El documento dormía el sueño de los justos en el Arxiu del Regne de València hasta que elDiario.es lo halló por casualidad durante una investigación sobre el clan económico-político de la fallecida alcaldesa Rita Barberá. El fondo documental del sacerdote Juan Luis Corbín Ferrer, tío del abogado José María Corbín, incluye una memoria elaborada en la inmediata posguerra sobre el profesorado a depurar en el señero Instituto Lluís Vives de Valencia. “Es muy interesante”, señala Carmen Agulló, profesora de Historia de la Educación en la Universitat de València y una de las mayores expertas en la depuración franquista del profesorado republicano. José María Azkárraga, profesor jubilado del Lluís Vives y divulgador, coincide: “Aporta los nombres de los docentes que habían pasado por el instituto en el periodo republicano, algo que en gran medida se desconocía hasta ahora”. “En la relación de nombres aparece la pintora y escultora María Labrandero, no sabía que había sido profesora de dibujo en el Vives”, tercia Agulló.
Juan Luis Corbín Ferrer, un franquista de tomo y lomo según recuerda una jurista ya jubilada que fue alumna suya en el centro, se ordenó sacerdote en 1952. Su padre y su hermano fueron asesinados durante el corto verano de la anarquía de 1936, tras el golpe de Estado contra la legalidad democrática de la II República. El sacerdote es autor, entre otras obras sobre la capital del Turia, de la Monografía histórica del Instituto de Enseñanza Media Luís Vives (Ayuntamiento de Valencia, 1979). Sus hermanas María Concepción Josefa y María Rosario Corbín Ferrer donaron sus fondos de su archivo a la Generalitat Valenciana un lustro después de su fallecimiento, acaecido en 2005.
El documento, titulado Desarrollo de las memorias solicitadas por el Ministerio de Educación Nacional correspondientes al Instituto Nacional de Enseñanza Media Luís Vives, ya ha sido incorporado al completo archivo del centro docente, situado a tiro de piedra de la Plaza del Ayuntamiento y de la Estación del Norte. Aunque no indica fecha alguna, de su lectura se desprende que fue elaborado en la inmediata posguerra, tras la entrada de las tropas franquistas en la ciudad.
Mientras el nuevo régimen fichaba, casa por casa, a los valencianos, fusilaba a los perdedores de la contienda y hacinaba las cárceles de presos políticos, la maquinaria de depuración también se activaba sin solución de continuidad. El corpus legislativo de la dictadura incluía un complejo proceso para limpiar de funcionarios republicanos las administraciones. “En Valencia había tantos maestros que se formaron dos comisiones depuradoras, una presidida por el director del Lluís Vives Francisco Morote y otra presidida por Fausto Martínez Castillejo, un falangista de camisa vieja que fue la que más sancionó”, explica la historiadora Carmen Agulló.
La primera comisión provincial sancionó a un 19,72% del profesorado, mientras que la segunda anotó un 31,96%. La Comisión Superior de Madrid consideraba que los resultados de Francisco Morote eran demasido benévolos: “¡Qué quiere esta comisión de Valencia para separar! Marxista y peligrosa. Esta comisión está muy débil en todos los expedientes. Había que destituirla o darle un voto de censura”. Morote “era una buena persona y no era exactamente un franquista acérrimo, el papel del personaje es un poco controvertido, era una persona ya muy mayor que muere poco después”, señala José María Azkárraga.
Uno de cada cuatro maestros recibió algún tipo de sanción en la España franquista, según los últimos estudios historiográficos. “Una de las características de la depuración del magisterio”, sostiene Carmen Agulló, “es la arbitrariedad”. “No había ninguna relación directa entre los cargos y la sanción, a excepción de los masones que fueron expulsados. A los maestros no se les sancionaba por su vertiente profesional sino por sus cargos políticos o sindicales”, abunda la historiadora.
La dictadura se encargó de aplicar la “pedagogía española” en contraste con los movimientos renovadores, tildados de “doctrinas extranjeras”, que habían surgido durante el periodo republicano, con protagonistas tan significativos en Valencia como la filóloga María Moliner. “La pedagogía española estaba dirigida a formar personas en el nacionalcatolicismo”, agrega Agulló.
