El proyecto de Ley de Función Pública no figura en el pleno del Gobierno valenciano de este viernes. La comisión de subsecretarios y secretarios autonómicos previa a las reuniones del Consell no lo incluyó en el orden del día como estaba previsto porque la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, que dirige Gabriela Bravo, se niega a que el departamento de Educación, Cultura y Deporte, que dirige Vicent Marzà y que tiene las competencias en la materia, participe en el desarrollo reglamentario del requisito lingüístico.
En la reunión del llamado consellet, que no estuvo presidida por la vicepresidenta Mónica Oltra, como es habitual, porque se encontraba de viaje, no se logró este jueves llegar a un acuerdo sobre el asunto y Compromís optó por pedir la retirada del punto del orden del día.
Una de las disposiciones finales del proyecto de ley establece que el requisito de conocimiento del valenciano por parte de los empleados públicos será objeto de desarrollo reglamentario mediante un decreto que establezca las competencias de conocimiento de la lengua propia en relación a las funciones que desempeñen los empleados al servicio de la Administración de la Generalitat. Y la Conselleria de Justicia se niega a que sea un decreto conjunto con el departamento de Educación.
Compromís propuso que, si no es un decreto conjunto, la dirección general de Política Lingüística, que está en el departamento de Educación y Cultura, forme parte de la comisión de desarrollo del requisito, a lo que también se niega el departamento de Administración Pública.
La tercera opción propuesta fue que para el desarrollo del requisito lingüístico sea preceptivo un informe de Política Lingüística de carácter vinculante, posibilidad que también rechazan los socialistas en el Consell. Ante esta situación, el secretario autonómico de Igualdad, Alberto Ibáñez, pidió que el proyecto no se incluyera en el orden del día del Consell.
Fuentes de Compromís en el Gobierno valenciano señalaron que la participación de Política Lingüística se pactó en el seminario de los consellers celebraron en Benicarló en enero de 2018, cuando se estudió el texto de la futura Ley de la Función Pública Valenciana. El requisito lingüístico ha sido objeto de debate por el nivel de conocimiento que ha de exigirse a los funcionarios y la proporcionalidad en relación con sus actividades, el periodo que debe darse para la obtención de las certificaciones de valenciano y la exención de su exigencia en ciertos ámbitos como la sanidad.