La elección del sucesor de Joan Llinares al frente de la Agencia Antifraude sigue generando conflicto entre los partidos políticos y, ahora también, las asociaciones sociales. Acción Cívica contra la Corrupción, unos de los colectivos valencianos en esta materia, ha presentado este martes un escrito a las Corts Valencianes cuestionando la capacidad de la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (AEGAP) de presentar un candidato para Antifraude.
Esta segunda entidad, presididida por una militante del PP, es el organismo que ha presentado a Eduardo Beut, que fue director de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana, como candidato para el organismo, mientras que otras tres entidades reclaman que sea el actual número dos de Antifraude, el letrado Gustavo Segura. Beut, también expresidente de Fecoval, la patronal de los contratistas de obra pública, ha sido cuestionado por PSPV y Compromís por su cercanía al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.
Los grupos de la oposición señalan que Beut, que entabló amistad con el expresidente y su entorno, ha tenido algunos negocios en común con el exjefe de gabinete de Zaplana, imputado en el caso Erial, una causa en la que la Agencia ha realizado pruebas periciales. Para socialistas y valencianistas esta cuestión lo hace incompatible con el cargo y consideran que enmascara una maniobra del PP para hacerse con el control de la Agencia. Los populares se han desvinculado de la decisión de la asociación, mientras que Vox plantea que Antifraude debería reformularse o desaparecer.
En medio de este embrollo, la asociación de lucha contra la corrupción ha pedido a las Corts Valencianes conocer los avales de la asociación de gestores. Dudan que sea un organismo valenciano y que haya trabajado contra el fraude y la corrupción, dos de los requisitos que fija la ley para proponer candidatos. La asociación que preside Antonio Penadés considera que AEGAP “no parece que sea una organización social ni que trabaje contra el fraude en la Comunitat Valenciana”.
La elección del director de la Agencia Antifraude corresponde a las Corts Valencianes, por mayoría de tres quintas partes (60 diputados). Esta mayoría cualificada implica un pacto entre los bloques de izquierda y derecha, o al menos del PP con el PSPV, que suman 71 de 99 diputados. Los socialistas no quieren pactar nada si la ultraderecha forma parte del paquete.