Fracaso de las privatizaciones sanitarias: el caso valenciano

“Tanto el informe de análisis de situación, como el clima social y laboral generado en ambos departamentos, unido a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, han sido determinantes para tomar la decisión”. Con esta explicación, la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, que dirige Marciano Gómez, justificó hace unos días que no se prorroguen a partir de abril de 2024 las concesiones sanitarias de los hospitales de Dénia y Manises, con sus correspondientes departamentos de salud. Dicho de otra manera, ambas áreas en manos de empresas privadas (Dénia, de Ribera Salud, y Manises, de Sanitas) volverán a la gestión pública. Con esa decisión sorprendente, el actual Gobierno valenciano del PP y Vox presidido por Carlos Mazón sigue los pasos del anterior Ejecutivo del Pacto del Botánico (formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem) en la política de reversión de las privatizaciones sanitarias que el PP, con Eduardo Zaplana de presidente de la Generalitat Valenciana, puso en marcha hace un cuarto de siglo.

La privatización de elementos estructurales de la Sanidad pública, como hospitales y centros de salud, fue impulsada por Zaplana, desarrollada por Francisco Camps y copiada por otras comunidades como la madrileña. Se conoció como el “modelo Alzira” por la ciudad donde se levantó el primer centro de estas características, el hospital de la Ribera, que dio nombre a una empresa privada, Ribera Salud, convertida en el símbolo de este sistema y en una máquina de hacer dinero engrasada con capital internacional. Tras haberse resistido con dureza al rescate que emprendió el Gobierno de Ximo Puig , un proceso que sacó adelante contra viento y marea la entonces consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, que ha llevado a reintegrar a la gestión pública los hospitales de Alzira y de Torrevieja, la derecha valenciana ha decidido que dos de los tres departamentos y hospitales que quedan privatizados en la comunidad autónoma sigan ese mismo camino de reversión (deja fuera, como excepción, el hospital del Vinalopó, en Elche-Crevillent, de papel subsidiario en una comarca que dispone de otro hospital público y cuyos ayuntamientos han pasado todos a manos del PP y Vox en las últimas elecciones).

El “modelo Alzira”, pues, se desmonta justo en el territorio donde se puso en marcha y con el concurso del PP, la formación política que lo inventó. Las explicaciones supuestamente técnicas, aderezadas con críticas a “situaciones lamentables” de supuesto “caos” vividas en las reversiones llevadas a cabo en la época del Gobierno del Botánico, que ha aportado el equipo del conseller Gómez, apenas camuflan las causas reales del fracaso de ese modelo privatizador ruinoso para las arcas públicas, conflictivo y objeto de rechazo social. En otras palabras: insostenible.

Basado en el pago a cuenta de una cápita o cantidad por paciente, a la que sumar y restar en liquidaciones anuales otro tipo de gastos de la concesionaria y de la Administración, el modelo privatizador ya tuvo que corregirse nada más comenzar. Ribera Salud constató pronto que resultaba deficitaria la gestión del hospital de Alzira y el Gobierno autonómico rescindió el contrato, le compró el centro hospitalario y le pagó por “lucro cesante” en una operación de al menos 69 millones de euros, para convocar acto seguido otro concurso que, por supuesto, ganó la empresa dirigida por Alberto de Rosa y que abarcaba ya todo el departamento de salud. Hasta cinco centros hospitalarios con sus respectivas áreas sanitarias pasaron a la gestión privada en el País Valenciano mediante esa fórmula a partir de entonces.

El periodista Sergi Castillo, en su libro La batalla per la sanitat valenciana (Alfons el Magnànim, 2019), cifró en más de 7.500 millones de euros a lo largo de 16 años, de 2003 a 2018, lo que habían costado las áreas y hospitales privatizados a la Generalitat Valenciana. En la actualidad, como ha explicado en sus informaciones nuestro compañero Carlos Navarro Castelló, “las empresas que gestionan los hospitales privatizados deben 641 millones de euros a la Generalitat Valenciana correspondientes a las liquidaciones anuales en las que se calcula si ha habido un desfase para alguna de las partes (la pública o la privada) entre la tarifa que abona la administración a la empresa por la gestión y los servicios que la empresa presta finalmente”.

Pendientes, en un clima permanente de litigio, las liquidaciones de los últimos años, la conflictividad inherente al sistema, las protestas de los usuarios y la reclamación de los alcaldes de las comarcas afectadas, así como la reivindicación de los trabajadores de pasar a la gestión pública, han determinado la decisión de un Gobierno como el de Mazón, cuyo conseller de Sanidad, Marciano Gómez, formó parte en su calidad de secretario autonómico del aparato político sanitario que desplegó las privatizaciones. Entonces consideraba que eran un sistema “ágil” y “eficaz”, pero ahora alude a los problemas de “control” de las concesiones. Es lógico que tanto el PSPV-PSOE como Compromís se hayan felicitado por el hecho de que un Gobierno autonómico de la derecha y la ultraderecha no tenga “ni argumentos ni base jurídica para frenar las reversiones sanitarias” iniciadas por la izquierda. No obstante, resulta sospechoso que las propias empresas afectadas, tan beligerantes con el Pacto del Botánico, no hayan reaccionado. Y muy llamativo que las instancias empresariales y mediáticas que tanto se esforzaron por proclamar las excelencias del modelo como un ejemplo de colaboración público-privada hayan enmudecido.