Mientras trataba de ordenar hace unos días mi dispersa biblioteca rencontré un pequeño librito de título similar al de este artículo (Value, price and profit, en su versión original), medio camuflado en la colección de manuales de ajedrez que la editorial madrileña Ricardo Aguilera publicó en 1968, aprovechando el estrecho margen que permitía la Ley de Prensa impulsada por Fraga en su fallida estrategia aperturista.
Se trata del primer texto de Marx editado legalmente en la España franquista y reproduce el informe que el autor presentó, en junio de 1865, al Consejo de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) reunido en Londres, en el que incluye un avance de su teoría del valor-trabajo y polemiza sobre las relaciones cruzadas y asimétricas entre salario, precio y ganancias, que de nuevo ahora, más de 150 años después, han recuperado centralidad en el debate social sobre las causas y efectos de la crisis económica.
En síntesis, lo que planteaba entonces Marx es que no eran los aumentos salariales los que provocaban el crecimiento de los precios, como decían los economistas clásicos, sino al revés y que dicho discurso respondía a una estrategia ideológica para proteger las rentas del capital y devaluar las de los trabajadores.
Se trata de reflexiones que adquieren de nuevo ahora una significativa actualidad en un escenario caracterizado, para el caso español, por una importante resiliencia económica y reforma laboral que chocan con la persistente desigualdad salarial generada por el desmesurado incremento de los beneficios empresariales.
Crisis económica, reforma laboral y escudo social
Tras enlazar dos crisis consecutivas provocadas por factores externos (COVID, guerra en Ucrania) y cuando apenas se iniciaba la recuperación de la debacle financiera y social anterior, la gestión de gobierno español ha situado a nuestro país -pese al obstruccionismo catastrofista de la oposición- entre los que mejores indicadores macroeconómicos acreditan en el contexto europeo: mayor aumento del PIB (+5,5%) y menor inflación interanual (5,8%, 3,5 puntos por debajo de la media comunitaria) a finales de 2022, así como buenas perspectivas de recuperación, como acredita el último informe del Fondo Monetario Internacional, según el cual nuestro país liderará el crecimiento económico de la Eurozona en los próximos dos años.
Con todo, es en el ámbito del mercado de trabajo y la protección social donde más claras resultan las diferencias con el modelo de gestión impuesto por la derecha política y económica durante la anterior recesión (precariedad, recortes, privatizaciones…).
Por primera vez en más de cuatro décadas, una severa crisis económica no ha provocado la devastación del empleo, sino que este acumula importantes mejoras tanto cuantitativas (20.463.900 ocupados a finales de 2022, el mayor registro de los últimos 15 años) como cualitativas (aumento de los contratos indefinidos tras la reforma laboral y descenso en siete puntos porcentuales de la temporalidad hasta situarse en el 17,9%, según la última EPA), mientras que el paro se mantiene en torno a los tres millones de desempleados (12,8% sobre el total de la población activa), la mitad de los existentes en 2013.
Por su parte, las medidas impulsadas por el Gobierno en materia de protección social, primero durante la pandemia y ahora para hacer frente a los efectos de la guerra, han resultado especialmente eficaces: desde los ERTE que defendieron el empleo y los salarios de 3,5 millones de trabajadores en los momentos más duros de la crisis y evitaron que 710.000 personas cayeran en la pobreza, hasta el Ingreso Mínimo Vital (1,5 millones de perceptores), el Bono Social Eléctrico (1,3 millones de beneficiarios), entre otras ayudas a colectivos vulnerables, o la revalorización de las pensiones y del salario mínimo en proporciones prácticamente idénticas (8-8,5%) a las registradas por la inflación media de 2022 y que afectan a 11,8 y 2,5 millones de ciudadanos, respectivamente.
Salarios, convenios e intervención sindical
Especialmente importante resulta, en términos tanto reales como simbólicos, el último acuerdo sobre el SMI entre el Gobierno y los sindicatos CC.OO. y UGT, que lo sitúa en 1080 euros mensuales en 14 pagas, equivalente de hecho al 60% del salario medio de nuestro país, tal y como recomendaba la Carta Social Europea, lo que supone un incremento acumulado del 47% en los cuatro años del gobierno presidido por Pedro Sánchez, mientras que durante los ocho de Aznar y Rajoy los incrementos fueron sólo del 18 y del 15 por cien.
