El Gobierno de Carlos Mazón reconoce que su plan para construir 10.000 viviendas públicas depende de que los ayuntamientos cedan suelo a la Generalitat Valenciana y ésta suscriba acuerdos con empresas privadas. Más de 7.000 de las viviendas prometidas dependen de los solares de titularidad municipal, que serán evaluados por la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (Evha), mientras las 3.000 restantes corresponden a proyectos heredados del Gobierno del Botánico, con las viviendas del barrio de La Torre, en València, como principal exponente.
La Conselleria de Vivienda que dirige Susana Camarero confirma que “las actuaciones y los suelos dependen de aquellos ayuntamientos que hayan formalizado su adhesión al convenio marco”. En una respuesta parlamentaria a la diputada socialista María José Salvador, la conselleria limita las acciones a promover un convenio con los municipios valencianos para que cedan terreno. Así, se reconoce que no hay intención de efectuar obras de manera directa.
La diputada socialista, responsable de Vivienda en el Consell del Pacte del Botànic, ha registrado más de un millar de preguntas -dos por municipio- para conocer en qué suelo pretende el Ejecutivo autonómico proyectar las viviendas prometidas. La respuesta que ha recibido en todos los casos es la misma, seguida de la recomendación de acudir al visor cartográfico para comprobar el suelo disponible.
El Plan Vive, presentado por Mazón el pasado 2 de abril, reciclaba la promoción de 3.000 viviendas del anterior Ejecutivo, financiadas con fondos europeos y con ayuda del Ministerio de Vivienda -antes, Transportes e Infraestructuras- y encomendaba las restantes a la gestión público-privada. En concreto, establece el concurso de derechos de superficie o concesión administrativa destinado a desarrollar por el sector privado promociones para alquiler asequible por un período determinado.
También se prevén las permutas de suelo/inmuebles que permiten concursos para promoción de vivienda protegida sobre suelo público y la entrega a la Administración de viviendas para fines sociales, entre otros. Por esta vía, que debería contar con financiación privada según el plan, aspiran a construir 6.000 viviendas. Asimismo, se desarrollarán 1.100 viviendas resultantes de permutas a cambio de obra sobre suelo público.
El convenio, al que se han suscrito casi medio centenar de localidades, entre ellas la ciudad de Valencia, con graves problemas de vivienda, implica dos cuestiones para los municipios: ceder el suelo disponible a la Evha y facilitar la tramitación de las autorizaciones y licencias urbanísticas para agilizar los trámites. Una vez recibida la información, la entidad pública de vivienda, dependiente de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, “realizará una evaluación de las parcelas y contactará con los ayuntamientos a efectos de concretar, en su caso, todos los aspectos relacionados con el régimen de cesión, régimen económico, destino de estas, plazos, gastos, y procedimiento de contratación, que se concretarán en el correspondiente convenio específico y de cesión que se subscribirá con el ayuntamiento”. Ni en el convenio ni en el plan se detallan más cuestiones sobre cómo y cuándo se financiarán las viviendas.
La Comunitat Valenciana ha rechazado aplicas las medidas previstas en la ley estatal de vivienda, tales declarar zonas tensionadas o limitar los precios del alquiler. Hasta el momento, la política de vivienda se ha limitado a una rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Los precios de vivienda nueva, de segunda mano o en alquiler no han dejado de crecer en el último lustro, llegando este año a valores similares a los de la burbuja inmobiliaria. En el caso del alquiler, el precio por metro cuadrado en la ciudad de Valencia duplica al marcado en el índice de referencia del ministerio.