El marido de una diputada del PP renuncia al contrato de VPO de València por la “huida del capital necesario”

El Ayuntamiento de València ha decidido asumir la construcción de las 227 viviendas de alquiler social que adjudicó a un promotor inmobiliario, marido de una diputada del PP en el Congreso, tras su renuncia al contrato. El empresario Javier Timoner, cuya promotora ganó el 'supercontrato' para la construcción en cuatro parcelas de propiedad municipal (con unos beneficios limpios calculados en 155 millones de euros) ha renunciado a la adjudicación a consecuencia de la “huida del capital necesario” tras lo que considera “insidias” de la oposición municipal. El promotor inmobiliario está casado con Alma Alfonso, diputada y dirigente del PP de València y autonómico.

En una carta dirigida al consistorio, adelantada por Valencia Plaza y a la que también ha tenido acceso este diario, el empresario comunica con “profunda decepción” la renuncia y sostiene que el “aseguramiento de capital y la financiación externa previamente apalabrados que debían aportarse al proyecto (...) se han retirado”.

Timoner culpa a las “insidias y falsedades” que, a su juicio, habría expresado el portavoz socialista, Borja Sanjuan, quien aseguró que denunciaría ante el Síndc de Greuges y la Agencia Antifraude lo que consideraba un “pelotazo” adjudicado al marido de una dirigente del PP de València, presidido por la alcaldesa Catalá. Las opiniones de Sanjuan, según la carta del promotor, “han proyectado sombras sobre la honradez de quien ha concurrido a esta licitación pública, dispuesto a arriesgar su dinero en un proceso abierto y transparente”. Así, los inversores “han decidido retirarse del proyecto”, indica la misiva.

El promotor vincula la retirada de la “financiación previamente apalabrada” al “ruido mediático y la posibilidad de sufrir un linchamiento político por arriesgar también su dinero en este proyecto”. Javier Timoner anuncia que se reserva las “acciones civiles y penales, y muy especialmente de resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos y de protección del derecho al honor” y lamenta el “gran retraso” que, según dice, sufrirá la construcción de “hogares de alquiler asequible” para las “familias que tanto los necesitan”.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este martes que el ayuntamiento construirá las 227 viviendas de alquiler social, en cuatro solares municipales ubicados en Nou Moles y Faitanar. Catalá ha lamentado que la oposición “ahuyente” la inversión privada destinada a la construcción de vivienda protegida en un procedimiento “totalmente transparente y de pública concurrencia”, según ha afirmado en un comunicado.  

“No se conformaron en hacer solo 14 viviendas protegidas en los ocho de gobierno, con el balance más penoso de la historia de esta ciudad, sino que ahora se dedican a boicotear proyectos de viviendas protegidas”, ha agregado la primera edil.

El promotor, tal como informó elDiario.es, se presentó en solitario al proceso de licitación. El contrato, según el pliego de prescripciones técnicas, incluía tres parcelas en el barrio de Nou Moles del distrito de l'Olivereta, con una superficie total de 3.327 metros cuadrados, y una cuarta parcela —la R-15, de 1.728 metros cuadrados— en el sector de La Torre de los Poblados del Sur, un barrio situado al otro lado del nuevo cauce del Túria que quedó completamente arrasado por la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre.

La oposición reclama que la empresa municipal asuma la construcción

La oposición, por su parte, ha reclamado a Catalá que la empresa pública municipal Aumsa asuma la construcción de las viviendas. El portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuan, ha mostrado su satisfacción por que se haya frustrado el “pelotazo urbanístico de 155 millones que el gobierno del PP había adjudicado a Javier Timoner, marido de una diputada del PP en la ciudad e íntima amiga de María José Catalá”. Sanjuan ha propuesto que, “una vez fracasada la operación” tras su amago de denuncia sea la empresa pública municipal la que desarrolle directamente el suelo municipal y construya las viviendas públicas. 

“Estaban preocupados porque habíamos destapado la relación entre quien iba a recibir suelo público del Ayuntamiento de València y el partido que gobierna. Primero, trataron de esconderlo y ahora, cuando se ha sabido la verdad, corren a intentar zanjarlo de manera rápida”, ha afirmado Sanjuan. 

En este sentido, el portavoz socialista ha dicho “con orgullo, que el Partido Socialista le ha ahorrado a los valencianos que se aprovechen del problema de la vivienda que existe en la ciudad para que unos pocos puedan hacer negocio”.

Por otro lado, la portavoz de Compromís, Papi Robles, también ha pedido que la empresa municipal asuma “de manera urgente” la construcción de las 227 viviendas. “Catalá debe dejar de una vez por todas de jugar al Monopoly con nuestra ciudad para favorecer a los constructores privados”, ha aseverado Robles.

“La vivienda no puede ser un negocio para los especuladores. Y, menos, si los terrenos son públicos”, ha concluido la portavoz de Compromís.