Ni un paso atrás en Europa

Estamos a las puertas de unas elecciones europeas que resultan clave para el conjunto de la ciudadanía española y en las que está en juego retroceder o avanzar. Elegir políticas de derechas podría suponer la aplicación de recortes con afectación directa en los servicios públicos, como ya hemos visto en tiempos pasados. Apostar por políticas progresistas tendría como derivada una mayor protección de los servicios públicos, el establecimiento de medidas para el crecimiento económico y la creación de empleo, para que nadie se quede atrás. Unas medidas que fueron ejemplo en plena pandemia y durante la crisis inflacionista, proyectadas en dirección contraria a las adoptadas con la crisis financiera de 2008 y que tanto daño hicieron a la clase trabajadora, con despidos masivos y devaluación salarial como fórmula estrella.

Si como apuntan las encuestas crece la extrema derecha, que ni siquiera se cree la Unión Europea y que pretende desintegrarla, se van a condicionar las políticas de alianzas. En vez de reforzar las instituciones europeas para abordar las transformaciones necesarias, corremos el riesgo de desintegración. Eso significará que no pintaremos nada en el mundo y que se pondrán en marcha políticas contra los intereses de la clase trabajadora, como ya hemos visto en las Cortes generales cuando sistemáticamente PP y Vox han votado en contra de la reforma laboral, la de pensiones o la subida del SMI. Pero también van a ir en contra de la mayoría social, especialmente en materia de igualdad, como estamos viviendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Un riesgo que no nos podemos permitir.

Europa parece lejana a los problemas del día a día de la ciudadanía, pero el resultado de estas elecciones va a marcar el camino hacia la consecución de derechos y libertades para los próximos años, tan importantes para las trabajadoras y los trabajadores, más de lo que se pueda imaginar. Porque en muchas cuestiones, la legislación que se aplica en España, proviene de las instituciones europeas en porcentajes superiores al 80 %. Muchas de nuestras leyes acaban siendo la transposición de normativas que se han decidido allí.

Fijándonos en cómo nos va en España, podemos decir que el empleo ha mejorado gracias a toda una serie de reformas, fruto del diálogo social, que seguían unos parámetros establecidos en Europa y que han dado como resultado una mayor estabilidad en nuestro mercado laboral. La temporalidad se ha reducido, aunque la parcialidad involuntaria sigue siendo elevada y el desempleo todavía está en niveles inaceptables, a pesar del buen ritmo de creación de empleo.

Otro paso dado, pero que necesita de una mayor firmeza, es el del incremento salarial. Hay margen para ello, solo hay que ver cómo en 2023 ha habido récord histórico de márgenes empresariales. Se debe desterrar por tanto ese mantra de las patronales españolas por el que debemos ser más productivos sirviendo en bandeja de plata la precariedad laboral. Esto ya no es creíble con todos los datos encima de la mesa y con las previsiones de crecimiento. En nuestra opinión, se dan los mimbres para modificar la normativa laboral que propicie una reducción de la jornada y el incremento de los salarios. Una posibilidad que podría estar en riesgo con los resultados de las próximas elecciones europeas si avanza la derecha y la extrema derecha, posicionadas del lado del capitalismo más agresivo que hayamos conocido, recrudeciendo el conflicto capital-trabajo.

No es cuestión de meter el miedo en el cuerpo a nadie, sino todo lo contrario, de infundir esperanza en que podemos contribuir a que se pongan en marcha políticas distintas para responder a las transiciones digital y ecológica. Avances en materia de natalidad y de cuidados, para no dejarlos en el ámbito familiar, donde las que salen perdiendo son siempre las mujeres con el dichoso rol de género. Son retos que se resolverán en función de quién tenga la mayoría en Europa. No será lo mismo el negacionismo de la desigualdad entre hombres y mujeres, o del cambio climático, que legislar teniendo en cuenta que hay que gobernar avanzando en derechos y protegiendo el medioambiente.

Además, tenemos a las puertas de Europa conflictos bélicos que no se podrán resolver si quienes están a los mandos son coaliciones de progreso o de extrema derecha. No es lo mismo respetar los derechos humanos que justificar la masacre que, por ejemplo, se está perpetrando contra el pueblo palestino. Y por lo que hemos visto, las derechas “amables” se han destapado y han abandonado la opción del cordón sanitario de estos últimos años, puesto que están dispuestas a negociar y acordar como decía hace unos días Ursula Von der Leyen.

En definitiva, la clase trabajadora debemos decidir entre avance o retroceso, y para ello debemos movilizarnos como lo hicimos el 23 de julio en España, votando por la defensa de nuestros intereses. Si no votamos, lo harán quiénes no quieren la igualdad entre mujeres y hombres ni derechos LGTBI, quiénes niegan la violencia de género, justifican el genocidio y no respaldaron la reforma laboral, la de las pensiones o del SMI. Votarán quiénes defienden la especulación inmobiliaria, el turismo masificado y obtienen grandes beneficios mientras se niegan a subir salarios. Votarán quiénes niegan el cambio climático, están en contra de reforzar la sanidad, la educación o los servicios sociales públicos y albergan mantener privilegios para unas élites y no derechos para la mayoría social. Tú decides.