“Llàstima del país que pels diners es ven,
que deixa que els seus drets siguen anorreats
per lacais de les rates al servei del poder.
Llàstima de país que ha perdut les idees:
un poble de corders als seus pastors submissos
que sens recança el duen recte a l’escorxador.“
Jaume Pérez -Montaner, València (2009)
El Puerto se ha convertido en campo de batalla en el que confluyen las tensiones políticas y los intereses económicos y empresariales de la Autoridad Portuaria de València. Se veía venir. El Puerto de València quiere su emplazamiento como una isla, ajena al municipio al que pertenece y a la Generalitat. Instalaciones donde sólo cuentan la estiba y la desestiba de mercancías en sus muelles, terminales de contenedores o atraques de cruceros. Siempre se ha dicho que el Puerto de València es la caja de resonancia de la economía valenciana. Desde 2003 es también polo de atracción de la vida de la ciudad hacia el ámbito cerrado, hasta entonces, del recinto portuario. Los últimos acontecimientos han derivado en un pulso entre APV (Puertos del Estado), Ayuntamiento y Generalitat, para demostrar quién manda allí. El silencio, la cerrazón y la falta de transparencia son peculiaridades que podrían enfrentar al Puerto con la ciudadanía, que considera que el recinto portuario también es suyo. Resulta absurdo que un bien comunal sea hurtado a la utilización ciudadana por celos políticos, rencillas administrativas o intereses económicos.
Partitura y épica
Las entidades económico-empresariales tienen partitura y una épica. Cuando Teodoro Llorente Olivares, vate de la Renaixença, pronunció su célebre discurso de Elx, ya en su senectud, con el ánimo de hacer país se refería a un sueño: “En los puertos que se encontraba en su camino –por el País Valenciano– perfectamente servidos, había grandes flotas de buques mercantes…..Todo era movimiento fecundo, labor activa, prosperidad y bienestar”. En 1989 tuvo lugar la “Cumbre de Orihuela”, encuentro empresarial enfocado contra el president Joan Lerma del PSOE, para reivindicar las infraestructuras autonómicas. Ya entonces, los puertos de interés general –València con Gandía y Sagunt, Alicante y Castelló– se quedaron al margen como si no fuera con ellos la partitura conjunta de la economía valenciana. Ahora se trata de dilucidar quién manda en el Puerto de València: la APV dependiente de Puertos del Estado- ministerio de Fomento (Gobierno de España), o la Generalitat Valenciana mediatizada por el gobierno de Pedro Sánchez o el Ayuntamiento de València, autoridad competente en el ámbito municipal donde están enclavadas las instalaciones portuarias de la APV.
Responsabilidad empresarial
Las entidades económico-empresariales que tienen puestos de decisión en el consejo de administración de la APV han de tener en cuenta que no se sientan allí para defender sus intereses particulares ni de los representantes que envían. La Cámara de Comercio– que también lo es de Industria, Navegación y Turismo– o la patronal autonómica CEV tienen laa responsabilidad y el compromiso que trascienden a los privados de determinados empresarios con ánimo de lucro en las actividades y contratas de los puertos. La Cámara de Comercio es una institución que tiene funciones delegadas por la competencia plena de la Generalitat de la que depende y la CEV recibe subvenciones como partícipe de la Administración Institucional que financian más del 50% de sus gastos corrientes. Al tiempo que ostentan la representación del conjunto empresarial valenciano y no únicamente de unos pocos, por poderosos que sean.
Pulso
El Puerto de València levantó una verja metálica de aislamiento en 1908 que fue desmantelada casi cien años después, en 2003. En una actuación singular y modélica, a raíz de las dos ediciones de la Copa del América de Vela, se desmanteló la separación entre el recinto portuario del resto de la ciudad de València. La corporación municipal avanzó en la aproximación integral de la urdimbre urbana hacia la dársena histórica del Puerto. Aspiración extendida entre los habitantes de València y del Cabanyal, piezas fundamentales en el área metropolitana de València que permanecían bloqueadas en su apertura marítima. La consecución de esta meta se ha visto ensombrecida por los criterios discordantes entre la APV, el Ayuntamiento y la Generalitat (Conselleria de Medi Ambient), por la negativa a realizar un estudio de impacto medioambiental que dictamine las consecuencias que tendrá la ampliación norte del puerto sobre las playas, la Albufera, el Perelló y los poblados colindantes: Cabanyal, Pinedo, Natzaret y el Saler. La APV siempre ha actuado desde el convencimiento de que el puerto es una isla logística y estratégica de propiedad estatal. En su nombre quien ejerce la potestad es el ente autónomo Puertos del Estado que, alejado de la realidad ciudadana y del día a día, pretende imponer sus decisiones de acuerdo con sus intereses. Sin importarle la repercusión en el hinterland al que pertenece y del que depende.
