Una ‘Marina d’Or’ de lujo en plena sierra protegida

Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, muchos de los señores del ladrillo descendieron a los infiernos atrapados por las deudas. Las urbanizaciones que teñían de cemento espacios naturales únicos y colmataban el territorio pasaron a mejor vida. Se firmó el acta de defunción del urbanismo depredador.

Las imágenes de urbanizaciones y bloques de pisos a medio acabar sentenciaron una actividad que ahora repunta. Aunque sin excesos. Sin embargo, proyectos gestados durante el frenesí inmobiliario aún se mantienen. Y se quieren llevar adelante. Es el caso de la urbanización de lujo planteada sobre la Sierra de Bèrnia por el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià (La Marina Baixa), gobernado por Compromís y PSPV-PSOE.

De la época de la burbuja

La idea de la urbanización no es nueva: su origen se remonta a finales de la década de 1990. Con los populares gobernando en el municipio, se proyecta una urbanización de 1,8 millones de metros cuadrados. El complejo residencial al más puro estilo Marina d’Or concentra un hotel, un helipuerto, varios campos de golf y 2.178 viviendas de chalets unifamiliares. La ubicación escogida: las faldas de la Sierra de Bèrnia, a escasos kilómetros de Altea.

La tramitación de la urbanización se hace entonces a través de un Proyecto de Adecuación Urbanística (PAI), una figura urbanística polémica. La mercantil Miragolf Playa SA, impulsora de la actuación inmobiliaria y propietaria del 96% del suelo, presenta en 2005 al Ayuntamiento gobernado entonces por los socialistas su proyecto. La actuación, que se estima integrar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que prepara el gobierno municipal, es ubicada en el llamado plan parcial Anibitis-Margequivir.

“En ese momento, la mercantil presiona. Se va a aprobar la nueva ley urbanística valenciana que imposibilitaría el proyecto. Y necesitan darle luz verde ya”, recuerda el portavoz de Ecologistas en Acción en el País Valenciano, Carlos Arribas. El consistorio adjudica en enero de 2006 la operación urbanística, poco antes de la entrada en vigor de la ley. Lo hace tan rápido que el PAI se autoriza antes de que se apruebe de forma definitiva el PGOU. Todos los partidos que integran el Ayuntamiento –PP, PSPV-PSOE y entonces BLOC- están a favor de la actuación. “Es muy raro que todos siempre hayan estado de acuerdo. Más cuando Compromís en Benissa está en contra del complejo”, censura Arribas.

“Muchos vecinos no estábamos de acuerdo con ello. Nos parecía que no era nada necesario e hipotecaba nuestros recursos durante muchos años”, relata Maribel. Fruto de ese malestar, nace la plataforma Callosa Sostenible, que junto con Ecologistas en Acción se convertirán en la oposición visible al proyecto en la población. La entidad presentará a partir de entonces decenas de alegaciones al proyecto, centrándolas en que el proyecto invadía zonas integradas en la Red Natura 2000, una malla ecológica europea que comprende zonas especiales de conservación de la biodiversidad.

Tras el recurso de un particular, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tumba en abril de 2009 el proyecto. La justicia califica la actuación municipal de “ilegal”. Y considera que ha habido en la aprobación “una desviación de poder”. La razón: al PAI se le da luz verde antes de que esté resuelto el PGOU.

Nuevo intento fallido

2010. El varapalo judicial y la crisis económica no son impedimento para que el Ayuntamiento y la constructora lo vuelvan a intentar. Y esta vez con el PP en la alcaldía, aunque PSPV-PSOE y Bloc también lo respaldan. Eso sí, se acomete una modificación de calado: se decide impulsar a través de la gestión directa. Es decir, el promotor es el Ayuntamiento. El otro cambio es la renuncia al heliopuerto, considerado una amenaza para especies protegidas y en peligro de extinción que habitan en la zona, como el águila azor perdiguera.

Ecologistas en Acción acude a los tribunales. En sus alegaciones denuncia irregularidades en la tramitación, que se incumple el límite de pendiente legal, que no se incorpora un Estudio de Sostenibilidad Económica y que existen contradicciones entre el proyecto presentado y la ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.

Callosa Sostenible vuelve a presentar las suyas. Argumenta que el estudio ambiental que servía para evaluar los efectos sobre la Red Natura 2000 es caduco porque está fechado en 2009. Y alertan de que la urbanización se asienta en un 75% sobre suelos declarados Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), que afecta a especies de plantas protegidas y que se incumple la ley de golf. El entonces alcalde, Batiste Savall (PP), defiende que solo el 3% del proyecto ocupa terrenos considerados LIC.

