¿Qué ha pasado con las noventa plazas gratuitas para mayores en Novaire?

En junio de 2019, la prensa se hacía eco de la vida de Eusebia, una vecina de 71 años de Colonia Requena, enclaustrada y abandonada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, atendida por la dueña de un bar cercano. Eusebia ya ha cumplido 74 años y vive en una residencia de Orihuela. Hace poco fue su cumpleaños. Sobrevivió a la pandemia y pasa sus revisiones en el hospital con normalidad. No fue el Ayuntamiento el que se encargó de conseguir una residencia, sino la Generalitat.

Ascensión, de 91 años, fue rescatada por los bomberos deshidratada unos meses antes. Murió en el hospital. Solo la intercesión de la entonces concejala María Ángeles Goitia evitó que sus restos acabaran en una fosa común y descansa hoy en un nicho del cementerio. Nunca recibió asistencia por parte del Ayuntamiento.

Francisco, septuagenario, consiguió una vivienda porque fue ingresado en el Hospital de San Vicente. El hospital se encargó de mediar para conseguirlo, pero lamentablemente murió al poco tiempo. Tampoco el Ayuntamiento de Alicante hizo nada por él.

Blanca Rosa y José Miguel, de 90 años, fueron encontrados en su domicilio semanas después de haber fallecido, también en Colonia Requena, al inicio de la pandemia. El confinamiento causó que dejaran de percibir la única asistencia que tenían, que no era otra que la de sus propios vecinos. La noticia fue de alcance nacional.

No es comprensible que estos casos sucedan en Colonia Requena cuando, a pesar de ser uno de los más pobres de España, es el barrio con el Índice de Dependencia de Mayores (IDM) más bajo de la ciudad (11%). Y es menos comprensible cuando el Ayuntamiento no cursó por estos casos u otros una de las noventa plazas que dispone en DomusVi (antes Novaire) en la Avenida Condomina. Sí, han leído bien: es allí donde contamos desde 2004 con plazas gratuitas para casos de emergencia social y bajo expediente pertinente de la Concejalía de Servicios Sociales gracias a la concesión que disfruta la empresa de suelo público durante 45 años. Pero durante todos estos años la Concejalía no ha adjudicado ninguna.

En octubre de 2018, en el periodo de María Ángeles Goitia, la Junta de Gobierno Local llevó a deliberación la variación de las “condiciones de la concesión de una parcela municipal en la Avenida Condomina para SACOVA en 2004”. SACOVA había firmado aquel año unas “mejoras” de la concesión, esto es: doscientas estancias del centro de día durante los dos primeros años y cien durante los 43 años siguientes, todas ellas para casos de emergencia social.

En 2008, la Jefa de Servicio de Acción Social reconoció que “esas mejoras nunca se pusieron en práctica”. Mejoras que, entendemos, sirvieron para decantar a favor la concesión de la parcela pública. El 5 de agosto de 2009 el Ayuntamiento suscribe un convenio que convierte esas 100 plazas de día en 90 “estancias residenciales anuales temporales” para “situaciones de emergencia social”. Pero el caso es que el propio documento de 2018 dice que “no consta que tal convenio fuese aprobado por ningún órgano municipal” (en concreto, el Pleno, que fue quien había otorgado la concesión en 2004).

Contextualicemos:  en aquel 2008, Francisco Camps anunciaba un aumento colosal del 40% de plazas en centros geriátricos según el convenio que tenían con... sí, lo han adivinado, con Novaire. Son los años negros de las escuchas policiales, de las tramas, de la visita del Papa y de la inauguración del circuito de Fórmula 1.

Todo esto se arregló finalmente mediante aquel Acuerdo de 2018 porque la Junta de Gobierno Local se determinó competente para ello, entre otras causas, porque la concesión tenía “una justificación de interés público”. Interés público que, por cierto, no se había llevado a cabo durante todos esos 14 años: concesión de suelo público a cambio de ningún interés público ni social. Barcala ya es alcalde, su Junta aprueba las noventa plazas “fantasma” y el nuevo convenio que tiene que recogerlas, cuyo borrador está puesto sobre la mesa de las y los miembros de la Junta antes de entrar. Et voilà: en mes y medio el Ayuntamiento firma con Novaire. 

Novaire no tiene responsabilidad sobre este asunto, obviamente, es el Ayuntamiento el que tiene que aprobar esas plazas y enviar a los beneficiarios. A uno se le vienen a la cabeza unas cuantas preguntas: ¿Cuántas propuestas ha llevado el Ayuntamiento para cubrir esas noventa plazas en estos últimos cinco años de renovación de convenio? ¿Cuántos expedientes acreditando la emergencia social y a quiénes? ¿Cuál ha sido su seguimiento oficial? ¿En cuántos órganos se pudo dar cuenta y no se hizo? ¿Cuándo se va a incorporar toda esa información en el Informe Anual Social? Porque nada de eso ha sucedido. Si el Ayuntamiento reconoció que no se cumplieron las “mejoras” firmadas, ¿por medio de qué garantías vamos a pensar que sí se han cumplido las, en puridad, “mejoras de las mejoras” de 2018? 

Sobre todo, porque no encontramos información pública alguna del Ayuntamiento sobre el grado de cumplimiento de este convenio: una vez leídos todos los informes anuales sociales de 2018 a 2021 (el de 2022 no ha sido hecho público a fecha de este artículo), no encuentro ninguna referencia documental de cuántos expedientes se han tramitado para envío a la concesionaria, cuántos servicios, pues, se han realizado de manera derivada, porque eso es también servicio municipal. Tampoco consta ninguna información en el apartado de residencias y alojamientos de esos mismos informes, inespecíficos.

Según consta en la Cláusula Quinta de ese convenio, la regulación de las estancias “tendrá como interlocutor el Programa de Mayores, Dependencia y Diversidad del Ayuntamiento”, que trabajará “con el Director (sic) de Comunicación [de Novaire]”. Sin embargo, tampoco consta en la sección de Dependencia de la web de la Concejalía Servicios Sociales información alguna sobre este convenio, como no consta en la web de Novaire (ahora DomusVi) que tengan suscrito convenio alguno con nuestro Ayuntamiento.

Como mínimo, hay una falta clara de transparencia municipal con respecto a esas noventa plazas que, en primer lugar, habrían ayudado en algún grado a paliar la situación de vulnerabilidad que vivieron Eusebia, Francisco, Ascensión, Blanca Rosa y José Miguel, y en la que viven muchos mayores de nuestra ciudad, y en segundo lugar, compensan la cesión que se hizo en 2004 por 45 años de ese suelo público. Por consiguiente, se debe exigir cumplida información pública de cuántas plazas se han adjudicado en estos 19 años, de si hemos alcanzado el límite o no, de las razones de su aprobación y a qué personas. No se debe dar lugar a ningún abandono inconsciente de información. Y mucho menos consciente.

Son pues necesarios tanto un tratamiento de transparencia por parte de la Concejalía de Acción Social, como, seguramente, una comisión de seguimiento de aquella concesión y convenio de 2004 y del convenio de 2018 con Sacova, heredada por Novaire y DomusVi. Y hasta la redacción de un nuevo convenio contemporizado, si es preciso. La responsabilidad de ceder suelo público a empresas privadas requiere de una exquisita atención al rendimiento de cuentas. Más que nada con el fin de no repetir todos esos años en los que el Partido Popular abandonó las responsabilidades sociales sobre esa concesión que ellos idearon y firmaron en un contexto histórico de casos gravísimos de corrupción y malversación de lo público.