Se cumplen ya dos años de la reforma laboral negociada entre el Gobierno y los agentes sociales que fue promulgada primero el 28 de diciembre de 2021 como Real Decreto-Ley y posteriormente convalidada por el Parlamento, pese a la oposición de la derecha y los grupos nacionalistas. La aplicación de dicha norma ha contribuido, entre otros cambios, a mejorar la cantidad y calidad del empleo: la afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado, tras la pandemia, en 1,4 millones de personas, hasta alcanzar las 20.889.189 -de las que 2.140.802 corresponden a la Comunidad Valenciana-, al tiempo que la tasa de precariedad contractual se ha reducido del 26,4 al 17,3 por cien.
Tras esta primera fase, centrada fundamentalmente en la mejora del empleo y las relaciones laborales, el foco se fija ahora en la otra cara del mercado de trabajo: el paro. Y es por eso que, en cumplimiento de los compromisos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (reforma 10 del componente 23), el Gobierno ha iniciado una ambiciosa reforma de la prestación social por desempleo, con el doble objetivo de favorecer la reincorporación de los parados al mercado de trabajo y cubrir con rentas públicas suficientes el correspondiente proceso de transición, desbloqueando con ello el cuarto desembolso de los fondos europeos por importe de 10.000 millones de euros.
Según las estimaciones de la última Encuesta de Población Activa son 2.855.200 las personas desempleadas en nuestro país, cifra que los registros del SEPE correspondientes al pasado 30 de noviembre reducen ligeramente (2.734.831 a nivel nacional y 323.636 en nuestra Comunidad), de las que el 12% buscan su primer empleo y algo más de dos tercios perciben las prestaciones por desempleo en función de sus cotizaciones anteriores, mientras que el tercio restante sólo tiene opciones de acceso al Ingreso Mínimo Vital o alguna otra ayuda de ámbito autonómico, como la Renta Valenciana de Inclusión.
El sistema de protección por desempleo, gestionado por el SEPE, incluye actualmente a 1.824.163 personas a nivel estatal (195.198 en nuestra Comunidad), de las que el 45,7% perciben prestaciones contributivas (974,2 euros mensuales de media, en relación a los años y cotizaciones aportadas) y el resto asistenciales (subsidio que reciben los parados que han agotado la prestación contributiva o no acreditan cotizaciones suficientes para acceder a la misma), siendo el grupo más importante el de las personas mayores de 52 años y desempleadas de larga duración.
Se trata, en ambos casos, de un derecho individual generado por los trabajadores desempleados y de un deber colectivo de solidaridad para con quien más lo necesita, y no lo que la derecha más clasista y faltona denomina “paguitas” que hay que recortar porque lastran los presupuestos y desincentivan la búsqueda activa de empleo.
El gasto total en prestaciones ascendió el último mes a 1.822.539 millones de euros (207.695 en la Comunidad Valenciana), de los que el 65,5% correspondió a las de carácter contributivo y el resto a las asistenciales (subsidios, renta agraria y renta activa de inserción).
Con la publicación (RD-L 7/2023, de 19 de diciembre) de la nueva normativa reguladora del nivel asistencial de la protección por desempleo se inicia un período de seis meses durante los que se prevé ampliar la cobertura de dicha prestación a otros colectivos (250.000 trabajadores eventuales agrarios, 150.000 parados menores de 45 años sin cargas familiares), incrementar su cuantía económica (de los 480 euros actuales a 570) y facilitar la compatibilidad con el empleo durante seis meses, como vía de reincorporación al mercado de trabajo, con lo que se espera reducir el paro estructural en 350.000 personas aproximadamente en los próximos dos años. Todo ello en el marco de una estrategia global establecida por la nueva Ley de Empleo (en fase de aplicación desde el pasado 1 de marzo) que incluye, además, programas de formación y orientación profesional, reforma de los servicios públicos de empleo y mejora de las condiciones laborales y de Seguridad Social.
Hablamos, pues, de los colectivos más vulnerables de nuestra estructura productiva que, por razones tanto de justicia social como de eficiencia económica, necesitan de una protección preferente, orientada a garantizar unos estándares básicos de vida digna e inserción laboral, lo que pasa por cambios normativos necesarios e inversión pública suficiente para revertir los recortes que en esos mismos ámbitos impusieron los anteriores gobiernos de derechas, con resultados doblemente negativos.
Efectivamente, el paquete legislativo impuesto de forma unilateral por el gobierno de Rajoy en julio de 2012 (Ley 3/2012 para la reforma laboral y Real Decreto 20/2012 sobre el desempleo), no sólo no consiguió paliar los efectos de la crisis sobre el mercado de trabajo si no que contribuyó a la degradación de sus principales indicadores (empleo, contratación, precariedad, salarios, paro, relaciones laborales y prestaciones sociales), retardando finalmente la posterior recuperación.
Entre 2012 y 2016 se perdieron más de tres millones de empleos y la tasa de paro se disparó hasta el 26,9%, al tiempo que los recortes en la cuantía y la duración de las prestaciones a los parados diseñados con el objetivo, más ideológico que técnico, de estimular la búsqueda activa de empleo provocaron una dramática caída de su tasa de cobertura del 80 al 52 por cien de los potenciales perceptores que sólo las medidas protectoras del actual Gobierno están logrando recuperar (la cobertura actual es del 67,1%), paralelamente al crecimiento del empleo y la reducción de la tasa de paro que actualmente se sitúa en el 11,8%.
La mejora de la cantidad y calidad del empleo que se registra desde la pandemia como resultado de las medidas implementadas por el Gobierno progresista ha supuesto, asimismo, un aumento significativo de la recaudación por cuotas de desempleo que, a finales de este año, alcanzará su máximo histórico (27.300 millones de euros), de manera que el saldo entre ingresos por cuotas y pago de prestaciones generará un superávit de 5.702 millones, lo que contrasta radicalmente con el déficit de 76.340 millones de euros que en este ámbito provocó la gestión conservadora de la anterior crisis, poniendo de manifiesto una vez más que el modelo socialdemócrata es no sólo más justo si no, también, más eficiente.