Mar y barcas
Más allá de las competencias que en su día se reservó el Estado, el Puerto de València es patrimonio de todos los valencianos, más allá de los intereses corporativos de las empresas y organizaciones que conforman la comunidad portuaria. En la ciudad de València es consustancial la vinculación entre la urbe y su frente marítimo. La Generalitat está obligada a preservar la integridad del territorio de la Comunitat Valenciana, en cuya base sociológica e histórica la ciudad de València constituye la piedra angular, cuya notoriedad va más allá de las 800.000 almas que la habitan. ¿ Qué sería el Puerto sin València? ¿Qué haría la Generalitat sin la capital? La vinculación urbana puerto-ciudad se refleja en su callejero: calles del Mar o de las Barcas, avenida del Puerto -la más larga de València- o la denominación anterior a la de Blasco Ibáñez que se denominó paseo de València al Mar. No es cierto que la ciudad haya vivido de espaldas al mar y mucho menos su economía ni sus múltiples ramificaciones comerciales.
Hechizo
El acuerdo entre las instituciones en 2003 marcó un antes y un después. Ahora el ministerio de Fomento –utilizando al ministerio de Hacienda–, del que depende la APV, pretende revertirlo para recuperar espacios e instalaciones que se han dedican al disfrute de los ciudadanos. ¿Si era legal, por qué no se exigió desde 2003 hasta hoy? La entente entre Gobierno español, Generalitat y Ayuntamiento permitió que el Puerto de València adquiriera la autonomía de facto como espacio de libre uso ciudadano, del que pudieran disfrutar las próximas generaciones. Peligra el hechizo de que València en su puerto, el Gobierno español y la Generalitat, consoliden la excepción de que, mediante un consorcio con tres socios, confluya en la desembocadura del río Turia adentrándose por la frontera marítima en el Mediterráneo. Ninguna ciudad con puerto de España lo tiene y raro sería que se le permitiera a València. La política y los intereses económicos se alían para romper el encanto.
APV: juez y parte
La sorpresa llegó con el aviso de la secretaría de Estado de Hacienda, que en septiembre de 2022 anunció que el Gobierno español se salía, como tal, del Consorcio, el 1 de noviembre. La confirmación vino envuelta en los Presupuestos del Estado, los que aprobó Joan Baldoví, donde no se incluía partida alguna para atender el compromiso que había roto unilateralmente el Gobierno de Pedro Sánchez, sin prever el desenlace. Informalmente la herencia competencial pasaría a la Autoridad Portuaria de València, que depende del ministerio de Fomento. La Administración central del Estado no cumple ni liquida la deuda del Consorcio, del que forma parte desde 2003. Pretende que la asuman los otros dos participantes y que sus competencias consorciadas las asuma la APV. La Autoridad Portuaria ya tiene reservado el veto a cualquier decisión que se tome sobre las actividades a desarrollar en el ámbito portuario cedido. En ese escenario y con estas pretensiones, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, nombrado por el presidente de la Generalitat Ximo Puig, se permite elucubrar sobre si sería prevaricar la pretensión de solicitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que contemple las modificaciones introducidas en el proyecto de la nueva terminal de la ampliación norte del Puerto. La APV ha reclamado a La Marina tasas anuales por importe de 1.800.000 euros , por los terrenos no utilizados, como si el Consorcio de naturaleza pública fuera una empresa privada. Este requerimiento ha supuesto la devolución de los terrenos a la APV para que haga en su superficie cuanto considere oportuno.
Aislarse
El Puerto de València no constituye una isla donde se halla ubicado: poblados marítimos, ciudad, litoral próximo, Comunidad Valenciana, periferia española. Por ser competencia del Estado central no puede olvidar que pertenece al espacio de vida en común que lo retroalimenta y le proporciona su razón de ser. El Gobierno español, celoso con la reserva de su competencia, no debería originar un conflicto entre administraciones que nunca comprenderán los electores-contribuyentes. Ni mezclar conflictos económicos y políticos con privilegios empresariales y pruritos personales que se mueven en el linde de la ambición. José María Boquera Oliver, ex delegado del Gobierno y presidente del Puerto Autónomo de València (1978-1984)–cuando lo fue–, catedrático de Derecho Administrativo, afirmaba que “ el puerto necesita vivir en armonía con el municipio en el que se encuentra”. Añadía que la competencia entre puertos depende de tres factores: “su localización, los servicios que presta y su prestigio (creo que esto último se llama imagen)” Las rencillas y las diferencias motivadas por cuestiones turbias e inconfesables no contribuyen al prestigio ni a la imagen que precisa el Puerto de València para ser competitivo.