A los docentes sancionados se les separaba de la escuela pública y muchos acabaron en centros privados como la conocida Academia Castellano. “El truco era que, normalmente, la titularidad de la academia la tenía una persona de orden que contrataba a personas que sabía que eran muy buenas en su profesión”, señala Carmen Agulló.
José María Azkárraga, profesor jubilado del centro e incansable divulgador de la historia de la Valencia republicana y de posguerra, destaca que el documento “aporta una descripción del edificio inédita”. El centro se traslada de La Nau al actual edificio, sede del Colegio de San Pablo de los jesuitas hasta la desamortización de Mendizábal, durante el curso 1869-1870, “impulsado por una figura a destacar como es Vicente Boix y Ricarte, cronista de la ciudad”, explica Azkárraga. En 1930, el centro es bautizado con el nombre de Lluís Vives en homenaje al humanista y filósofo perseguido por la Inquisición.
Por el instituto pasan “desde Vicente Blasco Ibáñez hasta Max Aub y una larga lista de gente que en esos años tenía la única opción del Vives”, recuerda José María Azkárraga. “Es una cuestión demográfica: es el único instituto que había en Valencia y el único capacitado para dar títulos. Había colegios religiosos pero todo el mundo a principios del siglo XX se examinaba en el Vives”, agrega. El edificio, ubicado entre las calles de Játiva, Arzobispo Mayoral, San Pablo y la avenida Marqués de Sotelo, cuenta con un espléndido patio, una capilla y tesoros subterráneos de primer orden.
El documento hallado en el fondo de Juan Luís Corbín del Arxiu del Regne reseña el “buen estado de conservación” del edificio tras haber sido “liberada Valencia en fecha 29-3-[1]939 por el glorioso Ejército [de] España”. “Un dato curioso que aporta”, destaca Azkárraga, “es el derribo de la valla y la utilización de los hierros para las fortificaciones de la defensa de Valencia ante los bombardeos franquistas”. Además, aparece el “gran refugio” que se conserva actualmente para visitas guiadas y actividades escolares (sólo el divulgador José María Azkárraga ha llevado a “varios miles de personas” al vestigio patrimonial en las rutas urbanas de la Valencia republicana que organiza por amor al arte).
También detalla la lista de “cargos directivos” durante la “época roja” y el personal docente y administrativo, además de las “incidencias” durante la Guerra Civil. La memoria alude a los “trastornos producidos en la vida escolar de ciertos individuos, que ya por ser afiliados a las antiguas organizaciones católicas o por ser hijos de personas afectas o simpatizantes con el Movimiento Nacional, fueron perseguidos, no consintiéndoles que continuasen sus estudios o que trasladasen los mismos a otros centros e incluso negándoseles la expedición del Título de Bachiller luego de tener ya, en periodo anterior al Rojo, cursados en este centro sus estudios”. Los docentes “adictos” al “dominio rojo” que figuran en el documento eran candidatos ideales al proceso de depuración, tal como lo fueron los profesores de derechas en el periodo inmediatamente anterior.
La comisión encargada de la “admisión o no admisión del alumnado” por “elementos de la FUE [Federación Universitaria Escolar]”, señala. “Me ha llamado mucho la atención que las comisiones estaban formadas por profesores y alumnos”, dice la historiadora Carmen Agulló, quien recuerda que “durante la República en paz no hubo depuración pero la República en guerra también hizo expedientes de depuración a todo el profesorado”. Esos expedientes, apostilla Agulló, en gran parte han desaparecido y el único rastro que queda es el de los procesos de la posguerra franquista.
“Los archivos en el Estado español y especialmente en el País Valenciano son un desastre, con una falta de personal increíble”, critica la historiadora, quien también alude al material documental que alguna gente “se llevó a casa”. Tal fue el caso del documento inédito sobre el Instituto Lluís Vives en manos del sacerdote Juan Luís Corbín.
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