La ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2017 incluyó una modificación legal que eximía a los barcos humanitarios de pagar las tasas portuarias en los puertos públicos autonómicos no solo por labores de rescate, sino también “por necesidades de funcionamiento”, según el artículo 22 de esa norma que enmendó el artículo 4 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Generalitat, de tarifas portuarias. La Conselleria de Medio Ambiente, de la que depende la Dirección General de Puertos, resta importancia a esta normativa y defiende que la legislación solo ampara a los barcos humanitarios que recalen en puertos como los de Benicarló, Vinaròs o Borriana por labores humanitarias estrictas, por lo que estarían obligados a pagar y mantendrán el requerimiento de abono de los últimos cuatro años. De hecho, las 10 entidades sociales requeridas tendrán que pagar primero las tasas portuarias reclamadas de los años 2021 a 2024 (las anteriores han prescrito) y después ir a los tribunales.
El 'Aita Mari' y otros barcos de rescate de migrantes, junto a sus equipos jurídicos, se reunieron ayer con el director general de Puertos, Marc García Manzana, para abordar la situación. Fuentes de la Generalitat explicaron que darán “más tiempo” a las entidades para alegar y se les “explicó” la manera de justificar los recursos para poder reducir el montante total de las reclamaciones, “siempre que se justifique que se estaban realizando labores humanitarias”. Las mismas fuentes defendieron la legalidad de la actuación y criticaron la gestión del anterior Gobierno del Pacte del Botànic.
Por su parte, fuentes del 'Aita Mari' han explicado que en la reunión les han ofrecido hacer una ampliación del recurso presentado e incorporar nuevos elementos donde expliquen las razones por las que estarían exentos. “Esta ampliación no haría falta si no hubiera habido un cambio de interpretación del artículo. Seguimos sin compartir que se liquiden las tasas desde 2021 cuando la propia administración no nos las había reclamado. Si ahora cambian de criterio, lo que tendrían que hacer es notificar ese cambio de criterio”, han añadido las mismas fuentes del barco de salvamento marítimo. También les han asegurado, según las mismas fuentes, que la Generalitat “desconocía las labores que veníamos haciendo”. Una apreciación que les ha llamado poderosamente la atención por los años que llevan atracando en puertos de la Generalitat.
Pese al enroque del Gobierno valenciano actual, la modificación de la normativa de tasas de los puertos que entró en vigor el 1 de enero de 2017 podría convertirse en un punto estratégico en los recursos de las entidades humanitarias de cara a no tener que pagar unas tasas de manera retroactiva de las que estaban exentas. Más si la reclamación acaba en los tribunales. El punto dos del artículo 4 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Generalitat, de tarifas portuarias reza desde su modificación en 2016 que “quedan exentos del pago de las tarifas portuarias, el material y las embarcaciones de la Cruz Roja dedicados a las labores propias que tiene encomendadas esta institución, y de otras entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas, que por necesidades de funcionamiento deban situarse en dominio público portuario”. Tal y como han venido explicando los barcos de rescate humanitario, el uso de los puertos valencianos se dedicó a labores de mantenimiento, reparación o descanso de la tripulación, siempre dentro de las campañas de rescate de personas en el Mediterráneo.
María José Salvador, la que fuera consellera de Territorio con el Gobierno de Ximo Puig y actual portavoz adjunta del PSPV en las Corts Valencianes, fue la política que impulsó la modificación legislativa que amparó a los barcos de rescate humanitario durante los años del Pacte del Botànic y por la que nunca se cobraron las tasas portuarias a estos barcos. “Cuando llegamos al Gobierno vimos una petición que Médicos sin Fronteras le hizo al PP en 2014 en la que reclamaban esa exención de tasas para barcos humanitarios con motivos de paradas técnicas. El Gobierno de Fabra no les atendió, pero a nosotros nos pareció justo facilitar estas demandas y las incluimos en la ley”, ha explicado Salvador a elDiario.es. Salvador también se reunió ayer con los representantes del 'Aita Mari' y aseguró que la Conselleria de Medio Ambiente “está incumpliendo la ley”. Para Salvador, la Administración “no puede ser arbitraria y aplicar la ley a su antojo porque podría estar prevaricando”.
Además de los 60.000 euros al 'Aita Mari', la Agencia Tributaria Valenciana reclama también decenas de miles de euros a los barcos y sus entidades Open Arms, Sea Punks, Louise Michel, Sea Watch, Sea Humanity, Mission Lifeline, Resq People, SOS Humanity y Salvamento Marítimo Humanitario, que han rescatado a miles de personas de morir ahogadas en el Mediterráneo. Una derivada de estas reclamaciones podría ser que los barcos humanitario buscaran otras zonas y países para las paradas técnicas, lo que supondría también un golpe para la economía local de municipios como Benicarló o Vinaròs.