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Compromís, a través de sus colectivos locales afectados, ha presentado una batería de alegaciones al anteproyecto de “la mal llamada ley de Protección y Ordenación del Litoral presentado por el Consell de PP y Vox, por ser una normativa arbitraria, que desprotege el litoral y abre la puerta a la especulación urbanística”.
Desde Alicante, Gandia, Dénia, Bellreguard, Sagunt, Meliana, Cullera, Altea y El Campello, Compromís ha mostrado la profunda preocupación por las consecuencias que supondría la aplicación de lo recogido en el anteproyecto de ley de la Costa elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio y así lo han remarcado usando el periodo de alegaciones al texto, cuyo plazo acaba este lunes 1 de julio.
Paula Espinosa, diputada de Compromís en las Corts, lamenta que este anteproyecto haya sido redactado obviando la normativa vigente que protege el litoral valenciano. Espinosa recuerda que “el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) ya protege 7.500 hectáreas de nuestro litoral y ha sido ampliamente avalado desde el punto de vista jurídico” -incluso por el Tribunal Supremo-, por lo tanto “no cuela que lo que busque el gobierno de Mazón sea, como dicen, la seguridad jurídica. Además, el Pativel ya establece un marco conciliador con la actividad económica más habitual en el litoral”.
Falta de concreción y definición
Compromís, en sus alegaciones, considera que el texto está plegado de ambigüedades y ni siquiera dota de seguridad jurídica a los afectados por los deslindes que a priori era uno de los objetivos marcados por el Gobierno de Mazón.
La coalición asegura que la utilización del término “valor etnológico indubitado” en referencia a los núcleos costeros “tradicionales”, resulta “excesivamente difuso y provoca arbitrariedad” a la hora de determinar qué núcleos lo tienen y cuáles no. Según la parlamentaria, “se corre el riesgo más que obvio de profundizar en la inseguridad jurídica y en la incertidumbre que sufren las propiedades ubicadas en estos lugares, generando un perjuicio todavía mayor”.
De la ‘singularidad valenciana’ a la literalidad de la norma gallega
Compromís concluye que el anteproyecto es una copia de la Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Tanto es así que se traslada de manera literal parte del articulado a la norma valenciana. Espinosa explica cómo, “con una simple lectura comparativa aflora esa similitud, llegando a contradecir argumentos de la propia ley. Es significativo, por ejemplo, que la zonificación de suelo que se propone sea íntegramente coincidente con la normativa gallega, a pesar de haber remarcado que la costa valenciana y la cantábrica o atlántica no tienen nada a ver”.
Por el contrario, la normativa vigente que se pretende derogar con esta propuesta sí que parte, “de manera argumentada técnicamente y científica, de esa singularidad en tanto en cuánto analiza el territorio de manera integrada y lo dota de una regulación de acuerdo con la realidad socioeconómica, territorial y medioambiental”.
Obvia la adaptación al cambio climático
Compromís denuncia también que con el texto presentado el gobierno de Mazón demuestra que vive “de espaldas al problema real que representa el cambio climático, en un momento de emergencia climática, donde el litoral es uno de los primeros enclaves en sufrir sus consecuencias y es urgente acelerar las acciones climáticas”. En cambio, desde el Gobierno de Mazón se decide “poner el freno y dar marcha atrás a las políticas de acción climática sobre el litoral. De hecho, esta norma parece únicamente y en exclusiva redactada para encontrar un encaje más laxo a la actividad económica y la propiedad privada que a proteger nuestro litoral”.
Vulnera el principio de no regresión ambiental
Uno de los puntos más controvertidos del anteproyecto es la modificación que plantea sobre los usos del suelo no urbanizable que ocupa la franja litoral y que vulneraría el principio de no regresión ambiental.
Las consecuencias concretas que se derivan de la aplicación directa y prevaleciendo de esta ley establecida tanto en la Disposición Transitoria 2ª como en la Disposición Transitoria 3ª implican “un claro retroceso respecto de los niveles de protección logrados con anterioridad y vigentes hoy en día”.
Con la nueva normativa presentada existe la posibilidad, “ambigua e incluso contradictoria”, de desarrollar usos residenciales a partir de 500 metros y hoteleros a partir de 200 en espacios donde actualmente no está permitido. Lo que supone per se una ampliación de los usos y la intensidad permitidos hasta ahora en ese espacio litoral sensible, llegando a incluir como suelos susceptibles de contemplar estos usos los que actualmente están definidos como No Urbanizables de Protección Litoral en la normativa vigente.
“Esta ley no se detiene un segundo en proteger nuestras costas, ni tampoco busca las herramientas para detener su degradación. Sino más bien, va en la línea opuesta al espíritu del Pativel. Más bien hace todo lo contrario, deshacer toda aquella normativa que impulsó el gobierno del Botánico en un esfuerzo para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático”, concluye Espinosa.