Podemos en la Comunidad Valenciana tiene un problema con la selección de personal. Al menos así lo ponen de manifiesto sus procesos internos. Con la investigación de las primarias en la ciudad de Valencia abierta estos días, son ya tres los escándalos por fraude que se han detectado en esta formación en los dos principales núcelos urbanos del territorio: las ciudades de Alicante y Valencia.
La secretaría de Organización que dirige Pablo Echenique acaba de abrir una investigación al detectar “irregularidades importantes” en la votación del secretario general en la capital valenciana. Un proceso en el que participaron cerca de 1.200 personas y en el que un millar lo hizo por vía telemática. La dirección no aclara qué se está investigando, si la votación o si los candidatos, aunque estos aseguran que no han recibido ninguna notificación, que sería lo habitual si fueran ellos el objeto de duda. Fuentes de la formación indican que ha habido reuniones entre la dirección autonómica, con el secretario general Antonio Estañ a la cabeza, y los responsables de la secretaría de Organización que coordina Pablo Echenique.
Según han informado a este diario, de contabilizar las papeletas se encarga la dirección valenciana, mientras que la estatal controla el proceso telemático que lleva a cabo una empresa. Desde el departamento de Organización autonómico emitieron este martes un comunicado en el que se señala que es la empresa que gestiona la votación la que ha detectado irregularidades y aconsejado “comprobaciones extra”. En su comunicado, la formación morada valenciana habla de “anomalías”, e “incidencias” y asegura que el proceso de comprobación es frecuente -existe un protocolo antifraude en todos los procedimientos internos- mientras que el equipo de Echenique habla de “graves irregularidades”. En el mismo texto, el partido morado explica que “en la mayoría de los casos estas anomalías se han resuelto favorablemente ”.
Sin embargo, en esta formación ya hay antecedentes de manipulación de los procesos de participación internos que fueron especialmente llamativos. El primero, por orden cronológico, fue el pucherazo en Alicante. La Comisión de Garantías Democráticas estatal determinó que el entonces líder, Jesús Bustos, y su entorno más cercano manipularon el censo electoral para conseguir la victoria. El expediente se saldó con la suspensión de militancia de diez miembros de la ejecutiva y su inhabilitación, además de con la expulsión de Covadonga Peremarch del partido y el grupo parlamentario por inscribir a menores en el censo e intentar desacreditar a compañeros desde cuentas falsas en redes sociales. La diputada se negó a abandonar el escaño, fue expulsada del partido por decisión del Consejo Ciudadano y se convirtió en la primera tránsfuga de las Corts Valencianes.
El segundo caso tenía un toque más típico de un telefilm o novela de ficción. Teléfonos rusos, facturas manipuladas y listados de la Junta de Andalucía fue el trío elegido para manipular la votación telemática que escogió a la cúpula de la plataforma que representa a Podemos en Valencia. València en Comú -una alianza electoral que ya se da por muerta- denunció este fraude en el juzgado para depurar responsabilidades penales. El fiscal pide dos años de cárcel y 3.000 euros de multa para los cinco acusados de inscribir con facturas manipuladas a votantes ficticios en una consulta electoral. Según el escrito del fiscal, uno de los acusados, informático de profesión, procedió a registrar a 83 votantes ficticios con las facturas manipuladas y las cuentas de correo electrónico creadas expresamente con tal fin. Un día después se hizo la votación, cuyos resultados no se hicieron públicos al haberse detectado “la manipulación fraudulenta”. Se les acusa de delito continuado de falsedad en documento mercantil. La formación morada ha ido expulsando a los responsables de los hechos cuando han ido saltando los escándalos. Por el momento, la elección del líder en Valencia sigue en el aire y crece la tensión. A este proceso se presentaron el diputado provincial Roberto Jaramillo; el actual líder, Jaime Paulino, y la activista Consuelo Poveda,