El militar y activista argelino Mohamed Benhlima, condenado a diez años de prisión en su país por sus denuncias públicas de la corrupción de los altos cargos militares del Ejército y por su participación en el movimiento popular de protesta Hirak, ha ingresado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia. A pesar de contar con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional, el Ministerio del Interior ha declinado concederle el asilo, una petición que el militar y activista había cursado, también sin éxito, en Francia.
La campaña CIES NO ha exigido al departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska que paralice “de forma inmediata” la deportación del activista.
Mohamed Benhlima, según ha informado CIES No, ingresó en el centro de Zapadores este miércoles “después de que le fuera denegada su solicitud de asilo”. El activista huyó a España en 2019 tras las denuncias en redes sociales sobre la corrupción de los altos mandos del Ejército argelino en el marco de las protestas populares del movimiento Hirak.
“El Gobierno ha rechazado su solicitud de protección internacional y ha dictado su expulsión a Argelia a pesar de que corre riesgo de ser detenido y torturado”, sostiene la campaña CIES No. Benhlima ingresó en el recinto de Zapadores tras habérsele incoado un procedimiento sancionador por estancia irregular en España.
Amnistía Internacional organizó una campaña de recogida de firmas ante la “inminente” expulsión del activista argelino. “Deportar a Mohamed Benhlima representaría una grave violación de las obligaciones de España en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, sostiene la ONG, que agrega: “La comunidad internacional debe defender a quienes denuncian corrupción y se participan pacíficamente en manifestaciones”.
El antecedente de Mohamed Abdellah
El caso de Mohamed Benhlima es idéntico al de su compatriota Mohamed Abdellah. El también exiliar argelino fue deportado desde el CIE de Barcelona, donde protagonizó una huelga de hambre, y fue encarcelado “inmediatamente”. Amnistía Internacional ha documentado que al menos cuatro activistas han sufrido tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad argelinas en los últimos tres años por su participación en el Hirak.
La campaña CIES No argumenta que la posible expulsión de Mohamed Benhlima a Argelia “podría suponer su detención e ingreso en una prisión de máxima seguridad, donde varias personas encarceladas por participar en las mismas protestas relatan haber sido maltratadas y torturadas”.
“Queda demostrado una vez más”, afirma un portavoz de la campaña, “que las políticas migratorias se traducen en la persecución, encierro y deportación de personas migrantes, una violencia institucional que afecta incluso a aquellas que corren riesgo de sufrir tratos inhumanos si son expulsadas y que deberían estar siendo protegidas”.