El Juzgado de Instrucción número 18 de València ha acordado la apertura de juicio oral al concejal de Cultura Festiva y portavoz de Compromís en el Consistorio, Pere Fuset, y seis personas o promotores más, por el accidente laboral mortal en el montaje de las gradas para los conciertos de Viveros de 2017, en el que falleció un trabajador.
El instructor fija para el enjuiciamiento de la causa el juzgado de lo Penal de València que corresponda por turno y acuerda dar traslado de las actuaciones a las defensas para que en el plazo de diez días formulen acusación.
El juzgado, en un auto de este viernes facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, requiere a los acusados para que en 24 horas presten fianza conjunta y solidaria por importe de 450.000 euros para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse.
En el auto, contra el que no cabe recurso en la mayoría de los extremos acordados, se declara la responsabilidad civil directa de las aseguradoras y subsidiaria de los promotores y, entre otros, también del Ayuntamiento de València.
En este caso, Fiscalía no acusa a Fuset al entender que no era encargado de realizar las obras ni el promotor, mientras que la familia de la víctima reclama cinco años de cárcel para el edil por un delito contra la vida y salud de los trabajadores y un homicidio imprudente.
La Audiencia desestimó recientemente el recurso del concejal de Cultura Festiva, al que se adhirió la Fiscalía al no apreciar responsabilidad penal en su actuación.
El magistrado acuerda deducir testimonio por posible prevaricación (procedimiento similar a una denuncia) en los términos que, en este caso, sí había pedido el fiscal respecto a Fuset.
Esta parte de la resolución sí puede ser recurrida. El instructor recoge en el auto que, aunque no es precisa la deducción de testimonio ya que al apreciar indicios de delito cualquiera de las partes puede presentar denuncia, decide hacerlo al haberse concedido por parte de Fuset la explotación de servicios de hostelería a una parte sin seguir un procedimiento competitivo “a cambio de un trueque o compensación ilegítima por asumir el montaje de las gradas en el escenario”.
Este nuevo procedimiento contra Fuset se ceñiría, según confirmaron en su momento fuentes judiciales, a un delito de prevaricación en relación a la presunta concesión comercial que hizo el edil en los conciertos de Viveros de 2017, de tres barras de bar y cinco puestos de comida, a cambio del montaje de la grada. Según estima el ministerio público, esta decisión pudo ir en contra de la Ley de Contratos del Sector Público.