La patronal CEOE se ha negado a participar en las negociaciones del SMI (“no es el momento”), incumpliendo la Directiva Europea sobre la materia, bloqueando las propuestas para un pacto de rentas que establezca un reparto justo de los costes de la crisis, al tiempo que limita los incrementos salariales en los convenios colectivos (2,8% de media en los más de 3.000 suscritos en 2022, que afectan a casi un millón de empresas), con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para nueve millones de trabajadores (seis puntos por debajo de la inflación media), retrotrayendo en una década el poder de compra real de los salarios, lo que contrasta con los aumentos pactados en los principales países de nuestro entorno: Alemania (+6,3%), Inglaterra (+6,1%), Francia (+4,8%).
Pese a la resistencia empresarial, la intervención de los sindicatos en la negociación colectiva, especialmente en las empresas y sectores dónde está más consolidada, habría conseguido mejoras salariales por encima de la media, poniendo en valor la eficacia de la función sindical.
En estas circunstancias cobra actualidad la propuesta de recuperar las negociaciones para un gran “pacto de rentas”, interrumpidas a comienzos del verano pasado cuando la inflación llegaba al 10,2% y la CEOE rechazó incluir cláusulas de revisión salarial en los convenios. Se trataría ahora de alcanzar un acuerdo que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios, vinculando los incrementos resultantes (entre el 4 y el 3,5 por cien para los dos próximos años, según proponen los sindicatos) tanto a la inflación como a los beneficios empresariales, con el objetivo de recuperar los equilibrios perdidos y garantizar un reparto equitativo de los costes de la crisis.
Causas y efectos desiguales de la inflación
La negativa empresarial a dicho acuerdo ha hecho recaer el coste de la inflación en los trabajadores, mientras que las estadísticas sobre los beneficios empresariales registran un fuerte crecimiento de los mismos.
Un informe de la Central de Balances del Banco de España constata que los beneficios de las empresas crecieron, hasta octubre del pasado año, tres veces más que los salarios, trasladando el encarecimiento de los costes a los precios de venta y aprovechando su poder de mercado para acrecentar sus márgenes, alimentando una escalada de la inflación que debilita el poder de compra de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, lo que no sólo resulta injusto sino que constituye un factor de deterioro a medio plazo de la economía.
Aunque inicialmente el aumento de los precios se debía en gran parte a la subida espectacular de los costes energéticos provocada por la guerra de Ucrania, el exitoso “mecanismo ibérico” impulsado por el Gobierno habría conseguido una notable reducción de los mismos, poniendo de manifiesto que son los altos beneficios empresariales los que estarían retroalimentando la espiral inflacionaria, siendo responsables del 92,5% del aumento del IPC, mientras que los salarios apenas han contribuido al 7% de su cómputo final, lo que impugna empíricamente el tradicional relato de la patronal y sus terminales mediáticas y académicas.
Todo lo cual actualiza la vieja tesis marxista a la que aludíamos al principio y que -ironías de la historia!- parece confirmar retrospectivamente un exhaustivo estudio publicado por el FMI que, tras analizar las crisis económicas registradas entre 1960 y 2020 en una treintena de países, concluye que “las espirales salarios/precios son difíciles de encontrar en la historia reciente” (sic) y tampoco parece haber una correlación inversa entre los cambios en los salarios, los precios y el desempleo.
Mientras los márgenes empresariales han contribuido claramente al crecimiento de la inflación, los salarios han jugado el papel contrario con un efecto moderador sobre la subida de precios. Si España ha conjurado el riesgo de una espiral inflacionaria durante el pasado año, ha sido en buena parte por el comportamiento de los salarios y el sacrificio de los trabajadores.
Porque si desiguales resultan las causas desencadenantes de la inflación más aún lo son sus efectos, cuya distribución va por barrios, por decirlo coloquialmente, afectando sobre todo a los más vulnerables. Según el último informe de Oxfam-Intermon, entre enero y noviembre de 2022 la inflación redujo el poder de compra de los hogares en peor situación un 26% más que el de aquellos con mayores ingresos. Y es que las familias con menor renta invierten un porcentaje más alto de sus ingresos en productos básicos (alimentación, electricidad, alquiler, transporte) por lo que sus economías son las que más sufren, de manera que la actual crisis inflacionaria es también, y sobre todo, una crisis de desigualdad que es justo y necesario revertir.