino que tiene la obligación de hacerlo por exigencias del principio de legalidad y el carácter irrenunciable del ejercicio de las competencias públicas, sin que pueda demorarlo más”, sostiene la sentencia, al tiempo que añade que el consistorio “tiene obligación de proteger a los vecinos de la zona, debiendo prevalecer las medidas de protección al ciudadano y no la de fomento del libre comercio”.
El juzgado, que asume “íntegramente” dicho planteamiento, precisa que esta sentencia se centra en la calle Castaños, que es donde tienen su domicilio particular los dos coactores, por lo que no se aplicará al resto del Centro Tradicional.
“Recuperación de niveles sonoros admisibles”
Por ello, el magistrado ve procedente “la petición de los coactores encaminada a que el Ayuntamiento de Alicante adopte las limitaciones y medidas que ha de conllevar la declaración como ZAS, y que conduzcan a la recuperación de niveles sonoros admisibles y dentro de la legalidad, tanto para el ambiente exterior como para el interior de las viviendas”.
“La declaración de ZAS interesada deviene exigible y obligatoria para el Ayuntamiento de Alicante, al venir impuesta por la Ley, debiendo indicarse que la declaración de ZAS responde a la justa necesidad de preservar los derechos a un medio ambiente adecuado a la vida, a la integridad física o moral, a la igualdad, a la intimidad personal y familiar, a la inviolabilidad del domicilio, a la salud, al descanso y a una vivienda digna de los ciudadanos afectados”, reitera la sentencia.
El Ayuntamiento estudia recurrir la sentencia
El vicealcalde de Alicante y portavoz adjunto del equipo de gobierno municipal, Manuel Villar, ha señalado que el consistorio está valorando si recurre o no la sentencia y ha afirmado que van a presentar un escrito de aclaración sobre cuestiones técnicas.
No obstante, ha afirmado que “con independencia” de que recurran o no la sentencia, van a “seguir adelante en tomar medidas que pide la sentencia, para defender el derecho de los vecinos al descanso”. “Vamos a tomar medidas tendentes a que ese descanso sea efectivo”, ha sostenido.
En este sentido, Villar no ha concretado medidas, pero ha apuntado que aprobarán la ordenanza de vía pública, así como un plan de ordenación para toda la zona del Centro Tradicional, ya que considera que “sería absurdo” centrarse únicamente en la calle Castaños.
Críticas de la oposición
Por su parte, el grupo socialista en el consistorio ha reclamado la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, en el marco de la Comisión de Servicios (que engloba Medio Ambiente) para dar cuenta de las actuaciones que prevé adoptar el Ayuntamiento para cumplir la sentencia.
El concejal socialista Raúl Ruiz ha sostenido en un comunicado que el alcalde “no puede seguir mirando hacia otro lado mientras se vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía”. “Si hemos llegado a este punto ha sido porque Barcala está instalado en la pasividad, hasta el punto que ni siquiera ha tenido voluntad de aprobar la ordenanza de ruido. Lleva cinco años posponiendo cumplir la sentencia de la Zona Acústica Saturada. Ahora, la justicia lo ha puesto contra las cuerdas y tiene que actuar”, ha recalcado.
El concejal socialista ha defendido que el problema de la saturación acústica “no se circunscribe” a la calle Castaños, sino que afecta a diversas zonas de Alicante. “Es inadmisible que el gobierno del PP esté pleiteando contra las asociaciones vecinales que han presentado recursos en los tribunales para defender su derecho al descanso”, ha reclamado.
“Lo que debe de hacer Barcala es no seguir bloqueando la ordenanza de ruido, porque es una herramienta fundamental para poder regular las Zonas Acústicas de Saturación y para crear la mesa del ruido, de forma que estos problemas se puedan abordar garantizando la participación de los vecinos y del sector del ocio”, ha subrayado, al tiempo que ha censurado que en los seis años que lleva el primer edil al frente del gobierno local “no ha hecho absolutamente nada”.
Por su lado, el portavoz del grupo municipal de Compromís, Rafa Mas, ha recalcado en un comunicado que llevan “mucho tiempo” advirtiendo la situación del ruido y ha denunciado que Alicante está “bajo el mando de un gobierno municipal que es un gobierno peligroso”.
“Gobierna contra las personas, contra la gente, contra nuestros barrios, nuestro entorno, que vulnera derechos fundamentales. Hoy hemos conocido un nuevo varapalo judicial contra esta administración local, uno judicial que dice alto y claro que en esta ciudad, este gobierno, está vulnerando derechos fundamentales tan esenciales y recogidos en la Constitución, como el derecho a la igualdad, a la integridad física y moral a la intimidad a la salud, al descanso, al acceso a una vivienda digna”, ha aseverado.
En la misma línea, ha defendido que los vecinos y vecinas del Centro Tradicional y Casco Antiguo “tienen razón”, porque considera que “no se puede vivir así con tanto ruido y con tanta degradación”. Por ello, ha pedido a Barcala que dé explicaciones, que no recurra la sentencia, que “no se posicione al lado del lobby empresarial y que actúe en favor de los vecinos y vecinas”. Igualmente, ha reclamado que “cese de forma fulminante” al concejal del área, Manuel Villar; así como que aplique el ZAS “tal y como marca la sentencia en este plazo de dos meses”.