La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic se concentra contra la aprobación de la ley de “libertad educativa”

Ante este escenario de “retroceso”, la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic se ha concentrado en la tarde del jueves ante el Palau de la Generalitat junto con la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad para expresar el rechazo a una ley que “solo pretende arrinconar el valenciano en la enseñanza”. La ley aprobada en las Corts Valencianes, “lo único que pretende es minimizar la enseñanza en valenciano y arrinconarla a la mínima expresión en los centros educativos”.

Los motivos que esgrime la coordinadora son que, con esta ley, “se prohíbe” el uso vehicular del valenciano en las comarcas con predominio lingüístico castellano, se “fomenta” la exención de la asignatura de valenciano en las comarcas de predominio lingüístico castellano y la elección en cada grupo de cuál será la lengua mayoritaria: “Esto rompe el trabajo pedagógico en los ciclos, puesto que puede haber cursos con lenguas base diferentes dentro de un mismo ciclo, hecho que, además, dificulta la aplicación del banco de libros”.

Además, sostienen, la elección de la lengua base “no depende de criterios sociolingüísticos ni pedagógicos, ni del interés del alumnado”. Los consejos escolares de los centros “no opinan en esta cuestión”. “Los centros que no logren los porcentajes necesarios no tendrán la enseñanza en la lengua elegida por las familias. No hay, por lo tanto, 'libertad de elección'”, aseguran desde la plataforma.

Esta ley, advierten, también lleva incluida la eliminación del requisito de capacitación lingüística con el C1 de valenciano para el profesorado de las enseñanzas de régimen especial (FP y Artísticos) de las Escuelas Oficiales de Idiomas; se establecen certificaciones de niveles de valenciano, según los cursos, para aprobar la materia, “como si los centros educativos estuvieran pensados para certificar idiomas”. Aun así, prosiguen, se prohíben los planes experimentales que permitían incrementar el uso vehicular en valenciano y se sustituyen para incrementarlos en inglés: “Por lo tanto, no hay ninguna medida de discriminación positiva hacia el valenciano para revertir la situación de minorización lingüística”.

En la concentración, también se ha protestado por los recortes de profesorado en las aulas públicas, de las aulas y profesorado de varias lenguas en las escuelas oficiales de idiomas, y de las más de 200 unidades en infantil y primaria, “unos recortes que han ido acompañados de una admisión de alumnado segregadora y discriminatoria, la falta de recursos a la inclusión, un transporte escolar deficiente o la paralización del Plan Edificant”. “Problemas generados por el actual gobierno de la Generalitat, que en un año han ocasionado retrocesos en derechos educativos, y en detrimento de la educación pública”, concluyen.