“En este día de Todos Los Fieles Difuntos he participado en la campaña de 40 Días Por La Vida, orando ante un abortorio en Alicante. ¡Si el aborto es progresismo, entonces la ley de la selva es la cumbre de la democracia!”. Así ha anunciado en su cuenta de Twitter el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, su participación el pasado 1 de noviembre en una concentración contra el derecho al aborto organizada por una entidad ultraconservadora que coordina rezos ante clínicas privadas por toda la geografía española y que asegura contar con un millón de voluntarios en 65 países.
El polémico obispo se fotografió con los activistas ultraconservadores luciendo una pancarta que reza: “No estás sola, podemos ayudarte”. '40 días por la vida' ha agradecido en redes sociales la presencia de Munilla ante la clínica en Alicante y ha anunciado: “Seguimos orando”. José Ignacio Munilla arrastra un rosario de polémicas declaraciones en contra del aborto, de la igualdad de género o del colectivo LGTBI.
La actividad de la entidad bordea la ley tras la modificación del Código Penal “para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo”, que incluye los “actos molestos”. Así, '40 días por la vida' organiza rezos continuos durante toda la jornada frente a clínicas que practican interrupciones del embarazo pero considera que la modificación legislativa no afecta a su práctica.
En Alicante, los activistas se concentran ante la clínica Instituto Ginetec, un centro médico privado especializado en ginecología y planificación familiar, entre otros servicios. La organización indica en su página web que cuenta con 90 voluntarios en Alicante que se reparten 478 turnos de una hora para rezar ante la clínica hasta el próximo 6 de noviembre.
“Nuestra labor consiste en rezar pacíficamente por lo que en ningún momento se produce una acción de acoso”, sostiene un protocolo de actuación de la organización a pesar de que la reciente modificación del Código Penal considera “imprescindible garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo”, según el preámbulo.
En el marco de una campaña idéntica frente a una clínica en Valencia, los activistas fueron denunciados ante la Policía Nacional por la gerente del centro sanitario. Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia dictó un auto de sobreseimiento provisional al considerar que del relato de la denuncia y de los atestados policiales no se desprende que hayan producido “actos intimidatorios contra los empleados de la clínica o posibles pacientes de la misma”.
Compromís pide al Gobierno que acabe con los “acosos”
El senador de Compromís Carles Mulet ha pedido al Gobierno que actúe contra el obispo, al que acusa de “acosar” a las clínicas que practican la interrupción voluntaria del embarazo.
“No podemos permitir el acoso a trabajadoras y trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional, y menos por parte del representante de la Iglesia como es el obispo Munilla, cuyo reprochable comportamiento no se ajusta ni a la Ley”, lamenta Rafa Mas, concejal de la formación valencianista en el Ayuntamiento de Alicante .
La petición remitida por Carles Mulet al Ejecutivo central alude a la condena contemplada en la Ley 4/2022 de 12 de abril para los que obstaculicen el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo mediante el acoso a la mujer con “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad” o a los trabajadores de los centros.
Así, Mulet pregunta al Gobierno “qué medidas va a adoptar para instar a identificar y denunciar ante los tribunales” a las personas que estaban junto al obispo en la protesta y por las medidas que adoptará para que el cumplimiento de esta ley sea efectivo “y se termine con estos acosos”.
“La ley está para cumplirse, sea oficinista, conductora de camiones u obispo, y es más temerario cuando este acto de acoso lo realiza una persona con repercusión pública”, afirma Mulet. “No sabemos las veces que ha decidido el señor Munilla no practicar el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, pero esta persona no puede violar la ley, y menos hacer ostentación pública de ello, por eso esperamos unas medidas contundentes y ejemplarizantes por parte del Gobierno, o en caso contrario se demostrará que la ley no sirve para nada”, agrega.