La polémica se centra en si existen recursos hídricos suficientes para construir el complejo. La entonces portavoz del partido Cipal en Altea y ahora líder valenciana de Ciudadanos, Carolina Punset, asegura que no por sus implicaciones para  Altea. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en un primer informe otorga la razón a Callosa Sostenible, pero nueve meses después se la quita. La clave es la legalización de tres pozos que permiten abastecer el municipio y la urbanización. La plataforma y la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat contestan ese nuevo informe con otro de la Universitat d’Alacant que teóricamente lo rebate.  

Además, sobre la empresa recaen sombras. “Se tiene la convicción de que la relación entre la constructora y el Ayuntamiento es muy estrecha. Hay sospechas de que la mercantil pagó fiestas del pueblo y dio dinero al consistorio, pero no lo hemos podido probar”, denuncia Arribas. La empresa sí que tiene lazos sabidos con el PP. El entonces edil popular del municipio vecino de Benimantell, Javier Vidal, participa en la empresa junto a su hermano. El dueño de varias ópticas y empresario “ligado al PP”-según Arribas- Alfredo Castor Ulloa es otro de los accionistas. La mercantil, además, por esas fechas tenía retirados problemas con la Seguridad Social y Hacienda.

Tumbado por el TSJ y reavivado por la izquierda

En 2014, el TSJ vuelve a cruzarse en el camino: tumba el proyecto. Da la razón a los ecologistas alegando que hubo irregularidades en el cambio de clasificación del suelo por no hacerse de forma correcta la evaluación ambiental. Pero el Ayuntamiento no cede. Firma un convenio con la Miragolf SA, que pasa a denominarse Arquitectura y Construcción de Vanguardia (ACV), por lo que ésta se hace cargo de sufragar los costes de la modificación del PGOU. Se hace antes de las elecciones, aunque la llegada de la izquierda al gobierno no cambia la ecuación.

El nuevo proyecto reduce sensiblemente las hectáreas y permite construir bloques de pisos. Y, además, se le añade la construcción de una depuradora propia, un Palacio de Congresos, tres restaurantes, un mini centro comercial, un museo de 8.000 metros cuadrados y un club deportivo. También se proyecta la creación de una fundación para preservar la zona e impulsar el turismo cultural y ambiental. El hotel que se estima construir es de 7 estrellas. Arquitectos como David Chipperfield diseñan el complejo. “La urbanización no afecta ni al 3% del LIC”, asegura Josep Savall, alcalde de la localidad (Compromís). “Si quitamos las zonas verdes y el campo de golf no afecta ni al 1,4%”, recalca.

“Es un modelo único de urbanización por su apuesta por la sostenibilidad. Allí no entrarán coches de combustión. Habrá parkings subterráneos y la gente subirá a la parte alta con coches eléctricos”, afirma. Para facilitar el acceso al mar, se creará un Beach Club que contará con un servicio de transporte regular. La empresa donará el 2,9% de las ventas de los inmuebles para crear la fundación, lo que representa unos 29 millones de euros. La mitad de ese dinero irá para mantener el museo que albergará salas de pintura, escultura, arte y música. El otro 50% irá destinado a la conservación del patrimonio cultural y natural.

La inversión estimada es de 700 millones de euros.  Y se estima la creación de 1.200 puestos de trabajos directos sostenidos durante 10 años y otros 1.800 indirectos. La cooperativa del pueblo, la asociación empresarial, la comunidad de regantes y otras dos entidades firmaron una resolución de respaldo al proyecto el pasado jueves durante la celebración del pleno municipal. “Es un proyecto asociado al urbanismo disgregador. Está alejado del casco urbano con lo que no tiene incidencia positiva para el pueblo y consume muchos recursos”, alerta Daniel Montiel, de Callosa Sostenible.

Ecologistas en Acción alega que la actuación urbanística supondrá la desaparición de hábitats, no favorece el modelo compacto de ciudad defendido por la Unión Europea, incumple la nueva ley urbanística, entra en graves contradicciones con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana –marco legal con el que se regula el crecimiento de los municipios-  y pone peligro especies como el águila perdicera y el pino mediterráneo. Asimismo, cuestionan a la empresa por aparecer en la lista de morosos al fisco que desveló el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con una deuda de más de 1 millón de euros.

“El proyecto es una auténtica barbaridad urbanística que se hace sobre una sierra virgen ”, resume Montiel. Sin embargo, la decisión sobre si el proyecto avanza -y en qué condiciones en caso de que se dé luz verde- depende de la Generalitat Valenciana. Su Declaración de Impacto Ambiental será clave y marcará el futuro de la urbanización de lujo. La pelota está en el tejado del Consell.