“Ha existido y existe un gran problema de insuficiencia global, pues no se han podido mantener las coberturas de los niveles reales de prestación de servicios a los que aspiraba el acuerdo”. La llamada España periférica ha comenzado a organizarse para reivindicar una financiación acorde a sus necesidades poblacionales. El presidente de la comunidad autónoma peor financiada, el socialista valenciano Ximo Puig, ha sellado este martes una alianza con el dirigente de la tercera autonomía que menos recursos recibe del Estado, el popular andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. El acuerdo trasciende las siglas de los dos principales partidos con representación en el Congreso de los Diputados, condenados a entenderse en la votación si desean modificar el sistema, y suma a dos territorios que implican a una tercera parte de la población del Estado español. Ambos presidentes, además, están al frente de gobiernos de coalición: Puig con Compromís y Unides Podem y Moreno con Ciudadanos.
En un momento en el que la rivalidad entre las fuerzas políticas predomina y contamina el ambiente, los dirigentes de la tercera y cuarta economía del país han firmado este martes en Sevilla un acuerdo que exige al Gobierno central cambiar el reparto de fondos y establecer mecanismos compensatorios a las comunidades infrafinanciadas. Puig y Moreno Bonilla reivindican un trato financiero justo, que permita a los habitantes de cada territorio tener sus necesidades básicas cubiertas, según los principios del Estado de Bienestar, que tiene parte de sus competencias cedidas a las comunidades autónomas. Pero la cumbre de los dirigentes populares y socialistas, acompañados por sus consejeros de Hacienda, va más allá: ambos exigen que en el Estado autonómico las autonomías tengan más peso. “Lo que queremos es que el conjunto de las comunidades autónomas tengan un peso más relevante en la idea de España, también desde la perspectiva de la financiación”, enunciaba Puig al finalizar la reunión en Sevilla.
El presidente socialista ha definido el encuentro como una “alianza de cooperación en aquello que nos une, no un frente” en el que ambos dirigentes trabajan “pensando en el interés general”, mientras que el presidente popular ha incidido en la conveniencia del “diálogo” como “el instrumento más poderoso que tenemos hoy en día los responsables políticos”. En este acuerdo, subrayan “no se va contra nadie, sino a favor de mejorar, de generar bienestar, progreso en los territorios” de ambas comunidades y “en el conjunto de la nación”.
El problema de la financiación autonómica, como han expuesto sus consejeros hasta la saciedad, no radica solo en un reparto de recursos desigual entre territorios, sino en la llamada “asimetría vertical”: el Estado, la Administración central, acumula más fondos de los que necesita para desarrollar sus competencias, mientras que la administración autonómica -la otra rama del Estado- con competencias en educación, sanidad y servicios sociales, recibe menos recursos de los que requiere para prestar los servicios públicos básicos a los ciudadanos. En la declaración conjunta los dirigentes señalan que la capacidad de las comunidades de régimen común para decidir sobre el nivel de sus ingresos se encuentra limitada porque carecen de capacidad normativa en la imposición indirecta y de capacidad de gestión de los grandes impuestos en los que participan.
Los dirigentes autonómicos encuentran respaldo para su reivindicación en los informes de expertos que acreditan que el sistema perjudica a ambas comunidades. El último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) revela que la diferencia entre la comunidad peor financiada -la valenciana- y la mejor financiada en el régimen común -Cantabria- es de 702 euros por habitante.
Pocas horas después de suscribir el acuerdo, su homólogo y antagonista aragonés, Javier Lambán, anunciaba la reactivación de un foro con Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias para acordar una postura conjunta en este debate. “Con estas comunidades ya constituimos un foro de trabajo y en septiembre de 2018 promovimos la llamada declaración de Zaragoza, donde fijabamos una posición muy concreta sobre el modelo de financiación al que aspiramos que tiene mucho que ver con la lucha de la despoblación”, ha expresado el socialista aragonés. En la misma línea se ha mostrado Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, que ha indicado que va a trabajar “muy duro” y de la mano de “muchos presidentes autonómicos” para unir fuerzas de cara a exigir la “redefinición” del escenario de financiación autonómica. Mientras, el Ministerio de Hacienda aplaza de forma reiterada los encuentros para abordar la reforma. La próxima cita se abordará en noviembre, según las últimas previsiones.